Ciudad Juárez.- Las sentencias de 500, 600, 770 y 845 años de prisión que ha logrado la Fiscalía General del Estado (FGE) este año en contra de 13 integrantes de cuatro células delictivas dedicadas al secuestro de personas migrantes en esta frontera, son un recordatorio de no involucrarse en esos delitos, señaló Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez.
El activista destacó la relevancia que tiene la prueba anticipada en la persecución del delito contra personas en contexto de movilidad, ya que el desahogo de la prueba ante un juez antes de que las personas regresen a sus países de origen o huyan a Estados Unidos ha permitido la procuración de justicia.
“El precedente más importante es el uso de la prueba anticipada, creo que en todas estas sentencias hay prueba anticipada. Entonces, creo que nos habla de la importancia de que alguien pueda denunciar sin tener que volver a estar atado a la Fiscalía continuamente, eso me parece que es como la mejor práctica y seguramente la que permite ese nivel de conclusión”, subrayó.
La prueba anticipada es un proceso en el que hay una solicitud por parte del Ministerio Público, el juez la autoriza, luego hay un desahogo de esa prueba ante el juez, se guarda y se incorpora durante el juicio. Esto permite que las declaraciones dadas por los migrantes tras ser rescatados puedan validarse durante el juicio.
Desde julio, la Mesa de Seguridad y Justicia en Ciudad Juárez comenzó a sensibilizar a los jueces sobre la trascendencia de la medida, ya que un mes antes las autoridades investigadoras realizaron 15 solicitudes de prueba anticipada, pero sólo cuatro de ellas fueron autorizadas por los jueces; sin embargo, en los últimos meses el organismo ciudadano no ha tenido conocimiento de otras negaciones.
“Hay que ver si (las sentencias) se mantienen a través del tiempo y los amparos y demás cosas, pero definitivamente es más difícil deshacerse de una pena tan grande que de una pena de diez años”, externó.
Las condenas
Las últimas dos sentencias fueron dadas a conocer esta semana por la autoridad investigadora y se trató 500 y 770 años de cárcel en contra de dos grupos de secuestradores que fueron encontrados culpables de privar de la libertad bajo amenazas y agresiones físicas y psicológicas a sus víctimas, mientras pedían dinero por su rescate a sus familiares.
El martes 27 de octubre, El Diario informó la sentencia acumulada de 770 años de prisión que fue dictada contra Verónica Iveth L., y Bernardo L. M., al sumar 55 años por cada una de las 14 víctimas a las que privaron de la libertad y agredieron, nueve de ellas mexicanas y cinco guatemaltecas, entre el 6 de septiembre y el 10 de noviembre de 2024.
También fue dada a conocer la sentencia de 500 años de prisión en contra de Dulce Yadira T. B., Luis Elián M. D., Christian Iván H. M. y José Miguel R. M.; 50 años por cada una de las 10 personas a las que mantuvieron cautivas bajo amenazas constantes y agresiones físicas y psicológicas en abril de 2025.
El 25 de junio, este medio también informó la sentencia de 600 años de prisión impuesta a Jairo P. Z., Daniel P. Z. y Ashley Martín T. M. por el secuestro agravado de 12 personas migrantes originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, del 10 de junio al 18 de julio de 2024.
Durante el juicio en su contra, “la representación social sostuvo que los tres acusados actuaron con extrema violencia y causaron daños físicos, psicológicos y sexuales a las víctimas. Indicó que durante el cautiverio las personas migrantes fueron golpeadas con armas de fuego, tubos, cinturones y puños, además de ser sometidas a violencia emocional y, en algunos casos, a agresiones sexuales”, mientras exigían a sus familias hasta 17 mil dólares para liberarlas.
Tras encontrarlos culpables, el juez les impuso 50 años por cada una de las víctimas, se informó en la publicación titulada “Dan 600 años de cárcel a secuestradores de migrantes”, tras la cobertura de la audiencia.
Y la máxima sentencia lograda por la Fiscalía ocurrió en el mes de junio, cuando tras demostrar que Diana Michell S.V., Lilia Estefani C.P., Jesús Tomás C.S. y Oswaldo P.M., ejercieron tortura física, sexual y emocional en contra de 13 personas migrantes mientras les exigían a sus familiares miles de dólares a cambio de su libertad, un juez les impuso una sentencia de 845 años y 10 meses de prisión, por los delitos de secuestro agravado y contra la salud.
Según los relatos de las víctimas a las autoridades, durante los diez días que estuvieron secuestradas, en junio de 2024, fueron obligadas a tener relaciones sexuales entre ellas.
“Fue horrible… una de las víctimas mujeres estuvo hospitalizada y le practicaron dos cirugías de reconstrucción de senos por las múltiples quemaduras (con las que fue torturada)” relató personal de la Fiscalía.
Las víctimas acudieron a la audiencia de prueba anticipada y después se fueron de la ciudad. Supuestamente, algunas de ellas relataron a las autoridades estadounidenses lo que vivieron en esta frontera, por lo que ninguna regresó a su país de origen.
Migrantes, las víctimas
De acuerdo con las estadísticas compartidas por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la FGE a la Mesa de Seguridad y Justicia, entre enero y septiembre de 2026, al menos 105 personas, 92 de ellas migrantes, fueron secuestradas en Ciudad Juárez, en 50 casos.
La prueba anticipada “ya es un acuerdo alcanzado” y los jueces “están conscientes, se han sensibilizado y no hemos tenido más información respecto a trabas en practicar esa prueba anticipada para preservar los testimonios”, destacaron Asiain y Ernesto Cornejo, integrante de la misma agrupación el pasado 23 de octubre, al dar a conocer las últimas cifras oficiales del delito, que fue el caso de una persona local y cuatro casos de 11 personas en contexto de movilidad.
“Lo más importante es que es como un recordatorio del precio que puede pagar sumarse a diferentes células delictivas, por una parte. Y, por otra parte, refuerza el tema de la prueba anticipada… entonces, la importancia de que la gente pueda denunciar rápidamente sin riesgos futuros pues tiene un impacto en las investigaciones y en las posibles sentencias posteriores”, agregó Asiain.
