Ciudad Juárez.- Ciudad Juárez atraviesa una nueva etapa frente al fenómeno migratorio, con un cambio de perfil de las personas que permanecen en la frontera y la urgencia de renovadas estrategias frente a otras necesidades, destacó Dirvin Luis García, jefe del Departamento de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana del Consejo Estatal de Población (Coespo), al delinear el panorama actual de movilidad en la región.
Aunque no existe un registro preciso de las personas migrantes que habitan actualmente en la ciudad, autoridades y organizaciones estiman que podrían ser aproximadamente 6 mil, mexicanas y extranjeras, las que llegaron en los últimos cinco años y se quedaron a vivir en la frontera, la gran mayoría de las cuales viven fuera de los albergues.

“El cálculo fue elaborado a partir de distintos indicadores, entre ellos la ocupación de los albergues, padrones de usuarios de organizaciones, sondeos, estudios del sistema de Naciones Unidas, devoluciones de mexicanos por Ciudad Juárez y los encuentros registrados por la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso. La cifra, estimada entre febrero y marzo de 2026, combina distintos indicadores pero no representa un padrón exacto”, explicó García.
El funcionario también destacó que la red de albergues y espacios de acogida de Ciudad Juárez se encuentran igualmente en una etapa de transformación. Después de pasar de sólo dos espacios en 2018 a más de 20 en 2023, actualmente son alrededor de 15 los espacios que mantienen una operación permanente, ya que en 2026 algunos han reducido sus actividades, otros han cerrado y unos más analizan modificar sus proyectos de trabajo.
“Nos encontramos trabajando con alrededor de 13 albergues y espacios de acogida de manera permanente, hay otros albergues con los cuales no estamos colaborando y algunos albergues que ya cerraron. En el primer semestre del 2026 algunos de ellos han contraído sus operaciones, otros definitivamente han cerrado y otros están en vías de replantear sus proyectos como organizaciones de sociedad civil o de cómo redireccionar un tanto las acciones que hacen en materia de asistencia humanitaria”, informó.
Entre los espacios que ya cerraron sus puertas a la recepción de migrantes se encuentran Frontera de Gracia, Salem y Stella Shelter, mientras que Oasis para el Migrante está por cerrar y Respetttrans recientemente fue habilitado para atender a personas de la comunidad LGBTQ+ que viven en situación de calle, a través del programa Casa de Apoyo Grecia.
Además de la disminución del flujo migratorio en la ciudad debido al endurecimiento de las políticas de Estados Unidos, el cambio ocurre en un contexto marcado por la reducción del financiamiento internacional destinado a la atención de personas en movilidad por parte del gobierno de Donald Trump.
“Nosotros estamos viendo que hay varias causas… entre ellas, una reducción de fondos provenientes por parte de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, como parte de las decisiones del Departamento de Estado de Estados Unidos, y esto nos lleva a una congelación también de apoyos a organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Servicio Jesuita a Migrantes, que antes apoyaron con una gran parte del consumo, gasto corriente e infraestructura en estos espacios”, indicó.
Estos recortes no solamente han impactado en la operación de albergues, sino también en los proyectos dirigidos a las personas en situación de movilidad humana que se encuentran fuera de los albergues; por ejemplo, en temas de atención legal, salud mental e integración, con apoyos para educación y salud.
Y, es que el endurecimiento de las medidas de seguridad en Estados Unidos, como el cierre de los cruces formales para solicitantes de protección internacional y la declaración de emergencia en la frontera provocaron que haya menos personas migrantes en tránsito que en años anteriores. Sin embargo, la movilidad no ha desaparecido.
“Ya se había sostenido esta tendencia desde hace un año y medio pero ahora hay una caída mucho más drástica (en el tránsito de personas migrantes en la ciudad). Y, cuando las mismas organizaciones y los mismos albergues notan o resienten esta contracción de flujos y de aportaciones económicas, entonces esto ha llevado a algunos cierres, también con mucha preocupación, pues los costos operativos para algunos espacios resultan totalmente insostenibles”, destacó García.
A la disminución de flujos y el gasto operativo se le suma la sobrecarga y el desgaste del personal de las organizaciones locales que han apoyado por años a las personas migrantes, y aunque actualmente existe una disminución del flujo, la larga permanencia de las personas en la ciudad, ya no con el objetivo, al menos a corto plazo de ir a Estados Unidos, sino de asentarse en la ciudad, también ha significado una creciente demanda de otros servicios para su integración.
“Como cambia el perfil de las personas, que ahora se encuentran en vías de integración en las diferentes localidades del estado de Chihuahua, esto también ha generado una demanda en otros servicios, y de orientar o planificar las operaciones que llevan a cabo estas organizaciones de asistencia humanitaria y acompañamiento”.
Ahora, además de alojamiento y asistencia humanitaria, las organizaciones enfrentan una mayor demanda de servicios relacionados con integración, salud, educación, atención psicológica y asesoría legal. Pero, también han identificado problemas persistentes como violencia de género, extorsiones, secuestros, abusos de arrendadores, engaños por parte de traficantes y tratantes y casos de explotación laboral.
“Hay una situación totalmente distinta, digamos que hay diferentes factores que van desde el recorte internacional, la disminución propiamente de los flujos migratorios de tránsito, que esto no quiere decir que no haya flujos, que no haya personas en movilidad, sino que más bien el perfil que tenemos ahorita como población a atender es totalmente distinto. Existe una sobrecarga también en el trabajo de las organizaciones locales de segundo piso, existen problemas de inseguridad. Entonces, esto ha tenido una serie de impactos también en todo este sistema de albergues y espacios de acogida que prestan servicios de asistencia social y que procuraban la protección de la población objetivo”, señaló.
Sólo entre enero y mayo de 2026, el Departamento de Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Coespo atendió a 3 mil 047 personas migrantes en el estado, principalmente mexicanas, seguidas de las provenientes de Venezuela y Honduras.
A estas nacionalidades le siguieron Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Haití, Estados Unidos, Panamá, Chile, Eritrea, Nigeria, Angola, Bolivia, Chad, Panamá y República Dominicana.
Entre los principales servicios requeridos se encuentran la asesoría legal migratoria, Internet, canalización a organizaciones sin fines de lucro y asistencia social, canalización a la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar), vinculación a albergues, expedición de documentos y vinculación a empleo. (Hérika Martínez Prado / El Diario)