Como un mal juzgador, y hasta “dedicado a hacer varo”, así recuerdan abogados penalistas locales al juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia y acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense.
“Andaba tras el varo, no lo ocultaba”, compartió un abogado litigante que narró haber sostenido varios desencuentros con el juez por nimiedades, durante el desarrollo de las audiencias de control de detención.
El entrevistado declinó detallar posibles actos de corrupción mientras Benítez Alcántara ejerció en Ciudad Juárez como juez federal; sin embargo, consideró que los cargos que enfrenta abren interrogantes sobre las resoluciones que tomó mientras estuvo como juzgador en esta frontera.
“Aquí operó como juez de Control y como administrador del Centro, tenía doble trabajo”, dijo el abogado José Miramontes Caro, quien refirió que también tuvo algunos altercados con el ahora detenido por su forma de ejercer el Derecho.
El juez Luis Benítez Alcántara fue detenido el pasado domingo en Colombia, acusado de recibir un soborno millonario para ordenar la liberación de un narcotraficante canadiense vinculado con Ryan James Wedding, ex atleta olímpico señalado por Estados Unidos como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos, vinculada al Cártel de Sinaloa a través de ‘Los Chapitos’.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Benítez Alcántara, de 49 años y originario de la Ciudad de México, enfrenta una acusación federal de nueve cargos por complicidad posterior al delito.
Las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición desde Colombia para que responda ante la justicia federal. El Gobierno de México no dio a conocer si existe una acusación formal contra el juez.
De acuerdo con la acusación presentada el 4 de septiembre, Benítez Alcántara presuntamente aprovechó su cargo como juez de Distrito en la Ciudad de México para facilitar la liberación de Andrew Clark, de 36 años, identificado como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Wedding.
Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por acusaciones de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos.
Tras su captura, compareció ante Benítez Alcántara, quien estaba encargado de supervisar su procedimiento de extradición.
En noviembre de ese año, Estados Unidos solicitó formalmente la entrega del narcotraficante canadiense. Sin embargo, según las investigaciones, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados para conseguir su liberación.
Durante ese período, también habría negociado el pago de 2 millones de dólares directamente al juzgador para obtener una resolución favorable.
El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que presuntamente recibió la totalidad del soborno, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación.
Días después, el narcotraficante fue detenido nuevamente y extraditado a Estados Unidos, donde continúa sujeto a un proceso penal.
Benítez Alcántara ejerció como juez de Distrito en esta frontera a partir del 2018 y a la vez fungió como administrador del Centro de Justicia Penal Federal antes de ser enviado al CJPF en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, establece el archivo periodístico.
Ese primer año Benítez Alcántara destacó a nivel nacional junto a ocho magistrados de Circuito y seis jueces de Distrito más, con jurisdicción en Ciudad Juárez, tras ser señalados de percibir un sueldo mayor al entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ganaba 108 mil pesos mensuales.
Los jueces de Distrito percibían 132 mil 431 pesos, de acuerdo con el tabulador de salarios publicado el 27 de febrero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación y confirmado por Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, entonces coordinador de magistrados en el Decimoséptimo Circuito, correspondiente a esta frontera.
Los jueces, además, obtenían 251 mil 486 pesos de aguinaldo y un bono por riesgo anual de 422 mil 194 pesos.
La Plataforma Nacional de Transparencia establece en el último reporte de nómina correspondiente al primer semestre del 2026, que Benítez Alcántara percibía un salario mensual bruto de 172 mil 716 pesos; un aguinaldo por 340 mil 643 pesos, una prima quinquenal por mil 222.65 pesos, un estímulo por el Día del Padre por mil 515 pesos, además de 15 mil 459. 87 pesos por seguro de vida institucional y un pago por riesgo por 246 mil 500 pesos.
Una resolución controversial emitida por Benítez Alcántara fue la absolución de Juan Carlos G. R., acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el único implicado en el uso del programa Pegasus, para interceptar las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui, el 12 de enero de 2024.
De ser declarado culpable, Benítez se enfrentaría a una pena máxima legal de 15 años de prisión federal por cada cargo, según la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Central de California.
