Tanto el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, como la directora del Registro Civil del Estado, Margarita Alvídrez Valles, desconocen el porcentaje de ciudadanos pertenecientes a pueblos originarios que no cuentan con acta de nacimiento, al señalar que las condiciones geográficas y los usos y costumbres dificultan dimensionar el rezago.
El secretario explicó que el Gobierno del Estado ha atendido esta problemática desde el inicio de la administración mediante brigadas itinerantes encabezadas por la Secretaría General de Gobierno en coordinación con el Registro Civil, las cuales recorren comunidades en distintos municipios de la Sierra Tarahumara para facilitar el registro de nacimientos.
Rascón Carrillo indicó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de un amparo promovido por la comunidad rarámuri de Tehuerichi, forma parte de una agenda más amplia vinculada al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, en concordancia con las reformas al artículo 2 constitucional.
El funcionario sostuvo que, aunque persisten casos de personas sin registro, la situación varía según la comunidad. Explicó que en localidades con centros de salud resulta más sencillo registrar a los recién nacidos, ya que existe un vínculo institucional para emitir certificados; sin embargo, en comunidades donde predominan los partos tradicionales el registro suele complicarse.
“Depende de la comunidad, de la distancia y también de las decisiones que toman bajo sus usos y costumbres”, afirmó, al señalar que en algunos casos las familias optan por no registrar a los menores al momento de su nacimiento.
Por su parte, la directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez Valles, coincidió en que no existe una estadística precisa sobre el rezago, debido a que el registro depende de la solicitud directa de los ciudadanos ante la autoridad.
Explicó que la dependencia opera de forma permanente con oficialías itinerantes que acuden a zonas alejadas para acercar el servicio, independientemente del programa anual de registro oportuno, el cual prioriza municipios serranos como Batopilas, Guachochi y Carichí.
La funcionaria señaló que en estos operativos el personal identifica casos de personas sin documentos y realiza los registros correspondientes en campo, especialmente cuando autoridades municipales o educativas detectan menores sin acta de nacimiento.
Como ejemplo, mencionó una intervención reciente en el municipio de Balleza, donde se registró a 16 menores que carecían de acta, además de atender solicitudes de reposición de documentos por parte de habitantes de la zona.
Alvídrez Valles agregó que la obtención de la Clave Única de Registro de Población (CURP) depende directamente de la existencia de un acta de nacimiento, por lo que la falta de registro impide acceder a este documento y, con ello, a servicios básicos como educación y programas sociales.
Ambos funcionarios coincidieron en que las brigadas itinerantes continuarán en la Sierra Tarahumara como principal estrategia para reducir el rezago, mientras el Estado avanza en la implementación de acciones derivadas de la resolución judicial que obliga a garantizar el derecho a la identidad en comunidades indígenas.
