Al bajar del avión militar de carga estadounidense, Roberto Mosquera aún no sabía dónde estaba ni por qué lo habían llevado allí. Cuando los agentes federales de migración lo obligaron a subir a un vuelo secreto 30 horas antes, era una calurosa tarde de julio en Texas. Ahora, después de viajar miles de kilómetros, sentía el aire de una fría mañana de invierno.

Estaba en el reino de Esuatini, un pequeño país sin salida al mar en el sur de África que hasta hace poco se llamaba Suazilandia. Mosquera nunca había oído hablar de él. No había puesto un pie fuera de Estados Unidos desde que tenía 12 años, cuando llegó en un barco pesquero como parte del éxodo de 1980 del Mariel desde Cuba con su madre, una hermana y la hija pequeña de esta. En su adolescencia, se unió a una pandilla de Miami y, en sus veintes, aceptó un acuerdo de culpabilidad tras ser acusado de intento de asesinato por dispararle en la pierna a un pandillero rival. Eso habría sido motivo de deportación si hubiera sido de casi cualquier otro país. Pero Cuba no cooperaba con Estados Unidos en las deportaciones, así que a Mosquera se le permitió quedarse, siempre y cuando se presentara ante las autoridades cada año. Construyó una nueva vida para sí mismo, se convirtió en plomero especializado y cristiano renacido; se casó y tuvo cuatro hijas.

Un día de junio del año pasado, Mosquera, de 59 años, fue a renovar su permiso de trabajo a una oficina de migración. La cita por lo general era corta; Mosquera había pedido prestada la camioneta de la empresa para poder ir a un trabajo cuando terminara. Pero las cosas no salieron de ese modo. Un funcionario de migración le dijo que su tiempo en Estados Unidos se había agotado. Con el presidente Donald Trump de nuevo en el cargo, Mosquera sabía que esas no eran palabras vacías. Pero si Estados Unidos no podía enviarlo a Cuba, ¿a dónde iría?

Lo llevaron al Centro de Detención de Krome, un centro de reclusión de mala fama para deportados en Miami, y luego a otro en El Paso, Texas, donde estuvo confinado sin poder contactar a abogados durante casi dos semanas. Pronto los agentes le dijeron que se preparara para mudarse de nuevo. Mosquera se sorprendió cuando lo subieron a un pequeño jet de lujo; le pareció más bien algo que alquilaría el cantante Marc Anthony, me dijo. Junto a él había otros cuatro detenidos, provenientes —según sabría más tarde— de Jamaica, Laos, Yemen y Vietnam. Fueron transferidos a un avión de carga militar en una base aérea estadounidense en Yibuti, en África Oriental, y más de un día después, los cinco hombres aterrizaron en Esuatini.

Antes de que pudieran entender la situación, fueron obligados a entrar en una jaula de metal instalada en un camión de transporte y llevados al Complejo Correccional de Matsapha, la prisión de máxima seguridad de Esuatini. En una publicación en X, el Departamento de Seguridad Nacional había calificado a Mosquera y a los otros cuatro hombres de “monstruos depravados” que eran “tan singularmente bárbaros que sus países de origen se niegan a recibirlos de vuelta”. Ahora eran recibidos por decenas de guardias armados con palos grandes.

Eso fue hace más de un año. Mosquera sigue recluido en esa misma prisión de máxima seguridad sin tener a dónde ir. No hay cargos en su contra. No tiene manera de apelar su situación. No hay señal de que alguna vez será liberado. Cuba no ha dado indicios de estar dispuesta a aceptarlo y Mosquera dice que no tiene ningún deseo de ir allí. Esuatini no lo liberará de prisión, a pesar de que cumplió su condena en Estados Unidos y no cometió ningún delito en África.

