Chihuahua, Chih.- Con la presencia de autoridades tradicionales, funcionarios estatales y representantes de la sociedad civil, el Gobierno del Estado puso en marcha un programa de pertinencia cultural para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos originarios, mediante la capacitación de ministerios públicos en cosmovisión indígena y la incorporación de intérpretes en lenguas maternas.
Durante el acto protocolario, celebrado en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, afirmó que "resulta imposible que todos vivamos bajo una misma ley si no logramos comprender a las personas desde su mundo interior". Como ejemplo, citó el caso de una mujer rarámuri que fue encarcelada injustamente tras defenderse de un ataque, debido a la falta de asesoría legal en su idioma.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, explicó que este convenio busca subsanar el desconocimiento histórico de la cosmovisión indígena por parte de los servidores públicos. "Estamos estableciendo un mecanismo permanente que trascienda esta administración, donde será requisito aprobar estos cursos para atender casos que involucren a comunidades indígenas".
Por su parte, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, enfatizó: "Cuando una persona no puede comunicarse, su historia no existe. Las estadísticas nos muestran cómo hemos normalizado la exclusión a través de la incomunicación". El funcionario destacó la labor de intérpretes como Teresa de los Santos Villa, originaria de San Ignacio de Arareko, quien actualmente apoya en casos de violencia contra mujeres indígenas.
El presbítero Héctor Martínez Espinoza, vicario general de la Diócesis de Tarahumara, reconoció el esfuerzo del Gobierno estatal: "La intervención del Estado en pueblos indígenas debe pasar de las buenas intenciones que debilitan al encuentro intercultural verdadero. Sólo así lograremos una justicia que no imponga caminos ajenos, sino que acompañe los pasos de las comunidades".
Al evento asistieron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miryam Hernández Acosta; el diputado Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso local; el asesor en la materia del Gobierno del Estado, Diódoro Carrasco, así como los presidentes municipales de Guachochi, Batopilas, Carichí, Santa Isabel, Nonoava y San Francisco de Borja, entre otros.
También estuvieron presentes autoridades tradicionales como
María Luisa Bustillos Gardea, siriame de Ciénega de Norogachi; y la ministerio público indígena, Pilar Chaparro Barro, quien compartió su testimonio como mujer tepuana trabajando en el sistema de justicia.
De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado durante el evento, en Chihuahua habitan doce pueblos originarios con más de 120 mil hablantes de lenguas indígenas. Sin embargo, se reconoció que sólo tres de cada diez denuncias interpuestas por miembros de estas comunidades logran llegar a una sentencia, situación que busca revertirse con este programa de pertinencia cultural.
El convenio incluye la capacitación obligatoria en interculturalidad para todo el personal de la Fiscalía, la contratación de intérpretes certificados en lenguas como rarámuri, ódami y warijó, así como la traducción de materiales jurídicos y la implementación de protocolos especializados para evitar la revictimización.
