Chihuahua, Chih.- Delitos como enriquecimiento ilícito hasta la tortura, son algunas de las acusaciones que pesan sobre la anterior administración gubernamental del exgobernador Javier Corral, las cuales podrían ser parte de lo que declaren los exfuncionarios acogidos a criterios de oportunidad y que les permitió estar libres.
Desde la semana pasada se dio a conocer la liberación del excoordinador de Comunicación Social durante la administración de Corral, Antonio P., quien permanecía detenido desde el mes de septiembre de 2023 y luego de casi dos años y medio prófugo de la justicia. Esto dado que se adhirió a un criterio de oportunidad por el que el imputado aceptó declarar en contra del exmandatario, tal como lo hizo el exsecretario de salud antes de concluir la administración, Eduardo F.
Cabe recordar que como estos exfuncionarios son ya 19 a quienes se investiga por diversas acusaciones relacionadas a malos manejos, corrupción y hasta tortura que pesan sobre la administración de Javier Corral e incluso ya sobre el propio mandatario en denuncia administrativa y penal.
El excoordinador de Comunicación Antonio P., era el único de los acusados que permanecía preso, sin embargo, obtuvo su salida del Cereso bajo arraigo domiciliario, según fuentes al interior de la Fiscalía Anticorrupción.
Como lo determina el Artículo 256 del Código de Procedimientos Penales citado en un comunicado oficial por la Fiscalía Anticorrupción, este criterio puede darse: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”, esto representaría que habría una investigación de mayor jerarquía y un delito más grave que se investiga y para lo que la declaración de los dos imputados sería esencial, como lo explicó la FACH.
Cabe recordar que a Antonio P., se le acusa del desvío de más de 200 mil pesos del erario público a través de empresas fantasma y un entramado en el que involucró a familiares y amigos.
Asimismo a Eduardo F., exsecretario de salud se le acusa del desvío de 400 millones de pesos, por la contratación de un crédito con la institución bancaria Bansi donde el crédito se iba a pagar en seis mensualidades, y solo se realizó un pago de más de 24 millones.
Por su parte el exgobernador Javier Corral ha sido acusado de forma penal, administrativa y públicamente. De manera reciente se le acusa por las faltas graves de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Que son de tipo administrativo y penal, pero ambas relacionadas al llamado ‘terreno caliente’ en la calle Costa Rica, de la colonia Partido Romero en Ciudad Juárez.
Por esta situación el exmandatario debe comparecer ante la Secretaría de la Función Pública, SFP, en primera audiencia el día de mañana, martes 23 de julio.
La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por el diputado local priista Omar Bazán Flores, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de dicho terreno.
Luego, una denuncia penal fue presentada en mayo de 2022 ante la FGE, por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunta defraudación fiscal y falsedad en declaraciones con el fin de defraudar, también relacionada con la adquisición del terreno.
Sin embargo para el exmandatario hay también acusaciones por parte de varios exfuncionarios perseguidos durante la fallida Operación Justicia para Chihuahua, en las que acusan a Corral de haber usado el aparato gubernamental para inventarles delitos a través de métodos como lo fue la tortura.
En este sentido se investiga también al exfiscal Francisco G. A., quien fue detenido por agentes de la misma FGE, por una orden de aprehensión librada en su contra, a raíz de una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que consideraba necesario procesarlo por presuntos actos de tortura.