Escuché por primera vez sobre su caso a través de Alma David, una abogada de migración de Novo Legal Group en Estados Unidos, quien lo representa. Cuando contacté a Mosquera por una videollamada de WhatsApp a principios de junio, ya había pasado 11 meses tras las rejas. El gobierno de Esuatini se negó a permitirme visitarlo a él o a cualquiera de los otros detenidos junto a él, por lo que las videollamadas de WhatsApp fueron nuestro principal medio de comunicación. Mientras hablábamos, Mosquera entrecerraba los ojos para mirarme; durante la detención, había desarrollado glaucoma, y un médico le dijo a Mosquera que había perdido la mitad de la visión en un ojo y el 80 por ciento en el otro. Le ha costado trabajo recibir tratamiento por esta afección.

“¿Te puedo hacer una pregunta?”, me dijo Mosquera. Detrás de él yo podía ver los barrotes verdes de su celda donde pasa las noches y las siluetas de algunos de los otros prisioneros.

“¿Crees que alguna vez saldré de aquí?”.

Mosquera es parte de un número creciente de personas a las que el gobierno de Trump ha puesto en un limbo administrativo global. Durante más de un año, ha estado ofreciendo millones de dólares —a menudo sin revelar los pagos— a gobiernos extranjeros para que reciban a migrantes que Estados Unidos tenía problemas para deportar a sus países de origen. Esto incluye no solo a personas con antecedentes penales como Mosquera, sino también a deportados que contaban con protecciones judiciales para no ser devueltos a sus países natales debido a que enfrentaban amenazas allí.

La práctica de deportar a alguien a un llamado tercer país no es nueva, pero solía ser inusual. En el pasado, Estados Unidos podía deportar a alguien a un lugar considerado seguro —Canadá, por ejemplo— o a un país donde tuvieran doble ciudadanía. Pero en 2019, el primer gobierno de Trump comenzó a enviar a miles de ciudadanos extranjeros, incluyendo personas del Caribe y Centroamérica, a México. En su segundo mandato, la práctica se ha expandido enormemente: al menos 35 países han llegado a acuerdos para aceptar deportados, una lista que incluye a naciones tan remotas como Sudán del Sur, Ghana, Palaos, Uzbekistán y Moldavia, según Third Country Deportation Watch, un grupo de monitoreo que rastrea los acuerdos.

Las deportaciones plantean serias interrogantes legales que han sido objeto de múltiples demandas federales. Las expulsiones —involucren o no a migrantes con antecedentes penales— suelen ocurrir antes de que los deportados puedan argumentar sus casos ante un juez. Algunos de los países seleccionados por el gobierno de Trump no ofrecen las protecciones legales básicas a las que tendrían derecho los deportados en Estados Unidos, como el acceso a un abogado. Y como son ciudadanos extranjeros, sin estatus legal en los países a los que han sido enviados, los deportados generalmente permanecen bajo detención indefinida en el extranjero, sin cargos y con poco o ningún recurso en los tribunales estadounidenses. En una declaración escrita enviada al Times, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que cualquier persona que fuera deportada recibió el debido proceso: “Estos acuerdos de terceros países, que garantizan el debido proceso bajo la Constitución de EE. UU., son esenciales para la seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense”.

Varios de los países que han pactado los acuerdos son inestables o autocráticos y, por lo general, están desesperados por obtener dinero estadounidense. La República Centroafricana se encuentra en medio de una guerra civil. La República Democrática del Congo recibió a 15 deportados poco antes del reciente brote de ébola. Esuatini, que recibió 5,1 millones de dólares en su acuerdo con el gobierno de Trump, es una de las últimas monarquías absolutas del mundo.

Los acuerdos atrajeron atención generalizada por primera vez cuando el presidente autocrático Nayib Bukele de El Salvador aceptó un pago de 6 millones de dólares en marzo de 2025 para retener a unos 250 migrantes venezolanos en el Cecot, su Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión que había construido recientemente para albergar hasta a 40.000 pandilleros salvadoreños. Más tarde, los venezolanos fueron llevados en avión a su país de origen, y muchos afirmaron que recibieron abusos y torturas por los guardias de la prisión mientras estaban bajo custodia.

