Chihuahua, Chih.- El juez Alexis Ornelas, quien el 12 de julio permitió que tres acusados de fraude puedan llevar el proceso en libertad a cambio de una garantía de 10 mil pesos, ya había recibido críticas y quejas de diputados locales, así como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En diciembre de 2019, fue señalado por diputadas, tanto del PRI como del PAN, por liberar a un acusado de violación, quien habría golpeado a una mujer dejándole fracturas en el rostro, entre otras lesiones. El juzgador retiró los cargos ya que expuso que era producto de una relación íntima de reconciliación.

Además de este caso, en enero de 2019 fue emitida una recomendación que hizo la CEDH por un caso de abuso de autoridad en la detención de dos personas.

Hace casi cinco años, el Congreso del Estado envió un exhorto al Consejo de la Judicatura del Estado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que revisara la actuación de un juez, tras absolver a un imputado por el delito de violación.

“A través de su Visitaduría Judicial, pidió que revisen el veredicto del Juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas Pérez en la causa penal número 3741/18, luego de que resolviera no vincular por el delito de violación a José Alberto Caro Márquez”, fue señalado en el documento.

“Lo anterior, a pesar de “las evidentes agresiones que realizó en contra de su pareja sentimental al golpearla, violarla e incluso dejarla al borde de la muerte; a pesar que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), ofreció las pruebas pertinentes para acreditar tales hechos dando como argumento que era una relación sexual de reconciliación”, expuso la diputada Blanca Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Por lo anterior, solicitó al Consejo de la Judicatura que ordenara una visita extraordinaria, la cual realizan cuando presumen que existen irregularidades de un/a magistrado/a o juez o jueza, con el fin de verificar la actuación del referido juez.

Asimismo, de acuerdo con la recomendación emitida en enero de 2019, el juez validó una detención que según la CEDH tenía todos los elementos para señalarla como un abuso de autoridad cometidos por agentes ministeriales en perjuicio de dos personas y a las que pretendían acusar de diversos delitos.

“La audiencia de Control de Detención tuvo verificativo el 14 de enero, ante el Juez de Control, licenciado Eduardo Alexis Ornelas, quien decretó de legal la detención después de seis horas de debate y presentación de testigos, entre ellos, la quejosa “A”; posteriormente formularon imputación a “B” y otros, por el delito de narcomenudeo y el de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, solicitando la defensa la duplicidad del término. Asimismo, fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por un año”, señala la recomendación.

Ésta, fue en el sentido de que la detención había sido ilegal, además de que los afectados debían recibir una indemnización.