La incautación de las instalaciones de Vulcan Materials por parte del Gobierno mexicano es una amenaza directa para los empleos, así como para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, afirmaron más de 30 integrantes de la Cámara de Representantes de aquel país en una carta dirigida al embajador mexicano Roberto Lazzeri Montaño.
La misiva, encabezada por la representante estadounidense Terri Sewell y respaldada por otros legisladores, señala que, a pesar de que un tribunal internacional dictaminó que México violó sus obligaciones comerciales al paralizar parte de las operaciones de Vulcan, el Gobierno ha continuado atacando a esta empresa.
"Por eso, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, dejando claro que Estados Unidos no tolerará la apropiación ilegal de activos estadounidenses por parte de gobiernos extranjeros", añadió la representante por Alabama en un comunicado conjunto.
La mencionada Ley faculta al Gobierno de Estados Unidos a aplicar represalias comerciales y económicas ante la expropiación o afectación de activos de empresas estadounidenses en el extranjero.
A su vez, el representante Salud Carbajal, de California, dijo que las empresas y los trabajadores estadounidenses que operan en el extranjero merecen un trato justo.
"Las medidas adoptadas contra Vulcan Materials son inaceptables y constituyen una clara violación de las normas del comercio internacional", afirmó.
Gary Palmer, también congresista por Alabama, dijo que el continuo ataque del Gobierno mexicano contra Vulcan Materials es inaceptable.
"Ninguna empresa estadounidense debería ver confiscadas sus propiedades ni amenazadas sus operaciones por un gobierno extranjero que actúa al margen del Estado de derecho.
"México debe poner fin a estas acciones, respetar los derechos de propiedad de Vulcan y demostrar que pretende ser un socio comercial confiable de Estados Unidos", añadió.
En 2022, el Gobierno de la 4T clausuró las operaciones de la mina de piedra caliza operada por Vulcan en la Riviera Maya, Quintana Roo, argumentando daños ambientales severos al extraer material por debajo del manto freático.
En marzo de 2023, el Gobierno mexicano volvió a invadir y ocupar la propiedad de Vulcan para beneficiar a Cemex, según la misiva.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2024, se declaró la mina Área Natural Protegida (ANP), impidiendo que Vulcan la utilizara con fines productivos. Ahora, el Gobierno de México recurre a acusaciones penales infundadas para volver a invadir la propiedad de Vulcan y, potencialmente, confiscar sus bienes.
La empresa calificó las medidas como una expropiación ilegal y llevó el caso a tribunales de arbitraje internacional, exigiendo millonarias compensaciones.
Instancias internacionales han emitido resoluciones sobre violaciones a las obligaciones comerciales, derivando en disputas legales y financieras complejas que continúan generando presión política en el Congreso de Estados Unidos.