El archipiélago de detención comenzó a crecer el otoño pasado, cuando el gobierno de Trump dirigió vuelos a Ghana y Camerún. Los abogados de derechos humanos señalaron que esta ola de deportados estaba compuesta por migrantes en busca de asilo que estaban protegidos por órdenes judiciales para no ser devueltos a los países de los que habían huido. Algunos también estaban amparados por la Convención contra la Tortura, un tratado de la Organización de las Naciones Unidas del cual Estados Unidos es signatario, que prohíbe la deportación de personas a un país donde hayan sido torturadas o puedan enfrentar tortura.

“Tienen protección legal, lo que significa que no pueden ser deportados a su país de origen, y Estados Unidos está explotando esa protección deportándolos a otros países en su lugar”, afirma Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico, un grupo de derechos que ha presentado múltiples demandas en Estados Unidos y en el extranjero sobre deportaciones a terceros países. “Luego está reclutando a esos países para que los detengan y los deporten de regreso a su país de origen, donde enfrentan persecución, tortura y cosas peores”. Esta alternativa, conocida en el derecho internacional como devolución en cadena, está prohibida por la Convención contra la Tortura.

Pero algunos nunca logran salir. Permanecen en los terceros países a los que son enviados, estancados en una especie de purgatorio: una nueva clase de prisionero creada por la creciente represión de Estados Unidos a la migración.

Los abogados de derechos humanos con los que hablé han identificado al menos dos decenas de casos en los que hay personas en detención a largo plazo: los 19 hombres encarcelados en Esuatini y otros seis o siete en Sudán del Sur. Algunos fueron condenados por asalto y asesinato hace décadas y ya habían cumplido sus sentencias. Algunos vivían legalmente en Estados Unidos; otros no. Muchos de los casos presentaban factores adicionales que los complicaban. Mosquera está atrapado en un atolladero diplomático que comenzó con la revolución de Cuba de 1959. Otros provienen de países sin un gobierno funcional o sin vínculos diplomáticos con el país donde están detenidos. A ninguno de los detenidos que entrevisté se le había permitido recoger pasaportes ni ningún otro documento que pudiera servir de identificación antes de ser deportado.

La situación, en algunos aspectos, ha llegado a parecerse a un caso más famoso en el que Estados Unidos envió detenidos al extranjero apresuradamente: el centro en la Bahía de Guantánamo. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, a cientos de ciudadanos extranjeros se les mantuvo fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y pasaron años en prisión sin haber sido acusados.

Alma David, quien ahora representa a algunos de los otros deportados en Esuatini además de Mosquera, comparó la situación de los detenidos en ese país con un agujero negro legal. “Es como si te despertaras y estuvieras en este lugar, y no hubiera salida”, dijo David. Una vez que Mosquera salió en un vuelo de Estados Unidos, no hubo opciones para impugnar su detención en los tribunales estadounidenses, por lo que David lo ayudó a encontrar un abogado local en Esuatini. (A ese abogado se le impidió ver a Mosquera durante casi un año). “La gente está desapareciendo en esa tierra de nadie”, señaló. “No tienen conexión con su nuevo país y, al parecer, tampoco tienen derechos legales”.

De las prisiones en el extranjero, la de Sudán del Sur es quizás la más inquietante. Hasta junio, habían pasado meses sin que nadie, ni siquiera sus abogados, supiera de las personas que se creía estaban detenidas allí, hombres nacidos en Laos, Vietnam, Cuba y Birmania. La única persona que encontré a la que se le permitió visitar a los prisioneros fue una asistente del Congreso estadounidense que fue el verano pasado a Yuba, la capital de Sudán del Sur, para investigar las detenciones. Aun así, relató la asistente, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos se negaron a acompañarla a la prisión. Ahora teme por el destino de los detenidos en caso de que Sudán del Sur caiga en otra guerra civil.

