Francisco Garduño escuchó con los brazos cruzados los testimonios de quienes sobrevivieron al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Mientras familiares relataban enfermedades, depresión y la pérdida de sus seres queridos, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración comía y se cubría la boca.
La tragedia del 27 de marzo de 2023 dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Ahora, tras extinguirse la acción penal en su contra, Garduño atribuye el incendio a dos venezolanos, mientras las familias siguen reclamando atención médica, reparación del daño y justicia.
Su comportamiento exhibe una preocupante falta de sensibilidad. Un funcionario responsable de proteger vidas debería comprender que escuchar a las víctimas exige respeto, incluso cuando considera que ha cumplido con sus obligaciones legales.
Garduño representa una forma de ejercer el poder donde la autoridad parece confundirse con la dureza. Esa actitud recuerda ciertas prácticas de formación castrense, aunque sería injusto atribuirlas a todos los militares. El Ejército tiene una lógica de mando y disciplina; el servicio público requiere además empatía, diálogo y responsabilidad frente a los ciudadanos.
Mucho más cuando se representa a un gobierno surgido de la izquierda, cuyo discurso coloca los derechos humanos y la dignidad de las personas entre sus principales compromisos.
La extinción de una causa penal tampoco equivale a borrar las responsabilidades políticas y morales. Garduño pudo abandonar el tribunal sin enfrentar un juicio, pero su actuación seguirá sometida al escrutinio público.
Los 40 migrantes murieron bajo custodia del Estado. Esa realidad exige algo más que explicaciones defensivas y disculpas que las familias consideran insuficientes.
