La situación de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Chihuahua continúa marcada por graves violaciones a los derechos humanos, especialmente hacia personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, población indígena, personas con VIH, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas con adicciones, así lo revelan informes recientes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Diagnóstico sobre la situación de mujeres en los CERESOS del estado, publicado por la CEDH en 2024, documentó que el 80 por ciento de las mujeres entrevistadas reportó haber vivido algún tipo de violencia antes de su ingreso, incluidas violencias de género desde la infancia.

Entre las 474 mujeres evaluadas, más de 180 presentaban condiciones de vulnerabilidad, como maternidad (algunas con hijas o hijos viviendo dentro del penal), enfermedad crónica, pertenencia a pueblos originarios, discapacidad o edad avanzada. La CEDH concluyó que muchos de estos casos no están recibiendo una atención diferenciada que garantice sus derechos humanos.

En su Diagnóstico Penitenciario Varonil 2023, la CEDH reportó que 31 por ciento de la población penitenciaria masculina presenta condiciones de vulnerabilidad, entre ellas discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, VIH, adicciones y edad avanzada.

El informe identificó además 98 personas que se autodefinen como LGBTTTIQ+, muchas de las cuales no cuentan con protocolos específicos que garanticen su seguridad y protección ante actos de discriminación.

A estos hallazgos se suman las 47 quejas registradas en 2024 por la CEDH sobre violaciones a la dignidad humana en los CERESOS del estado, incluidas muertes bajo custodia en Aquiles Serdán y múltiples denuncias provenientes del CERESO-3 de Ciudad Juárez.

Entre las anomalías reportadas destacan falta de atención médica oportuna, insuficiencia de personal, deficiencias en vigilancia, fallas en servicios sanitarios y ausencia de mecanismos efectivos para la presentación de quejas.

Apenas en fechas recientes se instalaron buzones especiales dentro de los centros penitenciarios para que las personas privadas de libertad puedan denunciar abusos de manera directa.

La CNDH, en su más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, otorgó a los CERESOS evaluados de Chihuahua una calificación promedio de 7.19, por debajo de años anteriores y con diferencias significativas entre centros: mientras el CERESO Femenil No. 1 obtuvo 8.03, el CERESO-3 de Ciudad Juárez alcanzó apenas 6.58, reflejando la complejidad y gravedad de su situación.

Uno de los casos más graves registrados en los últimos años es el motín del 1 de enero de 2023 en el CERESO No. 3 de Ciudad Juárez, por el cual la CNDH emitió la Recomendación 132/2023. En ella se establece que actos y omisiones de las autoridades penitenciarias contribuyeron a un episodio de violencia que dejó al menos siete personas fallecidas y decenas de lesionadas. La Comisión concluyó que se vulneraron derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la seguridad jurídica. Tras este hecho, el organismo emitió medidas cautelares para proteger a personas privadas de la libertad, custodios y visitantes, ante el riesgo de nuevos episodios de violencia.

Los organismos de derechos humanos coinciden en que estos problemas no solo vulneran a la población penitenciaria en general, sino que tienen un impacto desproporcionado sobre quienes ya enfrentan condiciones de desventaja. Personas con VIH que no reciben tratamiento adecuado, personas indígenas sin acceso a intérpretes o programas culturalmente pertinentes, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ expuestos a discriminación, o adultos mayores que no cuentan con cuidados específicos, representan solo algunos ejemplos de cómo la vulnerabilidad se agrava dentro del sistema penitenciario.

Si bien se han realizado esfuerzos institucionales para mejorar la situación —como la instalación de buzones de quejas, mesas de supervisión y recomendaciones dirigidas a los centros penitenciarios— los informes de la CEDH y la CNDH indican que las acciones correctivas han sido insuficientes para resolver problemas de fondo.

Ambos organismos insisten en la necesidad de adoptar políticas penitenciarias con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, así como asignar mayores recursos para atender las necesidades específicas de cada población.