Chihuahua, Chih.- El rancho El Saucito, en el municipio de Balleza, en el que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino el martes para tratar demoler obras hidráulicas señaladas cómo ilegales, tiene ocho años asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de los procesos penales que inició la pasada administración contra César Duarte Jáquez por el delito de peculado, por el cual aún está a la espera del juicio.

La propiedad, de 4 mil 300 hectáreas, fue asegurada junto con otros dos inmuebles del exgobernador Duarte, por la Fiscalía el 2 de abril de 2017. Según la información difundida en ese momento, fueron revisadas una vivienda y una casa-oficina en la ciudad de Parral, así como el rancho.

El 30 de agosto de 2018, la FGE fue notificada de la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito en el que se le negó, en definitiva, un amparo a César Duarte, en contra del aseguramiento del rancho “El Saucito” y la casa-oficina ubicada en la ciudad de Parral.

Ayer Calos Mendoza, el abogado representante de César Duarte, dijo que el bien sigue asegurado por la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el director local de la Comisión Nacional del Agua, Román Alcaraz, explicó que el inmueble está en condiciones de abandono, ya que incluso señaló que hay alrededor de 100 vacas que se están muriendo de hambre.

En lo que respecta a las acciones de la Conagua, la instancia federal tardó cinco años en actuar para destruir los cuatro presones y una presa localizados en el rancho, donde estaban almacenados 700 mil metros cúbicos de agua.

Según explicó Román Alcaraz, las construcciones fueron detectadas en 2016, pero fue hasta 2020 que agotaron los recursos legales que impedían la acción federal para liberar el cauce, sin embargo, no dio a conocer los motivos por los cuales en cinco años no hubo una actuación.

El anuncio de la intervención en el rancho fue hecho en la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República. El director General de la Conagua, Efraín Morales, precisó que la destrucción de estas instalaciones fue en cumplimiento de una orden administrativa.

Indicó que el lunes notificaron al exmandatario que serían destruidos cuatro presones y una presa, pero una jueza federal otorgó una suspensión provisional, por lo que decidieron detener las obras.

Morales, declaró que actuarán de manera legal contra las personas que resulten responsables de haber autorizado la construcción de los presones y el pozo en la propiedad de César Duarte. Precisó que estas acciones forman parte de los resultados de la revisión de las concesiones para el aprovechamiento del agua.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enfatizó que están en proceso de poner en orden las concesiones y destacó que estos presones están en la cuenca que forma parte de los afluentes que aportan al pago del Tratado de Agua con los Estados Unidos.

Por su parte Román Alcaraz, explicó horas más tarde que las acciones realizadas ayer en el rancho no fueron un cateo, sino un acto administrativo, ya que no había permisos para la infraestructura que tenía el exgobernador.

Mencionó que desde 2016 detectaron la existencia de los presones en el rancho, por lo que fue iniciado el proceso administrativo y fue aplicada una multa de 1.5 millones de pesos en 2019, pero el exmandatario recurrió a amparo, lo que retrasó el proceso hasta 2020 y fue hasta este año que finalmente realizaron la intervención.

Expuso que la presencia en el rancho estuvo limitada al área federal, ya que los presones estaban sobre un cauce de paso de agua y apuntó que no concretaron la orden administrativa, debido a que el personal de la Conagua fue informado de que existía una suspensión provisional, por lo que cumplirán con los plazos legales, ya que el tres de junio será realizada la audiencia incidental.

Deslinde del amparo

Carlos Mendoza, representante legal del exgobernador, César Duarte, dio a conocer a través de un comunicado que el amparo que impidió que la Conagua concluyera con la demolición de presones en el rancho de su cliente no fue promovido por ellos, sino por terceros que se benefician de la acumulación del líquido.

Agregó que en las acciones de la Conagua fue derrumbada una barda de mampostería que tenía más de 40 años, la cual no era ilegal.

Dijo que ante la notificación de las acciones que serían realizadas, informó al personal de la Comisión que no tenía la posesión del rancho El Saucito. “Por estar ilegalmente asegurado, de tal manera que respetuosamente consideramos que la notificación era irrelevante”, expuso.

“Tenemos conocimiento cierto de que se interpuso un amparo por medio del cual una juez de distrito otorgó la suspensión provisional del acto que se pretendía realizar en el rancho. Dicho amparo no fue promovido por un servidor, ni por mi cliente, sino que, hasta donde sabemos, un grupo de ejidatarios de un ejido avecindado al rancho, así como un grupo de hermanos indígenas que suelen aprovechar para consumo de su ganado y para su uso humano las aguas que corren por el rancho El Saucito, siendo ellos quienes promovieron dicho amparo y a quienes se les otorgó la suspensión y aun así dicha disposición fue flagrantemente violada en perjuicio de ellos”, mencionó.

“Lamentamos enormemente la desinformación que equívocamente le fue otorgada a la Presidenta de la República”, concluyó. [email protected]