El gobierno de Esuatini no respondió a una lista de preguntas detalladas que envié a la oficina del primer ministro sobre su acuerdo con Estados Unidos. Pero mis llamadas con Mosquera, quien había obtenido un teléfono con la ayuda de un guardia de la prisión con quien trabó amistad, ofrecieron una visión de un mundo en el que escaseaban los medicamentos, los cortes de energía eran habituales y la comida se compraba con dinero que los familiares enviaban mediante Western Union al director de la prisión.

Entre los que se encontraban atrapados junto con Mosquera estaba Kassim Saleh Wasil, arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en Detroit hace más de un año. Llegó a Estados Unidos desde Yemen en 1977 con una visa de inmigrante y se convirtió en residente permanente. Fue condenado por asesinato en segundo grado en 1999, y cumplió 20 años en prisión. El ICE indicó en una declaración que era una de “las muchas amenazas a la seguridad pública y los infractores de inmigración que nuestros oficiales trabajan para sacar de las calles todos los días”.

Cuando conocí a Wasil, quien ahora tiene 71 años, a través de WhatsApp, vi que había perdido peso en la cárcel y parecía demacrado. “Pensé que había pagado mi deuda con la sociedad”, dijo. Me contó que ha intentado comunicarse con diplomáticos de Yemen —que está gobernado por gobiernos en pugna de civiles, soldados y rebeldes— pero no había recibido respuesta. Wasil, quien es musulmán, me dijo que su peor temor es morir olvidado en un país cristiano donde no recibirá un entierro adecuado.

I

En otra llamada, contacté a Juan Carlos Font Agüero, otro cubano, que tiene 60 años y ha estado recluido en Esuatini desde el otoño pasado. Font me dijo que fue liberado de una prisión de Florida en 2022 tras cumplir una condena de 17 años por asesinato, por matar a alguien durante una pelea. Me mostró la documentación que presentó durante la detención en el ICE, la cual evidenciaba que había aceptado ser deportado a México. En su lugar, lo enviaron a Esuatini, un país sin embajada cubana.

Font afirmó que estaba listo para regresar a Cuba, y una de sus hijas, todavía en La Habana, ha solicitado al gobierno cubano que permita su regreso. Pero hasta ahora solo ha habido silencio. “Me secuestraron, simple y llanamente”, dijo Font sobre su deportación. “Lo único que no hicieron fue ponerme una venda en los ojos”.

En su declaración, el Departamento de Seguridad Nacional aseveró que el gobierno estaba “usando todas las herramientas disponibles para sacar a los extranjeros ilegales con antecedentes penales de las comunidades estadounidenses y de nuestro país. Nuestro mensaje es claro: los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Mosquera llegó a Estados Unidos junto a miles de otros cubanos, en Cayo Hueso. Su madre, Matilde del Peral, había sido presa política en Cuba, que pasó 18 meses en prisión tras negarse a asistir a las reuniones del comité comunista del vecindario. Poco después, Fidel Castro, el líder de Cuba, declaró que cualquiera que no apoyara su revolución era libre de irse, y el presidente Jimmy Carter prometió que Estados Unidos daría la bienvenida a los refugiados con “el corazón y los brazos abiertos”. Fue el comienzo de un éxodo de unos 125.000 cubanos, que incluyó a del Peral y a siete de sus ocho hijos.

La evacuación, sin embargo, fue caótica. Inicialmente alojaron a del Peral y a sus hijos en un estadio, y al igual que muchos de los otros refugiados, dejaron el asunto de obtener las residencias permanentes para más adelante mientras luchaban por empezar desde cero. Mosquera me dijo que, si bien su madre alimentaba a la familia y les daba un techo, no entendía que Miami era diferente de La Habana, donde el gobierno de Castro prácticamente había eliminado los delitos menores. “Roberto nunca fue un chico malo”, indicó su hermana María Victoria de Ortíz, que vive en Miami. “Fueron las malas compañías las que lo cambiaron, lo hicieron tomar otro camino”.

