Chihuahua, Chih.- Luis Alfonso Anchondo Cuilty, representante legal de la desarrolladora inmobiliaria Dexe (Desarrolladora Xenit), está bajo investigación por parte del Municipio de Chihuahua, que ha puesto interés en que reparen el daño a las 32 familias, cuyas viviendas están en riesgo de colapso, por lo que existe, incluso, probabilidad de consecuencias penales.

Ante esto, el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, explicó que realizarán también indagatorias internas y aplicarán sanciones a cualquier servidor público que resulte responsable por omisión o ejercicio indebido de funciones en este caso.

Anchondo Cuilty fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) hasta marzo de este año.

Como dirigente del organismo, también formó parte del Consejo del Instituto Municipal de Planeación Integral (Implan), donde habría participado en decisiones clave relacionadas con el crecimiento urbano en la ciudad.

Por esto, y al estar al frente de una desarrolladora privada y en cargos públicos relacionados, ha generado cuestionamientos sobre conflictos de interés y posible tráfico de influencia.

Por otra parte destacan sus vínculos familiares con figuras políticas locales, al ser hermano de Mario Alberto Anchondo, exdirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) por Cuauhtémoc, quien también ha ocupado cargos públicos y dentro de organismos empresariales en aquel municipio.

“Veremos qué soluciona o apoyo nos da realmente el Municipio”

Vecino afectado

En cuanto a sus paso por inmobiliarias, laboró 20 años en Ruba, en donde también hubo cuestionamientos sobre algunas viviendas, especialmente en Santa Clara pues, tras la helada del 2011, hubo afectaciones que no debían haberse generado por ser casas nuevas.

Con Dexe SA de CV tiene siete años, desde que iniciaron el proyecto en Monte Xenit, y a cargo de las tres etapas que conforma este desarrollo habitacional.

Tras el incidente estructural que sufrió el fraccionamiento en 2024 por el derrumbe o fisura de viviendas, comenzaron las exigencias de rendición de cuentas por parte de los vecinos que buscan una solución al problema.

“A nosotros, la empresa nos dijo que estaba en quiebra y no podía hacer nada al respecto. Eso fue desde el año pasado. Ahora, estamos en ver qué nos soluciona o apoyo realmente del Municipio”, comentó uno de los vecinos, quien coincidió con la totalidad de los habitantes que lo ideal es reparar y reforzar totalmente el muro divisorio que colinda con el Fraccionamiento San Marcos.

Esta primera etapa cuenta con al menos 240 viviendas, de las cuales, son 32 las que estarían en peligro inminente; en la segunda etapa, donde ocurrió el derrumbe, son alrededor de 150 inmuebles, mientras que la tercera etapa está detenida por órdenes de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, pero también contemplaba más de 100 casas.

Estas viviendas tienen costo en el mercado de entre 2 millones 400 mil y 2 millones 700 mil pesos, adicional a la inversión que cada familia ha hecho en el interior o exterior, razón por la que han destinado más de tres o incluso cuatro millones por una de estas casas, por lo que urgen no sólo un arreglo adecuado para su supervivencia, sino también reparación del daño actual y futuro por el riesgo que enfrentan.

El alcalde anunció el miércoles la necesidad de evacuar las propiedades derivado de los resultados que arrojaron los estudios realizados por especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); además surgieron diversas irregularidades, ya que comprobaron engaño por parte de la empresa, ya que hubo diferencias entre la documentación que presentó para aprobar el fraccionamiento y lo que finalmente realizó.

El edil aseguró que tratarán de manera particular a cada una de las 32 familias en cuyas viviendas detectaron riesgos, a fin de llegar a acuerdos favorables para los afectados por la desarrolladora habitacional Dexe.

Dijo que no existe un tope de recurso de apoyo para la renta de otra casa en lo que resuelven la situación, ya que deben desalojar al estar en peligro inminente.

Afirmó que no serán ocho mil pesos mensuales por tres meses únicamente, ya que cada caso es distinto.

“Tenemos casas donde viven sólo dos personas; una con cinco, otra más; hay quienes tienen alguna discapacidad, tenemos de todo y vamos a revisar cada caso en particular, pero siempre será para acompañarlos en este proceso donde una desarrolladora, por ambición, no sólo engañó al Municipio, sino defraudó a las familias que compraron”, comentó Bonilla, quien especificó que la desarrolladora deberá arreglar o indemnizar a las familias, de lo contrario, hay suficientes elementos para un proceso jurídico por vía penal.

Asimismo, el alcalde ordenó una revisión de la documentación y situación de todos los fraccionamientos que sean recientes o similares, en los que haya habido quejas o en donde los habitantes presuman que pudiera haber fraude de la inmobiliaria, a fin de actuar conforme a la ley.

Hasta el momento, dijo que el Municipio no ha recibido nuevos reportes de anomalías en otros fraccionamientos, mientras que el caso específico de Monte Xenit ya ha sido formalmente denunciado ante las autoridades correspondientes, para su debido proceso judicial.