Kilmar Armando Abrego Garcia, quien se convirtió en el protagonista de una vorágine política y legal tras ser deportado por error a El Salvador, fue devuelto este viernes a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el traslado de migrantes indocumentados.

La sorprendente medida del gobierno de Donald Trump, tras meses en los que rechazó cualquier esfuerzo por devolverlo, podría poner fin a la batalla judicial de más alto perfil sobre la autoridad del presidente para detener y deportar rápidamente a personas migrantes.

La decisión de sacar a Ábrego García de El Salvador y juzgarlo en un tribunal estadounidense podría brindarle una vía de escape al gobierno de Trump, que se había opuesto amargamente a las órdenes judiciales que exigían al gobierno que tomara medidas para devolverlo tras su expulsión ilegal en marzo.

La imputación de 10 páginas presentada en el Tribunal Federal de Distrito de Tennessee también representa un posible esfuerzo por salvar las apariencias: devolver a Abrego Garcia para que enfrente cargos penales permite a la Casa Blanca evitar una confrontación legal cada vez más difícil que se iba decantando hacia la interrogante de si los funcionarios del gobierno de Trump debían ser declarados en desacato.

“Abrego Garcia ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia”, dijo la fiscala general Pam Bondi en una conferencia de prensa en Washington. “Era un traficante de seres humanos, mujeres y niños”.

Y añadió: “Así es la justicia estadounidense”.

Dos personas familiarizadas con la investigación dijeron que esta dio un importante paso adelante cuando un hombre encarcelado ofreció recientemente información sobre Abrego Garcia, pero hubo preocupación y desacuerdo entre los fiscales sobre cómo proceder. En las últimas semanas, un supervisor de la fiscalía federal de Nashville renunció por la forma en que se había llevado el caso, dijeron estas personas.

Bondi continuó lanzando acusaciones contra Abrego Garcia que no estaban incluidas en el acta de imputación, afirmando que algunos co-conspiradores le dijeron a los investigadores que Abrego Garcia había ayudado a contrabandear “niños menores” y miembros de bandas durante decenas de viajes por todo el país. Lo relacionó con delitos más graves, como asesinatos y abusos a mujeres, aunque solo se le acusa de tráfico.

También afirmó, sin aportar pruebas, que su vida aparentemente respetuosa con la ley en Maryland como contratista, padre y marido era una fachada de actividades delictivas que se prolongaron durante nueve años. Bondi, quien encabezó la campaña de relaciones públicas del gobierno para desacreditarlo durante la batalla judicial, predijo que sería condenado y devuelto a El Salvador para su encarcelamiento.

La fiscala general se negó a decir cuándo se abrió la investigación de Tennessee sobre Abrego Garcia. Su imputación se presentó hace más de dos semanas, el 21 de mayo, y se desprecintó el viernes, después de que el hombre llegó a Estados Unidos.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que creía que era probable que la imputación dejara sin efecto la demanda interpuesta por la familia de Abrego Garcia para forzar su liberación de la custodia salvadoreña.

Abrego Garcia compareció ante el tribunal federal de Nashville más tarde el viernes, y el gobierno solicitó que se le mantuviera bajo custodia.

Al preguntársele si había hablado directamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que tomara medidas para liberar a Abrego Garcia, Trump se mostró reacio. “No quiero decir eso. Pero volvió”, afirmó, y añadió: “Y nunca debería haber tenido que ser devuelto. Miren lo que ha ocurrido con él; miren lo que descubrieron en el gran jurado y en todas partes”.

Bukele, quien anteriormente había dicho que no pondría en libertad a Abrego Garcia, dijo el viernes en las redes sociales: “Trabajamos con el gobierno de Trump, y si solicitan la devolución de un miembro de la banda para que se enfrente a cargos, por supuesto que no nos negaríamos”.

Los abogados de Abrego Garcia dijeron que acogían con satisfacción la noticia de que su cliente tendrá la oportunidad de presentarse ante la justicia y señalaron que la decisión del gobierno de devolverlo a Estados Unidos socavaba los prolongados esfuerzos por mantenerlo en El Salvador.

“La acción de hoy demuestra lo que hemos sabido desde el principio: que el gobierno tenía la capacidad de traerlo de vuelta y simplemente se negaba a hacerlo”, dijo Andrew Rossman, abogado de Abrego Garcia. “Ahora le toca a nuestro sistema judicial que Abrego Garcia reciba el debido proceso que la Constitución garantiza a todas las personas”.