Cuando Mosquera tenía unos 14 años, me contó él, otro adolescente comenzó a referirse a su grupo de amigos como los Latin Kings. El nombre se popularizó y Mosquera comenzó a usar el apodo de Power. Al principio, en su mayoría estaban actuando, reconoció Mosquera, metiéndose a peleas a puñetazos y escondiéndose de los policías patrulleros locales que conocían. Pero las cosas cambiaron cuando los miembros de los verdaderos Latin Kings —una pandilla que comenzó en la comunidad puertorriqueña de Chicago— empezaron a migrar a Miami. De repente, Mosquera se encontró en medio de una guerra territorial, que comenzó con ataques de represalia entre rivales antes de expandirse a algo mucho peor.

Siguió una serie de apuñalamientos, tiroteos y robos de autos, en los que Mosquera y sus amigos a menudo estaban en el centro. Mosquera me dijo que en 1988 fue emboscado en un recinto para ferias por pandilleros rivales, que le sacaron los dientes con unas manoplas de acero. (Todavía tiene hileras de dientes de oro superiores e inferiores que brillan cuando habla). Su pandilla decidió vengarse. Una noche en Coconut Grove, un barrio de Miami, le dispararon a un pandillero rival de 16 años, que sobrevivió al ataque, pero fue herido en la pierna.

Mosquera, quien me habló abiertamente sobre muchos delitos que cometió durante sus años de pandilla, insistió en que no estaba allí esa noche. Pero, temiendo una vida en prisión si iba a juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad por intento de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de nueve años. En 1996, Mosquera, entonces de 26 años, ya había cumplido su condena. Pensaba que tenía una nueva vida por delante, pero como migrante indocumentado, fue arrestado nuevamente por agentes de migración. Mosquera quedó atrapado en lo que se conoce como detención administrativa, que, en ese momento, permitía a los migrantes estar retenidos indefinidamente antes de la deportación. Como Cuba seguía negándose a recibir deportados de Estados Unidos, Mosquera estuvo retenido otros seis años, cumpliendo condena en varias prisiones. Una decisión de la Corte Suprema en 2001 prohibió esta práctica, decisión que exigía que Estados Unidos liberara a los detenidos administrativos después de seis meses si no podían ser deportados.

Fue durante ese tiempo que los aspectos más brutales del sistema penitenciario estadounidense se hicieron evidentes para Mosquera. En 1996, relató, él y otros cuatro cubanos exigieron una reunión con las autoridades de migración. En cambio, dijo, los guardias los asaltaron con gas pimienta y gas lacrimógeno. Más tarde esa noche, me contó, llegó un capitán de la guardia con un grupo de subordinados, uno de los cuales blandía un tubo de metal. Mosquera fue golpeado hasta quedar inconsciente. Mientras Mosquera y yo hablábamos, levantó su pulgar derecho, que estaba torcido. No ha podido moverlo desde el ataque, señaló. (Human Rights Watch, que fue alertado de la agresión, informó que los hombres no recibieron atención médica durante más de una semana después de que los guardias los aporrearon).

Mosquera finalmente fue liberado en 2002 bajo un acuerdo que le permitiría permanecer en Estados Unidos y trabajar, al tiempo que mantuviera controles regulares con las autoridades migratorias. Criado como católico, se convirtió en cristiano renacido en prisión. También dejó su pandilla, a pesar de que otros que intentaron hacerlo habían sido asesinados en represalia, y formó una familia. Mientras me hablaba por videollamada, inclinó la cabeza hacia atrás para mostrarme los nombres de sus hijas —Destiny, Faith, Monica y Cynthia— tatuados en el cuello y el pecho.

