El nuevo requisito se basa en la ley de inmigración vigente , que establece que los extranjeros mayores de 14 años que no estén registrados ante las autoridades estadounidenses deben registrarse y se les deben tomar las huellas dactilares si planean permanecer en Estados Unidos durante 30 días o más. Sin embargo, en la práctica, la norma no se ha aplicado de forma uniforme a los ciudadanos canadienses que cruzan a Estados Unidos por tierra.
En el primer día de su mandato, el presidente Trump indicó que la práctica cambiaría con una orden ejecutiva que exige que todos los extranjeros no registrados previamente cumplan con la ley. La orden también advirtió que el incumplimiento se consideraría una prioridad de cumplimiento civil y penal.
Los funcionarios canadienses afirmaron que las autoridades canadienses habían recibido el aviso. ABC News lo había informado previamente.
Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Una publicación posterior del USCIS afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional explicaría cómo los ciudadanos extranjeros que aún no hubieran cumplido con el requisito de registro podrían hacerlo.
La notificación es el último movimiento de la administración Trump en una creciente confrontación con Canadá que se ha visto marcada por sucesivos aranceles y renovados comentarios de Trump sobre anexar al vecino del norte de Estados Unidos y convertirlo en el estado número 51.
A principios de este mes, la administración Trump impuso un arancel del 25 % a la mayoría de las importaciones canadienses y luego lo suspendió para algunos productos. El martes, Trump anunció que duplicaría los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses , después de que la provincia canadiense de Ontario tomara represalias contra la ronda inicial de aranceles con cargos adicionales a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos.
A fines del mes pasado, la administración Trump anunció que la orden ejecutiva sobre el registro de ciudadanos extranjeros también se aplicaría a los inmigrantes indocumentados de 14 años o más, y que aquellos que no se registraran y se sometieran a la toma de huellas dactilares se arriesgaban a un procesamiento penal.
El Departamento de Seguridad Nacional declaró en ese momento que los titulares de tarjetas verdes, aquellos que ya estaban en procesos de deportación y las personas que ingresaron al país con visas estarían exentos del requisito de registro.
