Una audiencia con implicaciones potencialmente significativas para el enjuiciamiento del tiroteo masivo de Walmart en 2019 y la próxima elección del fiscal de Distrito se llevará a cabo la próxima semana según lo programado, dictaminó un juez el jueves.

Sam Medrano, juez del Tribunal de Distrito 409, denegó una moción de la Oficina del Fiscal de Distrito para un aplazamiento de 30 días de la audiencia, para que pudieran revisar si el juez y la defensa se involucraron en órdenes judiciales ‘ex parte’ impropias que excluían a la Fiscalía.

Medrano dijo que la moción de la Fiscalía sugería que una gran cantidad de registros podría necesitar serles proporcionada. Sin embargo, señaló que sus desafíos legales sólo se aplicaban a una pequeña cantidad de registros, los cuales se les proporcionarían.

“Ni siquiera creo que sea necesario discutir. Se niega la moción de aplazamiento del Estado”, dijo.

El fallo del juez despejó el camino para una audiencia programada para el jueves 31 de octubre y el viernes 1 de noviembre, en torno a las acusaciones de mala conducta por parte de los fiscales planteadas por los abogados del presunto atacante Patrick Crusius.

Las acusaciones de la defensa, que se remontan a más de cuatro años e involucran a tres administraciones de fiscales de Distrito, acusan a los fiscales de violar el derecho de Crusius a un juicio justo al obtener grabaciones de sus conversaciones con sus abogados y adquirir registros de sus visitas con sus abogados y profesionales de salud mental.

En una breve conferencia de prensa después de la audiencia del jueves, el fiscal de Distrito Bill Hicks calificó las acusaciones de mala conducta como “ridículas y falsas”.

La moción del 9 de septiembre de la defensa solicitó que Medrano considerara desestimar los cargos contra Crusius o eliminar la pena de muerte como castigo si se determinaba que se violaron los derechos constitucionales del acusado.

Un testigo clave en la audiencia de la próxima semana podría ser Loretta Hewitt, quien fue fiscal en el caso del tiroteo masivo de Walmart desde enero hasta noviembre de 2023. En una entrevista de salida con funcionarios de recursos humanos del Condado tras su renuncia, ella afirmó que le dijeron, después de ser contratada, que “todas las decisiones respecto al caso de Walmart se tomarían para asegurar la reelección del señor Hicks y afectar positivamente su campaña de reelección”.

Hicks ha negado las acusaciones de Hewitt. Los abogados de Crusius emitieron una citación para que ella testifique en la audiencia de la próxima semana.

La audiencia se llevará a cabo cinco días antes de la elección del 5 de noviembre, en la que Hicks, un republicano designado en 2022 por el gobernador Greg Abbott, se enfrenta al demócrata James Montoya.

La citación para Hewitt no especifica qué información busca la defensa de ella. Sin embargo, la moción de la defensa del 9 de septiembre incluyó varias acusaciones de mala conducta por parte de los fiscales mientras Hewitt era la fiscal adjunta principal en el caso.

El miércoles, la Oficina del Fiscal de Distrito presentó una moción para anular la citación de Hewitt, argumentando que los abogados defensores no habían cumplido con el estándar legal para obtener su testimonio. La moción acusó al equipo defensor de usar la citación para obtener información privilegiada de Hewitt.

Medrano aún no ha dictaminado sobre la moción de la Fiscalía para anular la citación de Hewitt, y el tema no se abordó en la audiencia del jueves.

El enfoque de la audiencia del jueves fue si algunas órdenes propuestas por la defensa y emitidas por Medrano –sin ser compartidas con la Fiscalía– eran adecuadas según un fallo de febrero de 2023 del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas en un caso de Lubbock, que impuso nuevos límites a tales acciones, conocidas como ‘órdenes ex parte’.

La moción de la Fiscalía buscaba que una tercera parte independiente revisara cientos de mociones selladas en el caso para determinar si alguna de ellas eran ‘órdenes ex parte’ impropias bajo el estándar establecido por el Tribunal de Apelaciones Penales. El fiscal adjunto John Davis dijo en la audiencia del jueves que Medrano podría realizar dicha revisión él mismo.

Los fiscales también solicitaron un aplazamiento de un mes de la audiencia de la próxima semana para realizar la revisión.

En la moción, los fiscales dijeron que se enteraron de la existencia de posibles ‘órdenes ex parte’ a partir de la moción del 9 de septiembre de la defensa, que describe las acusaciones de mala conducta por parte de los fiscales.

Dos de esas órdenes se emitieron en 2021 e instruían a la Cárcel del Condado de El Paso a preservar cualquier video de las condiciones de alojamiento de Crusius. La otra ‘orden ex parte’ mencionada por los fiscales fue emitida el 18 de abril de 2023, y limitaba la capacidad de los profesionales médicos y de salud mental de contactar a Crusius.

Los abogados defensores dijeron en su moción del 9 de septiembre que los carceleros habían violado las tres órdenes.

En la audiencia del jueves, el abogado defensor Félix Valenzuela argumentó que el fallo del Tribunal de Apelaciones Penales en el caso de Lubbock sólo afectaba a las ‘órdenes ex parte’ emitidas después de esa decisión, y no a las órdenes emitidas antes de dicho fallo. Davis respondió que todas las ‘órdenes ex parte’ emitidas en el caso deberían estar disponibles para los fiscales si no estaban permitidas por las interpretaciones actuales de la ley.

Los abogados defensores dijeron que sólo habían solicitado cuatro mociones ‘ex parte’ a Medrano después de febrero de 2023, y esas fueron las únicas órdenes que él abordó en su fallo desde el estrado el jueves.

Las cuatro mociones ‘ex parte’ enumeradas en una presentación de la defensa el miércoles fueron emitidas en 2023 e involucraban dos órdenes a la cárcel para permitir que Crusius tuviera un instrumento de escritura y gafas; otra orden para que la cárcel lo llevara a una evaluación ocular; y una orden para transcribir un interrogatorio policial.

Medrano dijo desde el estrado que ordenaría que esas cuatro mociones fueran deselladas para que los fiscales pudieran verlas. También concedió una moción de la Fiscalía que establecía que sólo se concederán ‘órdenes ex parte’ autorizadas por la ley en adelante. “El tribunal continuará cumpliendo con todas las leyes”, afirmó.

La lista de la defensa de mociones ‘ex parte’ emitidas después del fallo del Tribunal de Apelaciones Penales no incluía la orden de abril de 2023 que limitaba las visitas a Crusius por parte de profesionales médicos y de salud mental, la cual habían incluido en su moción del 9 de septiembre. La decisión de Medrano de desellar algunas ‘órdenes ex parte’ no abordó la orden de abril de 2023.

Crusius, de 26 años, enfrenta cargos estatales por 23 cargos de asesinato capital, los cuales podrían llevar la pena de muerte, y 22 cargos de asalto agravado con arma mortal en el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso.

El año pasado, se declaró culpable de crímenes de odio federales y cargos por armas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera no buscar la pena de muerte en ese caso. Crusius fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal.

En su declaración de culpabilidad, admitió haber conducido 10 horas desde el Norte de Texas hasta El Paso con la intención de disparar a hispanos. En un manifiesto que publicó en línea justo antes del tiroteo, escribió que su propósito era “detener la invasión hispana de Texas”.

Aún no se ha fijado una fecha de juicio por los cargos estatales, pero una orden de programación de Medrano indica que el juicio podría comenzar a mediados de 2026.

Crusius estuvo presente en la audiencia del jueves, y Medrano requiere que asista a todas las futuras audiencias en el caso.