El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Villegas Montes, informó que enviaron al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de jubilaciones y pensiones del personal.
Esto, con el fin de anticiparse a los retiros forzosos derivados de la reforma judicial, la cual será aplicada en Chihuahua en 2027, con la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Explicó que esta iniciativa está dividida básicamente entre quienes ya tienen la antigüedad suficiente para tramitar su jubilación, los que no alcanzan la antigüedad, pero tienen más de 10 años y los que tienen menos de 10 años, esto para los cargos de jueces y magistrados.
En el primero de los casos sería el retiro por jubilación, en el segundo proponen el pago de una pensión equitativa a los años de servicio y en el tercero una liquidación.
Comentó que fue necesario llegar a esta instancia debido a que, con la implementación de la reforma judicial federal, los juzgadores tendrán que retirarse de manera forzada.
En la exposición de motivos de la iniciativa establece que la mayoría de los juzgadores que están en funciones ven truncada la posibilidad de concluir su vida laboral en el TSJ, con motivo de los preceptos contenidos en la reforma federal.
En la iniciativa el Tribunal expone que “resulta conveniente establecer reglas que les permitan hacer frente a la contingencia que implica el cese en su plan de vida, en los términos en que lo tenían contemplado, después de servir al Poder Judicial durante un tiempo considerable, pues en caso de reunir los requisitos legales deberán jubilarse, y de no cumplirlos, ven truncada la posibilidad de obtenerla a la conclusión de su cargo, en las condiciones que para ellos establecen las leyes vigentes al momento en que fueron designados para ocupar sus respectivos cargos”, precisó.
La propuesta señala que tanto jueces y magistrados que hayan cumplido con los años de servicio o con la edad requerida en la Ley de Pensiones Civiles del Estado, reciban una jubilación vitalicia por un monto correspondiente a sus aportaciones, es decir el 100 por ciento de su sueldo sujeto a cotización, más el 80 por ciento de la compensación que perciben los funcionarios en activo en el cargo o categoría que ocupaban cuando se retiren.
Por otra parte, para los que no cumplan aún con los requisitos, proponen un esquema en el que, atendiendo a los años que han permanecido en el Poder Judicial del Estado (PJE), puedan acceder a una pensión vitalicia conformada con un porcentaje, tanto del sueldo base de cotización ante Pensiones Civiles del Estado, como del monto de la compensación de los servidores públicos en activo.
El esquema propuesto comienza con 10 años de antigüedad, para lo que proyectan 45 por ciento de sueldo y 55 de compensación; para 15 años 55 y 60 respectivamente; para 20 años 65 y 70 y para 25 o más, 75 y 75.