Lujo, hoteles, restaurantes... y robos en Distrito 1
Convirtió Morena en mitin una rueda de prensa
Violencia local culturalmente normalizada y hasta violencia importada de los malos ejemplos de colegios de Estados Unidos, parecen ser los factores de fondo en la amenaza dejada en los baños de niñas de la primaria Luis Urías Belderráin, de la colonia San Felipe.
“Mañana ay un tiroteo” (sic), fue la frase dejada, aparentemente, por un par de niñas que apenas unas horas después del hallazgo de la pinta, reportado por otra alumna, habrían sido identificadas mediante la revisión de cámaras cerca de los baños, que permitieron inferir quiénes habían entrado antes y después de que fuera dejada la amenazante leyenda.
Durante el miércoles, el hecho generó incertidumbre entre los alumnos y padres de familia, que se enteraron primero por rumores y luego por un comunicado oficial del plantel en el que fue explicada la situación.
La tensión llegó a límites como plantear la suspensión de clases ayer jueves, pero bien analizada la problemática y detectada la dimensión de la amenaza, lo conducente fue mantener las labores normales de la escuela, sin afectaciones para el alumnado, los padres o maestros.
No había riesgo real, pues, del tiroteo advertido en la pinta mal escrita en los baños, por fortuna, pero desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal advirtieron al plantel de algo más profundo: la muestra de descomposición que llega con la cultura de la muerte y la violencia, producto del mundo de los adultos que contamina y afecta en mayor medida a la infancia.
Sucesos similares han ocurrido en los meses previos: en octubre fueron cuatro escuelas las que tuvieron reportes de este tipo, una primaria y una secundaria federales, así como las secundarias estatales 3043 “Martín H. Barrios Álvarez” y la 3013; en septiembre fueron otras tres.
Los casos recientes, conocidos, deberían motivar la reflexión de los maestros, directivos, asociaciones de padres y madres de familia y, especialmente, de las autoridades educativas, que no pueden tomar como simples casos aislados esos hechos.
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Tras el robo en el valet parking de Distrito 1 contra un cliente del restaurante Mochomos, las quejas sobre la plaza comercial se han multiplicado por parte de los asiduos visitantes aficionados al lujo, cada vez más diluido y ahora hasta riesgoso, de los restaurantes, hoteles y otros negocios.
Son, especialmente, las empresas operadoras de estacionamientos y valets las destinatarias de los reclamos por el robo de piezas de los vehículos o de lo que cargan en su interior, como pasó la semana pasada con la Ram 2026, entregada a una persona que no era el propietario, y los palos de golf hurtados de la misma unidad.
La robadera de artículos personales, herramientas, llantas y demás es algo común y no hay quién responda a pesar de la supuesta hipervigilancia con cámaras y seguridad privada en el sitio convertido en refugio de los más acaudalados.
Por si fuera poco, los problemas de estacionamiento que tiene, donde funcionan los privados de paga más que los espacios públicos que debería tener cada negocio por parte del propietario o arrendatario, llevan a pensar si la plaza cumple con la cantidad de cajones a los que le obligan las leyes y reglamentos de la ciudad u opera al margen de las disposiciones aplicables a establecimientos en otras partes de la ciudad.
En fin, si eso pasa en el lugar más nice y seguro de Chihuahua, ¿cómo estarán los alrededores y las partes menos favorecidas por el desarrollo en el resto de la ciudad? ¿No habrá autoridad pública que pueda poner orden?
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Finalmente no dio la cara la presidenta de Morena, Brighite Granados, en la rueda de prensa de ayer convocada por el mismo partido, la cual fue encabezada por el presidente del Consejo Estatal y el secretario general del Comité Ejecutivo, Hugo González y Omar Holguín.
Acompañaron la cabecera Kevin Mares, secretario de Organización; Ana Contreras, secretaria de Finanzas; Luisa Rey, secretaria de Formación Política y Valeria Cruz, secretaria de las Mujeres, pero ni rastro de la que formalmente sigue a la cabeza de Morena en Chihuahua.
