En respuesta a la reciente denuncia pública y el recurso interpuesto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por un grupo de exempleados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) manifestó su postura a través de su vocero, Jorge Armendariz, quien subrayó el apego de la institución al marco legal.
El funcionario aseguró de manera tajante que "nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado somos respetuosos de la legalidad y de los derechos de todas las personas”.
Respecto al proceso legal iniciado por los manifestantes, Armendariz aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, la dependencia no contaba con un aviso oficial por parte de la autoridad derechohumanista.
Al respecto, el vocero puntualizó que "hasta este momento no hemos sido notificados de alguna queja por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionada con los hechos señalados; sin embargo, en caso de que dicho organismo solicite información o inicie un procedimiento, brindaremos toda la colaboración necesaria para su atención”.
Sobre los señalamientos de despidos injustificados y otras irregularidades laborales vertidas por los quejosos, quienes acusaron haber sido obligados a realizar actividades de carácter político y de sufrir hostigamiento, Armendariz indicó que las bajas podrían deberse a la naturaleza administrativa de sus puestos.
El vocero explicó que "el tema de la salida de ellos tendría que revisarlo uno por uno con recursos humanos, pero casi creo que fue por término de contrato", añadiendo que "la mayoría de los empleados que estamos en la Secretaría en materia administrativa firmamos un contrato cada seis meses”.
Bajo esta premisa, el funcionario insistió en que la causa de la desvinculación fue la falta de renovación de dichos acuerdos laborales, señalando que "probablemente, en el caso de ellos, ya no se les renovó el contrato".
Asimismo, enfatizó que cualquier inconformidad debe canalizarse a través de las instancias adecuadas, ya que "toda manifestación debe ser atendida por las vías institucionales correspondientes y cualquier señalamiento debe sustentarse y ser investigado por las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso”.
Finalmente, la corporación estatal reafirmó su disposición para ser fiscalizada por los órganos correspondientes ante las acusaciones de nepotismo y uso de recursos públicos para fines partidistas.
"Desde la SSPE reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto apego a la ley, por lo que coadyuvará en cualquier investigación que resulte procedente", concluyó el vocero en relación a la queja difundida inicialmente en medios de comunicación.