Ama Frimpong, directora jurídica de CASA, grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en Maryland, describió los sentimientos encontrados de la esposa de Abrego Garcia, Jennifer Vasquez Sura. Ella “está, por supuesto, muy contenta de que su marido esté de vuelta en suelo estadounidense, al menos por lo que sabemos”, dijo Frimpong, “pero, por supuesto, en circunstancias muy atroces y horrendas”.

A pesar de que el gobierno de Trump ha acusado reiteradamente a Abrego Garcia de pertenecer a la MS-13 —que ha sido designada como organización terrorista—, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito dictaminó en abril que el acusado había sido privado de sus derechos al ser deportado de manera errónea.

“El gobierno afirma que Abrego Garcia es un terrorista y miembro de la MS-13”, escribió el panel. “Puede que sí, pero puede que no. En cualquier caso, sigue teniendo derecho al debido proceso”.

Desde el inicio del caso, los funcionarios gubernamentales han intentado describir a Abrego Garcia, un trabajador metalúrgico que durante años ha vivido de manera ilegal en Estados Unidos sin tener incidentes, como miembro de la violenta pandilla MS-13. Los cargos presentados en su contra ante el Tribunal Federal de Distrito de Nashville le acusaban de pertenecer a la banda y de participar en una conspiración para “transportar a miles de extranjeros indocumentados” por Estados Unidos.

En los documentos judiciales en los que se solicitaba su prisión preventiva, los fiscales dijeron que Abrego Garcia había formado parte de una conspiración de tráfico de personas y había desempeñado “un papel significativo” en el contrabando de inmigrantes, incluidos menores no acompañados.

De ser declarado culpable, Abrego Garcia podría enfrentarse a una pena máxima de 10 años de prisión por cada persona que transportó, decían los documentos, una pena que iría “mucho más allá del resto de la vida del acusado”.

Abrego Garcia estaba bajo custodia salvadoreña desde el 15 de marzo cuando fue trasladado, junto con decenas de otros migrantes, a manos de los administradores del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, una tristemente célebre prisión conocida como CECOT. Posteriormente fue trasladado a otro centro de El Salvador.

Durante casi tres meses, sus abogados han intentado todos los recursos legales posibles para hacer cumplir las órdenes judiciales que exigen que el gobierno de Trump “facilite” su liberación de El Salvador.

Desde el principio del caso, las autoridades han reconocido que Abrego Garcia fue expulsado erróneamente a El Salvador, incumpliendo una orden judicial previa que prohibía expresamente su envío a ese país. Pero el Departamento de Justicia, actuando en nombre de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional, no ha cedido ni un ápice más allá de esa admisión, diciendo que si Abrego Garcia se presentaba en la frontera estadounidense, los funcionarios “facilitarían” su reingreso al país.

Los abogados del Departamento de Justicia también han pasado semanas bloqueando el intento de la jueza Paula Xinis, que supervisa el caso, de obtener respuestas a la pregunta de qué ha hecho y qué piensa hacer la Casa Blanca para lograr la libertad de Abrego Garcia. Las negativas del gobierno de Trump a responder a las preguntas sobre su propio comportamiento en el caso han molestado tanto a Xinis que esta semana permitió que los abogados de Abrego Garcia solicitaran sanciones contra el gobierno.

Según el acta de imputación, el caso contra Abrego Garcia se remonta al 30 de noviembre de 2022, cuando fue detenido por exceso de velocidad por la Patrulla de Caminos de Tennessee en la interestatal 40 Este, en el condado de Putnam. Los agentes determinaron que la Chevrolet Suburban que conducía había sido alterada con “una tercera fila de asientos posventa diseñada para transportar pasajeros adicionales”, decía el acta de imputación.

También señaló que había “nueve hombres hispanos hacinados en el todoterreno”.

Abrego Garcia dijo a los agentes que él y sus pasajeros habían estado en San Luis las dos últimas semanas haciendo trabajos de construcción, según el acta de imputación. Pero una investigación posterior, dijeron los fiscales, reveló que los datos del lector de matrículas y del teléfono móvil de Abrego Garcia mostraban que esa mañana había estado en Texas y no en algún cerca de San Luis durante las últimas semanas.

Además, según la imputación, ninguna de las personas que iban en el vehículo “llevaba equipaje ni siquiera herramientas propias de los trabajos de construcción”.

Los fiscales dijeron que la infracción de tránsito en Tennessee no era la primera vez que Abrego Garcia se dedicaba al tráfico de migrantes, que, según dijeron, era su “principal fuente de ingresos”. Añadieron que había transportado a unos “50 extranjeros indocumentados” al mes por todo el país durante varios años.