Una jueza federal dio de plazo al gobierno de Donald Trump hasta la última hora del lunes para traer de regreso a Estados Unidos a un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador el mes pasado, a pesar de una orden judicial que le permitía permanecer en el país.

En un breve fallo emitido el viernes, la jueza Paula Xinis dijo que los funcionarios federales habían actuado sin “base legal” el mes pasado cuando detuvieron al hombre, Kilmar Armando Abrego Garcia, y lo pusieron en un avión —sin garantías procesales— con destino a una tristemente célebre megaprisión salvadoreña.

La decisión de Xinis, que se produjo durante una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito, fue una dura reprimenda al gobierno de Trump. En documentos judiciales presentados esta semana, funcionarios del gobierno habían dicho que era poco lo que podían hacer para regresar a Abrego Garcia de El Salvador, incluso después de reconocer que su deportación el 15 de marzo había sido un error.

El fallo de la jueza podría ponerla de camino a un enfrentamiento con la Casa Blanca. El presidente Trump y algunos de sus principales ayudantes han atacado repetida y agresivamente a otros jueces federales que han cuestionado sus intentos de llevar a cabo sus políticas de deportación.

Horas después de la audiencia del viernes, el Departamento de Justicia dijo que tenía intención de apelar el fallo.

El caso de Abrego Garcia, un migrante salvadoreño cuya esposa y tres hijos son ciudadanos estadounidenses, se ha convertido en el último punto álgido de una batalla en varios frentes entre los abogados de inmigración y la Casa Blanca, que ha intensificado las deportaciones utilizando métodos tanto tradicionales como inusuales.

El caso también ha puesto de relieve los esfuerzos del gobierno de Trump por acusar a los migrantes de pertenecer a bandas callejeras violentas para acelerar su expulsión del país.

En los expedientes judiciales, el Departamento de Justicia ha acusado a Abrego Garcia, de 29 años, de pertenecer a una banda transnacional con raíces en El Salvador denominada MS-13. Pero los funcionarios solo han ofrecido pruebas limitadas que apoyan sus afirmaciones, y Abrego Garcia las ha negado.

Durante la audiencia del viernes, Xinis expresó su escepticismo sobre cualquier vínculo de Abrego Garcia con la MS-13, señalando que había pocas pruebas de que perteneciera a la banda.

“En un tribunal de justicia, cuando se acusa a alguien de pertenecer a una organización tan violenta y depredadora, se presenta en forma de acusación, denuncia y proceso penal, un proceso sólido, para que podamos abordar los hechos”, dijo Xinis. “Aún no he oído eso del gobierno”.

Fuera del tribunal, Jennifer Stefania Vasquez Sura, esposa de Abrego Garcia, celebró la decisión con una multitud de partidarios que ovacionaban.

“Seguiremos luchando por Kilmar, por mi marido”, dijo.

En la audiencia, el Departamento de Justicia pareció reconocer que no tenía las cartas a su favor.

Erez Reuveni, abogado del Departamento, admitió ante la jueza que, en primer lugar, no se debería haber expulsado a Abrego Garcia, y le dijo que se había sentido frustrado con el caso después de que llegara a su escritorio.

Reuveni buscó lo que parecía una solución intermedia, pidiendo 24 horas para persuadir a su “cliente” —el gobierno de Trump— de que iniciara el proceso para sacar a Abrego Garcia de la prisión, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo.

“Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, le dijo Xinis.

Pero finalmente la jueza rechazó su petición e impuso un plazo hasta las 11:59 p. m. del lunes para que Abrego Garcia fuera devuelto a Estados Unidos.

Wendy Ramos, portavoz del presidente de El Salvador, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre si el gobierno tenía intención de entregar a Abrego Garcia a las autoridades estadounidenses.

Abrego Garcia llegó ilegalmente a Estados Unidos en 2011, según los documentos judiciales, para estar cerca de su hermano mayor que vivía en Maryland. Vivió pacíficamente, formando una familia con Sura, hasta marzo de 2019, cuando fue detenido por la policía local mientras buscaba trabajo ocasional fuera de un Home Depot.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se hizo rápidamente con el control de su caso e inició un esfuerzo para deportarlo, basado en parte en acusaciones de que era miembro de la MS-13.

Pero en octubre de 2019, Abrego Garcia convenció a un juez de inmigración de que podría sufrir violencia, incluso tortura, si era devuelto a su país. El juez le concedió un estatus especial denominado “retención de expulsión” que le permitió evitar ser deportado.

El mes pasado, después de que hubieran pasado casi seis años, Abrego Garcia fue detenido de nuevo por agentes de inmigración que le dijeron incorrectamente que su estatus protegido había cambiado.

Lo detuvieron, y a los tres días lo pusieron en uno de los tres vuelos a El Salvador que el gobierno de Trump había organizado apresuradamente utilizando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII rara vez invocada, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a un grupo de hombres venezolanos acusados de pertenecer a otra banda, el Tren de Aragua.

Dos de los aviones fueron enviados a El Salvador bajo la autoridad de la ley de tiempos de guerra, según dijeron funcionarios del gobierno. Pero se suponía que el tercer vuelo —en el que viajaba Abrego Garcia— solo transportaba migrantes con órdenes formales de expulsión firmadas por un juez.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego Garcia, dijo a los periodistas tras la audiencia del viernes que esperaba que una victoria en el caso sentara un precedente en los casos de otros hombres deportados a la prisión salvadoreña, al demostrar que el gobierno tenía la capacidad para devolverlos a Estados Unidos.

Sandoval-Moshenberg añadió que apreciaba que Reuveni, el abogado del Departamento de Justicia, “reconociera la gravedad del caso”. Pero lamentó que el gobierno de Trump no hubiera cooperado hasta ahora para traer de vuelta a su cliente.

“No fue la maldad de intentar herir a Kilmar”, dijo Sandoval-Moshenberg. “Fue la maldad de la apatía en cuanto a si deportan o no a la persona correcta”.