Chihuahua.- Las aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua incluidas ayer por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denunciaron que la exclusión momentánea fue una injusticia y violación a sus derechos políticos.
Las candidatas a una magistratura del TSJ, Alejandra Ramos Durán, Perla Ruíz González, Érika Mendoza García y Gabriela Márquez Blanco, sostuvieron una rueda de prensa ayer.
Alejandra Ramos, dijo que en su caso ha sido relacionada con el senador, Javier Corral, ya que su esposo, Fernando Mesta, fue funcionario en la pasada administración, pero destacó que su carrera profesional es de 28 años, en la cual ha desempeñado sus funciones con apego a la legalidad.
Ramos Durán, comentó que ha sido una persona que se apega a sus convicciones, lo que puede haber generado molestias en el pasado. Entre los actos que ha realizado fue que en noviembre de 2023 solicitó un amparo en el proceso de elección de magistrados para siete salas vacantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Destacaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), haya decidido reconocer su derecho a participar en la elección judicial. Recalcaron que son 48 los aspirantes qué estaban en esta situación luego de que no fue registrada la lista de candidatos a magistraturas del Poder Legislativo Estatal y que han quedado incluidos también.
Añadieron que aún estaban a la espera que el Instituto Estatal Electoral las notifique que han quedado debidamente registradas como candidatas, lo que deberá quedar resuelto en las próximas horas. Mencionaron que este proceso fue para defender sus derechos y el de más personas que habían sido afectadas.
Por su parte Erika Mendoza García, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta estudios formales en Administración de Empresas y dos maestrías en Psicología Social y Terapia Familiar Sistémica y que es catedrática de educación superior, mencionó que la aprobación de la lista candidatos del Congreso del Estado no debe obedecer a intereses políticos o determinarse por afinidades, las cuales en caso de tenerlas, es un derecho de los ciudadanos que no tienen nada que ver con la capacidad y experiencia en la labor judicial. En su caso laboró en la administración anterior en la Secretaría de Cultura.
Perla Ruíz González, explicó que en su caso al ser jueza en funciones, tenía la opción de tener el pase directo a la elección, pero al quedar fuera de los candidatos esperó a que su proceso para demandar la oportunidad de contender quedara resuelta, por lo que no había dejado sus ocupaciones. Apuntó que tienen más de 20 años de experiencia en materia judicial.
En lo que respecta a Gabriela Márquez Blanco, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con Maestría en Criminalística Ministerial, en Derechos Humanos y en Juicio de Amparo, habló de la importancia de ver que el recurso que interpusieron llegó a la última instancia.
Dentro de su experiencia profesional trabajó como Agente del Ministerio Público desde 1998, además de ser académica por varios años, además de diversos cargos. Fue una de las integrantes de la terna para ser la primera fiscal Anticorrupción en 2018, cargo que finalmente ocupo Emma Chávez.
