Ciudad Juárez– Un tribunal especializado autorizó la suspensión condicional del proceso a L. G., adolescente de 13 años vinculada como presunta responsable de homicidio en grado de tentativa contra una madre de familia en el municipio de Delicias.

“La jueza otorgó la suspensión condicional del proceso, sujeta a cumplimiento de condiciones, incluyendo reparación del daño y tratamiento psicológico, bajo supervisión y vigilancia de la autoridad correspondiente”, indicó ayer Israel González, enlace de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y quien agregó que la menor quedó a disposición de su familia.

La víctima, sin embargo, consideró como injusta esta determinación, por lo que “debería haber una reforma al Código Penal para que en situaciones de este tipo no queden en libertad”, y recalcó que la atacante “nunca tuvo intención” de cesar el ilícito.

Luego de haber sido vinculada a proceso por homicidio en grado de tentativa, la adolescente del municipio de Delicias procesada en Ciudad Juárez recibió una salida alterna que le permitió quedar a disposición de su familia, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.

“Solicitaron una salida alterna mediante suspensión condicional del proceso conforme al artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó ayer Israel González, enlace de comunicación social de dicho poder.

“La jueza otorgó la suspensión condicional del proceso, sujeta a cumplimiento de condiciones, incluyendo reparación del daño y tratamiento psicológico, bajo supervisión y vigilancia de la autoridad correspondiente”, agregó.

De iniciales L. G. y 13 años de edad, la menor fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Centro, pero enviada el 11 de septiembre al Hospital Civil Libertad de Juárez con el fin de garantizar su presencia en el proceso penal y debido a que, por no tener la edad mínima de 14 años, no podría haber sido ingresada en algún Centro Especializado de Reinserción Social para Adolescentes.

González agregó ayer que, también por la edad, las medidas de vigilancia adoptadas y el periodo que deben durar no podrían ser difundidos por esa autoridad.

Información extraoficial obtenida por este medio indica, sin embargo, que el plazo para tal supervisión será de 12 meses.

El delito, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), ocurrió la mañana del martes 9 de septiembre en el interior de la Escuela Secundaria Técnica 52, del citado municipio del sur del estado, donde L. G. presuntamente agredió en varias ocasiones a una madre de familia que estaba en el área de sanitarios del plantel.

“Me persiguió y el hacha con la que me pegó en la cabeza no estaba tan afilada. Me derribó y yo se la logré quitar para defenderme, pero sacó una navaja y me acuchilló en la cabeza, me dejó tirada en un charco de sangre”, narró la víctima, según reportó este medio horas después del ataque.

El archivo periodístico agrega que el Ministerio Público detectó en redes sociales mensajes en los que L. G. habría avisado que cometería la agresión y que utilizó etiquetas como “TCC”, siglas en inglés de la Comunidad de Crímenes Reales, considerada por el Instituto para el Diálogo Estratégico (con sede en Londres) como una “de las principales contribuyentes a actos de violencia pública en Estados Unidos y en todo el mundo”.

La suspensión condicional del proceso es una solución alterna que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere, entre otras condiciones, que no haya oposición fundada por parte de la víctima u ofendido por el delito.

‘Hospitalización sin incidentes’

Por separado, Guillermo Patiño, director del Hospital Civil Libertad, indicó ayer que la adolescente pasó casi un mes de internamiento sin incidentes, en el área de Paidosiquiatría de la institución, donde compartió sala con otras menores de edad.

“En realidad no hubo nada significativo, transcurrió como cualquier hospitalización, no hubo incidentes relevantes, nada especial (…) Fue (tratamiento) farmacológico y psicológico (…) Se hacen exámenes a todos los pacientes de ingreso, los exámenes de rutina para descartar que no haya otras condiciones, pero nada específico”, dijo el médico, que declinó dar más detalles del diagnóstico.

Patiño mencionó también que L. G. salió de la institución el viernes por la mañana -para ser dirigida a la audiencia penal ante un tribunal especializado en esta frontera- en compañía de su madre y que, desde entonces, “no nos han avisado nada, entonces ya no tenemos seguimiento”.

La FGE había indicado desde el pasado 29 de septiembre que tanto la víctima como la representación social estarían enlazados a la audiencia del pasado viernes a través de videoconferencia, lo cual no pudo ayer ser corroborado por el TSJ.