El pasado 28 de agosto se anunció un acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. A pocos días de conocerse sus primeros detalles, una certeza incómoda se instala entre nosotros, los venezolanos de a pie: lo que nos presentan como cooperación, muy probablemente sea la materialización de un despojo que comenzó mucho antes.

Dicho pacto no puede leerse desde una mirada aislada y sin contexto. Es la continuación lógica de un proceso que arrancó el 3 de enero, cuando una incursión militar estadounidense dejó más de cien muertos y capturó ilegalmente al Presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores.

Seis días después, el 9 de enero, la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 14373, que ordena depositar todos los ingresos de Venezuela por petróleo y minerales en una cuenta del Tesoro de Estados Unidos.

Es decir, desde enero, nuestro petróleo se vende, pero el dinero no llega al presupuesto nacional, llega a Washington, que reconoce que esos bienes son propiedad de Venezuela, pero impide usarlos, gozarlos o disponer de ellos.

La propiedad, nos enseñaron, es precisamente el derecho de usar, gozar y disponer. Si no podemos hacer ninguna de las tres cosas, no somos propietarios de nada, nos recordó el reconocido intelectual venezolano Luis Britto García hace unos días.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el 27 de julio que los ingresos por la venta de petróleo venezolano alcanzaron los 13 mil millones de dólares, cifra que el periódico británico Financial Times reportó para el primer semestre de 2026.

Pero en el Fondo de Protección Social e Infraestructura de Venezuela, diseñado para mostrar con transparencia esos ingresos, solo aparece una transacción de 300 millones en marzo. 13 mil millones frente a 300 millones. En el mejor de los casos, los venezolanos no podemos saber dónde están los ingresos.

La agencia de noticias Reuters reveló datos que aportó un funcionario estadounidense no identificado, quien aseguró que Estados Unidos obtiene una participación del 35 por ciento en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners mediante "opciones de precio simbólico", lo que implica que puede adquirir esa porción por un costo casi nulo, tendrá acceso al 20 por ciento de la producción a precio de costo y un derecho de tanteo sobre el resto.

Todo sin asumir los riesgos de una inversión inicial de 100 mil millones de dólares. Los riesgos son nuestros; los beneficios, suyos.

El acuerdo otorga derechos de explotación por 25 años (según Caracas) sobre 17 yacimientos en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles.

De tal modo que todos los venezolanos, sin excepción, estamos atados a un compromiso y, si algo resalta de dicho acuerdo, es su evidente injusticia favorable al imperialismo estadounidense.

El pasado martes, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio lo confirmó en declaraciones públicas, afirmando que "estos campos generarán regalías e ingresos para el pueblo venezolano eventualmente a través de un Gobierno elegido democráticamente".

Leamos con cuidado. "Eventualmente", no ahora. "A través de un Gobierno elegido democráticamente", no a través de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que es encargada, no electa.

De manera que Rubio admite solapadamente que los ingresos no fluirán mientras no se cumpla una condición política que Washington impone.

Los venezolanos sabemos distinguir entre cooperación y subordinación. Este no es un tratado entre iguales, sino un contrato con un ente imperial que hace ocho meses bombardeó militarmente a nuestro hermoso país, cuya independencia se forjó a sangre y fuego hace más de 200 años.

Hablar hoy desde Venezuela es hacerlo desde un país atacado, sancionado, cercado por el imperialismo estadounidense.

Un acuerdo que se impone bajo presión militar y que difiere los beneficios para un momento "eventualmente" indefinido no es un acuerdo.

Es una confiscación disfrazada de contrato. Queremos acuerdos internacionales, sí, pero que apunten al desarrollo, a la estabilidad, a la felicidad social, no solo desde la retórica, sino con la fuerza de los hechos.

Nuestra felicidad social está íntimamente ligada a nuestra noción de patria, de independencia, soberanía y libertad, como cuestión de principios.

Es lamentable que la política exterior estadounidense se asemeje cada vez más a la ley del más fuerte, transmitiendo la sensación de que la humanidad ha retrocedido moralmente no solamente dos siglos, sino quizá muchos más.

Hace 200 años que nos ganamos el derecho a ser una república y a que no nos gobiernen ni nos administren desde afuera.
Este 2026 la tristeza en Venezuela no solo viene dada por los sismos; el suelo de nuestro territorio también ha sido herido por la metralla imperial y el honor del país pretende ser mancillado por un saqueo disfrazado de cooperación amistosa.