No hicieron caso y ahora pagan en STSUACH
Hay comprometidos y quienes nadan de muertito
Un puente indispensable, el inaugurado

Sigue en entredicho la eficacia de la reforma judicial, con sus jueces del acordeón, teniendo ahora como ejemplo el desempeño de Graciela Guerrero Quiñones, jueza Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Morelos. Llegó al cargo tras ser postulada por el Poder Ejecutivo. Resultó electa sin contar con una trayectoria documentada en la carrera judicial.
En su ficha oficial de candidatura, la juzgadora omitió proporcionar su historia profesional, identificándose únicamente como "servidora pública". A unos meses de estar en el cargo, su aparente falta de experiencia técnica se ha traducido en denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y retardo de justicia, más que por una mala fe deliberada, por irregularidades que parecen nacer de una "total falta de conocimiento del proceso legal".
La cadena de errores procesales detectada en los expedientes 8/2026 y 3/2026 revela una gestión judicial errática con aparente ignorancia de principios básicos del derecho, como por ejemplo emitir acuerdos sin que mediaran recursos de impugnación y la revocación de éstos para dictar determinaciones opuestas.
Eso ocurrió al autorizar la expedición del pasaporte de un menor de tres años bajo una falsa "urgencia", facilitando un riesgo de sustracción internacional que tuvo que ser frenado por un amparo federal.
De igual forma, se le acusa de ordenar embargos precautorios sobre cuentas y propiedades basándose en supuestos impagos de pensión alimenticia, a pesar de que en el expediente ya figuraban 17 comprobantes de transferencia que acreditaban el cumplimiento puntual de las obligaciones por parte del demandado.
Más allá del conflicto entre particulares, la supuesta incapacidad técnica de la jueza ha vulnerado el interés superior del menor, con dilaciones inexcusables, reteniendo por casi un mes informes críticos para reanudar convivencias familiares y emitiendo actos jurídicamente ineficaces, como girar oficios simples a otras entidades federativas en lugar de los exhortos formales que exige la ley.
En audiencias públicas, la jueza ha llegado a admitir violaciones al principio de contradicción, calificándolas como "no intencionales", pero negándose a regularizar el procedimiento, lo que deja a las partes en total estado de indefensión y confirma que la justicia, en manos de la improvisación, se convierte en un laberinto de arbitrariedades.
Así los jueces del acordeón. En poder de GPS las denuncias.

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Hace casi 30 años advirtieron a los sindicatos del personal administrativo y académico de la UACh, que los fideicomisos iban en franca caída y debían adoptarse medidas financieras para fortalecerlos, o a la vuelta de unas décadas, habría un quebranto patrimonial.
Publicamos precisamente ayer que los jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACh acumulan ya varias quincenas sin recibir el beneficio correspondiente al fideicomiso, una situación que ha dejado de ser motivo de preocupación para convertirse en un verdadero estado de alarma entre los afectados.
Fue entonces primero el desorden en la planeación y la resistencia a tomar medidas para mejorar los ingresos del fideicomiso, sumado a la desastrosa y señalada administración de Ricardo Moncayo y Salvador Salgado, lo que tiene en la bancarrota esa fuente de pago salarial que permite homologar los ingresos de los trabajadores pensionados y jubilados.
Por el contrario, es lo que tiene en jauja, bonanza financiera al otro sindicato, el SPAUACh, que en idéntico fideicomiso tiene más de 800 millones de pesos (845 millones 098 mil 413 pesos con 30 centavos para ser exactos), para hacer frente a la misma prestación para los maestros.
Además de dicho fideicomiso, tiene el SPAUACh otro, denominado Carlos del Rosal, que es una póliza de seguro de vida que le paga a la familia de un docente fallecido la cantidad de 450 mil pesos, y que tiene un saldo a favor de unos 26 millones de pesos a marzo del presente año.
En un sindicato hicieron la tarea, en el otro no, con consecuencias para la base, que ni la debe ni la teme, presa de pésimos liderazgos que andan como si nada en medio de la tempestad que desataron.

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En el actual escenario político de Chihuahua, mientras Marco Bonilla recorre municipios y atiende la administración, a la vez que enfrenta medios en el centro del país, el activismo de sus funcionarios presenta contrastes.
Entre los más activos -de acuerdo a un observador imparcial- destacan los regidores Issac Díaz, Félix Martínez en colonias y Lupita Borruel en salud, así como Rosy Carmona en lo social y Ana Lilia Orozco en lo político; a ellos se suman directores como Juan José Abdo y Mónica Meléndez, movidos.
Por el contrario, quienes parecen estar "nadando de muertito" o con un desempeño "flojo" son los regidores Ernesto Ibarra, Isela Martínez y Joni Barajas, además de Mario García, en Desarrollo Humano.
La definición de apoyos hacia los aspirantes a la presidencia municipal ya muestra cartas abiertas, dividiendo al equipo en dos bloques principales. Con Santiago se han alineado abiertamente Rocío Reza, Juan José Abdo, Mario García y Laura Contreras.
Por otro lado, quienes ya caminan de la mano con Jáuregui son los regidores Félix Martínez, Issac Díaz y, a pesar de su señalado bajo activismo, también Ernesto Ibarra.
No obstante, persiste una notable tibieza en otros sectores de la administración donde la definición política aún no sale a la luz. Son muy pocos los que se han manifestado abiertamente a favor de Manque, mientras que una parte considerable de los funcionarios permanece "dentro del clóset" o bajo un perfil de reserva.
Esta falta de definición ocurre en un momento crítico donde la estructura municipal debería mostrar mayor cohesión frente a la próxima candidatura de la capital y no se diga el proyecto a la gubernatura, con su jefe.

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Hay obras que generan un impacto tan inmediato como esas que eliminan los cuellos de botella que por años han complicado la vida diaria de miles de ciudadanos.
Eso se espera del paso superior en el cruce de la avenida Fuerza Aérea y la carretera a Aldama, una obra que llega para transformar uno de los accesos más importantes de la capital y que a partir de ayer quedó oficialmente entregada a la ciudad, por parte del alcalde Marco Bonilla.
Se trata de una solución para una zona por la que diariamente circulan alrededor de 350 mil vehículos, cifra que refleja el crecimiento que ha tenido el oriente de Chihuahua y la necesidad de que la infraestructura avance al mismo ritmo que la ciudad.
Durante años, ese punto fue sinónimo de largas filas, pérdida de tiempo y complicaciones para quienes diariamente debían atravesarlo y llegar a sus trabajos, escuelas o negocios.
Es una inversión cercana a los 150 millones de pesos, y no es esfuerzo aislado. Se suma también el paso superior en el cruce de avenida Fuerza Aérea y avenida Palestina, proyecto impulsado por Gobierno del Estado.
La combinación de ambas obras terminará por consolidar uno de los corredores viales más modernos de la ciudad, preparado para atender el crecimiento habitacional, industrial y comercial que continúa registrándose en ese sector, y además, el corredor que da la bienvenida a todos los que arriban a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional.
La movilidad se ha convertido en uno de los principales retos para las ciudades en crecimiento. Resolverla exige planeación, recursos y visión de largo plazo.
Este corredor vial es un ejemplo de esa lógica: no responde únicamente a las necesidades actuales, sino que prepara a Chihuahua para el desarrollo que seguirá llegando durante los próximos años.