Pero aun así encontró la manera de meterse en problemas. Alrededor de 2009, después de que un oficial de policía lo detuviera mientras iba en su motocicleta, intentó huir, lo que resultó en cargos penales y tres años de cárcel. Me confesó que después de su liberación, fue citado por dos violaciones a la libertad condicional. Pero a medida que pasó el tiempo, comenzó a dejar todo eso atrás. En 2014, Mosquera aceptó un trabajo temporal en una empresa de plomería de Miami.

Pasó de aprendiz a plomero y, con el tiempo, a capataz; su exjefe lo describió ante mí como un hombre que había dado un giro a su vida. “No solo era un gran trabajador; inspiraba a los chicos que lo rodeaban”, declaró, hablando bajo condición de anonimato debido a que emplea a otros migrantes que podrían ser blanco de deportación por parte del ICE.

Mosquera nunca le había prestado atención a la política. Pero para 2024, mientras Trump fijaba nuevamente su mirada en la Casa Blanca, Mosquera estaba experimentando un despertar político. Se veía a sí mismo como uno de los estadounidenses de clase trabajadora a los que Trump —durante mucho tiempo popular entre la comunidad cubanoestadounidense de Miami— afirmaba que defendería. Mosquera a menudo iba a trabajar con un casco de seguridad adornado con un águila calva, me dijo su exjefe. La hermana de Mosquera, De Ortíz, me dijo que lo recordaba haciendo campaña por Trump. “Se sentaba en el patio y decía: ‘Trump va a cambiar todo, ya verás’”, indicó. “Incluso, le dijo a su hija que votara por Trump”.

Aun así, a medida que se acercaba la cita anual de migración de Mosquera el verano pasado, De Ortíz tuvo un mal presentimiento. Para ella estaba claro que el mensaje nacionalista del presidente no ofrecía excepciones, ni siquiera para los muchos cubanos de Florida que lo apoyaron en dos victorias. “Le dije: ‘No vayas’. Y me dijo: ‘No, hermana, no va a pasar nada’”.

En la prisión de máxima seguridad en Esuatini, se les ordenó a los deportados que se desnudaran para ser examinados. Mosquera conocía tratos similares por sus años en las prisiones estadounidenses, pero esta vez estaba indignado: no había cometido ningún delito, pensó. Los guardias ordenaron un encierro de 24 horas para los prisioneros. Sin llamadas, sin abogados. Su comida consistía en un pequeño trozo de pan en el desayuno y un almuerzo y cena rudimentarios; se le servía un pequeño trozo de pollo una vez a la semana.

Después de que a los prisioneros en Esuatini se les prohibiera llamar a sus familias durante un mes, el director les llevó un teléfono para que lo usaran. Mosquera llamó a su hermana a Miami. “Lo habíamos estado buscando por todas partes y luego nos dice que está en África”, contó ella. Con la ayuda de su sobrina, Mosquera se puso en contacto con David. “Pude ver que era alguien que pasó suficiente tiempo en el sistema de justicia penal de Estados Unidos como para tener un concepto de cuáles eran sus derechos, y de que había un proceso que debía seguirse”, afirmó David. “Él decía algo como: ‘simplemente no puedes hacerme esto’”.

Una mañana, según Mosquera, un general de Esuatini visitó la prisión y, junto con el director, exigió que todos los hombres firmaran unos papeles que el gobierno había preparado en los que decían haber rechazado la asesoría legal. Los prisioneros se negaron. En un momento dado, los guardias comenzaron a poner música cristiana a todo volumen por los altavoces y con el tiempo exigieron que los hombres, incluido Wasil, el musulmán yemení, se pusieran de pie afuera en el patio y rezaran mientras sonaba la música.

Mosquera llegó a un punto de quiebre en octubre, relató, cuando llegó un vuelo con 10 deportados. Entraba más gente de la que salía, y él no tenía respuestas sobre lo que vendría a continuación. “Yo decía: ‘Señor, ¿cuál es la salida?’”, me compartió. Mosquera les comunicó a los guardias que no comería hasta que pudiera ver a un abogado y le explicaran por qué estaba detenido.