Fuera del discurso de la unidad y del mensaje explícito de que Granados de la Rosa no ha sido removida y que sólo se irá de la dirigencia si ella renuncia, quedó en claro que, de facto, ha perdido las riendas del morenismo, pues por decisión propia se ha concentrado en el proyecto de Ciudad Juárez encabezado por Andrea Chávez, pero ha renunciado a las tareas en el resto del estado.
Ninguna novedad, pues, salvo la extraña determinación morenista de convertir en un mitin esa rueda de prensa; como en otras ocasiones, innecesariamente fueron citados consejeros del partido, que quien sabe en qué trabajan o de qué dependencias son aviadores, como para tener tiempo de ir a hacer montón en un día hábil a las 10 de la mañana.
La presencia de unos 30 morenistas, aparte de los que ofrecieron la rueda de prensa, generó inconformidad generalizada entre los periodistas, porque los morenistas interrumpían con el ruido de las pláticas y chirinolas entre grupitos. la gota que derramó el vaso fue cuando aplaudieron luego de una respuesta del presidente del Consejo, acto innecesario y hasta infantil.
¿A poco los periodistas van a interrumpir las sesiones del Consejo de Morena? ¿A poco van y gritan a sus reuniones internas?
Vaya falta de respeto a la función del periodismo; y qué brutal ignorancia del funcionamiento de los medios y de la naturaleza de este tipo de encuentros entre fuentes informativas y periodistas.
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Durante los trabajos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) orientados al reconocimiento y ejecución transfronteriza de órdenes de protección, la representación de nuestro país ante la reunión de expertos en Londres quedó plasmada en un exhaustivo cuestionario internacional.
Aunque las respuestas oficiales comprometen al Estado mexicano en su conjunto, la responsabilidad de sistematizar e informar sobre el marco jurídico nacional recayó formalmente en el Juzgado Cuarto Familiar por Audiencias del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Así lo dice textual el documento publicado en la página web oficial internacional.
Este juzgado de oralidad familiar, que porta una auténtica «estrellita» por asumir dicho encargo técnico, tiene como titular en el Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital del estado, a Gabriela Alvídrez Wisbrun, mientras que en el Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez, la responsable es Norma Inés Ramos Chavira.
Independientemente de cuál de sus ponencias haya tenido a su cargo el vaciado final del extenso documento -no hay especificación al respecto-, resulta encomiable que sea la judicatura local chihuahuense la responsable en el tema ante la comunidad jurídica global.
Allá andan en la reunión de Londres, que termina hoy, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, y la magistrada familiar, Sara Julieta Muñoz Andrade.
Ellas, de acuerdo con un comunicado oficial, fueron designadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de la Delegación Mexicana para la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Órdenes de Protección (REPO), convocada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
En Argentina andan otros magistrados y personal del mismo Tribunal de Justicia.
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Quedó en el tintero del debate en el TEE acerca de la paridad de género -donde aún habrá que esperar a ver que dice la Sala Guadalajara del TEPJF- la postura de la magistrada Socorro Roxana García Moreno respecto al artículo 16 de los lineamientos del IEE, enfocada en cerrar el paso al llamado fraude a la ley en la autoadscripción de género.
Hizo énfasis Roxana en la necesidad de evitar que las acciones afirmativas sean vaciadas de contenido, pidiendo al IEE que establezca criterios objetivos que impidan que hombres se adscriban como mujeres de manera instrumental solo para ocupar espacios reservados.
Dice la magistrada que en procesos electorales recientes en el país varones han utilizado la autoadscripción como mujeres como atajo jurídico para evadir las reglas de paridad.
Hay, dice, una línea clara entre el respeto a los derechos humanos y la prevención de la simulación, por lo que pidió, sin exigir pruebas médicas ni vulnerar la dignidad o intimidad de las personas, que el IEE verifique indicios previos y públicos, como el uso habitual del nombre, pronombres o participación social anterior al registro, para corroborar que la identidad manifestada no responda a un cálculo meramente electoral.
Broncón, porque ahora el IEE deberá ir al histórico de redes sociales, periódicos o medios de comunicación, o a cualquier indicio, para buscar a esos varones que usan la autoadscripción como mujeres para obtener candidaturas.