Colombia pondrá en marcha por primera vez un procedimiento de eutanasia química para controlar la población de hipopótamos que habita en libertad en el país.
En una primera fase, las autoridades intervendrán a diez ejemplares durante los próximos cuatro meses, como parte de una estrategia para contener la expansión de esta especie invasora y reducir los riesgos para las comunidades y los ecosistemas.
Los animales fueron identificados en el Magdalena Medio antioqueño, en zonas cercanas a Puerto Nare y Doradal, donde su presencia representa un peligro para los habitantes.
Uno de los ejemplares, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, frecuenta un río que deben atravesar 23 niños para llegar a su escuela.
El procedimiento contempla localizar y capturar a los hipopótamos, sedarlos y administrarles una sustancia que les provocará la muerte.
Para llevarlo a cabo, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) gestiona la importación de etorfina y contará con asesoría de especialistas de Sudáfrica.
El proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesos colombianos y cada intervención podría superar los 40 millones.
La decisión responde al crecimiento de una población que se estima entre 250 y 260 hipopótamos, distribuidos en cinco jurisdicciones de autoridades ambientales.
Los animales descienden de cuatro ejemplares -tres machos y una hembra- que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia en la década de 1980 para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles.
Tras su muerte, los animales quedaron en el país y se reprodujeron sin depredadores naturales.
La expansión se ha convertido en un problema ambiental y de seguridad. Los hipopótamos compiten con especies nativas, alteran los suelos y pueden modificar los ecosistemas acuáticos, además de contaminar el agua con sus desechos.
Por su tamaño, fuerza y comportamiento territorial, también representan un peligro para quienes viven o trabajan cerca de los ríos.
En el Magdalena Medio se han documentado ataques a personas, incluidos pescadores.
Uno de los casos que aceleró la intervención ocurrió en Puerto Nare, donde un hipopótamo apareció en un río utilizado por 23 estudiantes para trasladarse diariamente a su escuela.
La ruta fluvial también es empleada por los habitantes para llegar a servicios médicos, mercados y otros puntos de la región.
La importancia de la medida radica en que busca evitar que la población siga creciendo y reducir los daños a la biodiversidad y los riesgos para las comunidades.
De acuerdo con el Instituto Humboldt, sin acciones de control la población podría alcanzar los mil ejemplares para 2035.
Las autoridades consideran que la intervención es necesaria porque la reproducción de estos animales supera la capacidad de las instituciones para contener su expansión mediante otras alternativas.
La eutanasia, sin embargo, no será la única medida. El plan nacional contempla también la esterilización, el confinamiento, el traslado de ejemplares a otros países y el monitoreo de la población, además de acciones de educación ambiental con las comunidades.
Algunas de estas alternativas enfrentan obstáculos logísticos y financieros, así como la necesidad de obtener permisos internacionales para trasladar a los animales.
La primera fase piloto tendrá una inversión de 500 millones de pesos colombianos y una duración de cinco meses.
Las autoridades estiman que cada procedimiento podría superar los 40 millones de pesos. Para realizarlo deberán importar etorfina, un medicamento especializado utilizado para inmovilizar a los ejemplares, y contarán con asesoría de expertos de Sudáfrica.
El manejo de los cuerpos también requerirá medidas especiales, pues los fármacos utilizados podrían intoxicar a otros animales si los restos quedan expuestos.
Por ello, las autoridades prevén retirarlos del agua y enterrarlos de acuerdo con protocolos de bioseguridad.
La decisión ha generado controversia por el sacrificio de animales que, aunque son una especie invasora en Colombia, forman parte de una población que surgió por intervención humana.
Las autoridades ambientales sostienen que el objetivo es controlar su expansión y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas, mientras continúan evaluando otras opciones de manejo.