Al principio, los guardias de la prisión ignoraron a Mosquera y trataron su huelga de hambre como una broma. En cierto momento, unos funcionarios de Esuatini afirmaron en una declaración que estaba en un ayuno religioso voluntario. Con el paso de las semanas, los efectos de la huelga de hambre se volvieron agonizantes para Mosquera. Registró su estado en un diario escrito a mano. “Empezaron los dolores de riñón, se me empezaron a dormir los brazos y el pie derecho”, escribió en el día 22. “En mi cuerpo tengo dolor de cabeza y estoy muy cansado, muchos mareos”.

Mosquera me envió fotos de su diario, y mientras hojeaba las páginas, pude ver que había pasado gran parte de la huelga de hambre escribiendo sobre su hija de 10 años, Faith, a quien vio por última vez una semana antes de ser deportado. (Mosquera y la madre de la niña están divorciados). “Extraño mucho a Faith. Cuando íbamos a comprarte ropita, íbamos a comer al centro comercial que tanto te gustaba, íbamos al cine”, escribió. “Me sentía como el padre más feliz del mundo al verte feliz”.

Después de que Mosquera pasara casi un mes sin comida, su abogada, David, lo contactó a través de uno de los teléfonos de los guardias de la prisión para instarlo a detener el ayuno. Le dijo que necesitaba estar fuerte si iban a pelear, me contó Mosquera. Mosquera cedió; la única otra opción era dejarse morir de hambre, aseguró.

Después de que terminara la huelga de hambre, los guardias le permitieron comprar su propio teléfono celular, usando el dinero que le habían enviado sus familiares. Fue una pequeña victoria, pero muy alejada de la que buscaba.

Solo dos deportados han logrado regresar a sus países de origen desde que llegaron a Esuatini. Uno de ellos, Orville Etoria, el hombre jamaiquino que estaba en el vuelo de Mosquera, fue repatriado el año pasado. A Etoria, quien había sido residente legal en Estados Unidos desde los 12 años, un juez de migración le revocó la residencia permanente y ordenó su deportación en 2009, mientras cumplía una condena de 25 años por un asesinato en 1996. Tras su liberación en 2021, los funcionarios de migración le permitieron quedarse en Estados Unidos, a condición de que se presentara regularmente. Aún no está claro por qué fue enviado a Esuatini; el gobierno de Jamaica sostiene que no había bloqueado su regreso, como aseveraba el gobierno de Trump.

Cuando lo llamé al pueblo donde se había establecido, me dijo que haber sido deportado a los 62 años lo había dejado sintiéndose desilusionado por el lugar que alguna vez lo adoptó. “Este gobierno fue tras personas que habían cambiado porque quería demostrar un punto: que uno nunca podría cambiar en la mente de ellos”, apuntó.

Cuando le pedí a Mosquera que se imaginara algún tipo de vida de regreso en Cuba, lo que evocó fue sombrío. “Soy un bocón, como puedes ver cuando hablamos”, dijo. “Si me enviaran a Cuba, probablemente a mí también me encerrarían, tal como hicieron con mi madre”.

A medida que continuábamos enviando mensajes semana tras semana, me habló sobre el final de su matrimonio, que se produjo tras años de asperezas. Su divorcio se hizo oficial tres días antes de ser deportado, pero siempre había sido cercano a sus hijas, especialmente a Faith. Ahora había dejado de llamarla incluso a ella. “Tengo que largarme de aquí”, me escribió en un mensaje de texto una mañana. “Se me está pasando la vida”.

Le pregunté a Mosquera por qué no había hablado con su hija. Hizo una pausa de un minuto y luego empezó a contarme sobre el día de su arresto por parte del ICE. Un juez le otorgó la custodia compartida de Faith, y estaban a punto de pasar su primera semana juntos, dijo. Ella lo estaba esperando en casa cuando él fue detenido. “Y ahora me pregunta: ‘¿Cuándo vienes a casa?’. Es el mayor dolor que he tenido; he llorado como un niño”, me confesó. “Yo, que he sido apuñalado y me han disparado, nunca lloraba. Si me permito pensar en ella, me voy a quebrar”.

