Chihuahua.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) afirmó que el fraccionamiento Murá corresponde al ámbito de competencia del Municipio de Aldama, por lo que el Gobierno del Estado no interviene en el caso, a pesar de los problemas financieros y legales que enfrenta el desarrollo inmobiliario.

La dependencia estatal confirmó, a través de su enlace de Comunicación Social, que no cuenta con injerencia en el proyecto y señaló que, en caso de surgir nueva información, la dará a conocer de manera oportuna.

El posicionamiento ocurre luego de que fuera exhibida la situación del fraccionamiento Murá Residencial, iniciado en 2018 por la Constructora e Inmobiliaria Oserca S. A. de C. V., el cual enfrenta un colapso derivado de presuntos manejos indebidos, conflictos entre socios y diversas demandas.

El desarrollo, ubicado en el kilómetro 16.5 de la carretera Chihuahua–aldama, contempla 178 lotes con un valor aproximado de un millón 100 mil pesos cada uno, lo que representa una inversión global cercana a los 200 millones de pesos.

Información disponible indica que la obra quedó detenida desde finales de 2023, tras conflictos internos entre los socios de la empresa, lo que derivó en la ruptura de la sociedad original y en la concentración del control del proyecto en uno de ellos.

De manera paralela, la financiera Aktiva Financiera S. A. de C. V. mantiene un adeudo pendiente relacionado con el desarrollo, situación que motivó la emisión de una alerta pública dirigida a compradores, en la que advierte sobre la existencia de gravámenes inscritos en el Registro Público de la Propiedad en varios de los lotes.

A pesar de la falta de avance físico —limitado principalmente a bardas perimetrales—, el proyecto continuó su promoción en plataformas digitales, donde se ofrecía como un concepto residencial con amenidades como casa club, alberca y áreas infantiles, además de presentarse como una opción de inversión.

Con esta postura, la SDUE delimita la responsabilidad institucional en el Municipio de Aldama, autoridad que debe atender cualquier situación administrativa, urbana o legal relacionada con el fraccionamiento.