Un día, Mosquera mencionó que había iniciado una relación a distancia con una mujer. Le pregunté si podía hablar con esta nueva novia y me envió un número del sur de Florida con el nombre de Ivy Mercado. Cuando llamé a Mercado, que trabaja para una empresa de atención médica desde su casa en Jupiter, Florida, me dijo que conoció a Mosquera en la década de 1980, cuando él salía con una amiga suya. Habían perdido el contacto, pero cuando corrió la voz de que Mosquera había desaparecido bajo custodia del ICE, señaló: “Lloré como una bebé y no podía entender por qué me afectaba tanto”. Un amigo en común le envió el número de teléfono de Mosquera y tuvieron una larga conversación a fines del año pasado. Mercado volvió a llamar. Pronto se dio cuenta de que estaba enamorada.

Si había algo que parecía sostener a Mosquera durante su detención era su relación con Mercado. A veces, Mosquera hablaba nostálgicamente con ella sobre el Miami de la década de 1980. Mercado a menudo le hablaba sobre la investigación legal que había hecho sobre su caso. Cuando hablamos, Mercado me dijo que era muy consciente de que el encarcelamiento de Mosquera, que los unió, también es lo que los mantiene separados. “Le digo: ‘Es un plan orquestado de Dios. Sabes, tenemos que creer eso’”, dijo. “Y él dice: ‘Bueno, te trajo a mí. Nos trajo el uno al otro’”.

Una mañana de julio vibró mi teléfono. Pude ver que Mosquera me había enviado varios videos inestables que acababa de grabar desde el patio de la prisión. En uno, había un convoy de cuatro vehículos, incluyendo lo que parecía un camión militar, entrando al recinto. En otro, 11 personas pasaban en fila, algunas con uniformes blancos. Uno de ellos levantó el puño en un gesto de resistencia. Había llegado un nuevo grupo de prisioneros, el tercero desde el vuelo de Mosquera del año pasado. “Ningún cubano”, me escribió, usando esta última palabra en español. “Uno de Belice. Uno de Jamaica el resto de África”.

Llamé a Mosquera y empezó a pasarles el teléfono a los recién llegados. Se veían nerviosos en la videollamada. Al igual que Mosquera, dijeron que no habían oído hablar de Esuatini antes de llegar. Todos dijeron que tenían antecedentes penales —algunos por delitos violentos— que habían provocado sus deportaciones, pero que no esperaban ser enviados a este rincón de África. Varios de ellos me contaron que estaban bajo órdenes judiciales de protección que les impedían ser devueltos a sus países de origen, donde estarían en riesgo de persecución. Ahora temían que Esuatini simplemente los reenviara a los lugares de los que habían huido.

Uno de ellos, un pastor de 64 años originario de Jamaica, llamado Junior Alves, me relató que un juez había impedido que fuera deportado a su país debido a amenazas contra su familia. Dijo que llegó por primera vez a Estados Unidos en 1982. Fue arrestado por varios cargos de drogas cuando era un hombre joven, dijo, pero desde entonces había dado un giro a su vida.

Alves le devolvió el teléfono a Mosquera. Hasta ahora, habían pasado meses desde que Estados Unidos enviara a nuevos deportados a la prisión, pero Mosquera estaba seguro de que habría más; los guardias habían estado despejando más espacio, dándoles a todos nuevas pastillas de jabón.

Ahora Mosquera tenía trabajo que hacer. Necesitaba mostrarles a los recién llegados cómo lograr que les enviaran dinero desde casa. Dónde lavarían su ropa. Qué hacer cuando se fuera la luz.

Pero lo que todos realmente querían saber era cuánto tiempo llevaba Mosquera en Esuatini.

“Les digo que un año”, dijo. “Y se les revuelve el estómago”.