Chihuahua.- Múltiples organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales enviaron informes al Comité Contra Desaparición Forzada, donde señalan en Chihuahua miles de desapariciones, rezago en identificación de cuerpos, secuestro y extorsión a migrantes, así como existencia de fosas clandestinas con involucramiento de autoridades mexicanas.
En un análisis de decenas de escritos entregados por dichas organizaciones a la ONU, destaca el señalamiento de que el estado de Chihuahua y seis entidades federativas más acumulan en conjunto 51 mil 645 cuerpos sin identificar, el 71.73% del total en el país, que están en poder de los servicios forenses o han sido inhumados en fosas comunes.
De acuerdo con documentación aportada por organizaciones de la sociedad civil al expediente integrado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU -cuyo dictamen fue rechazado esta semana por el Gobierno de México- las entidades con rezago en identificación son, además de Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.
Para dicho Comité, en México existe una crisis forense que genera impunidad y que debe ser atendida con urgencia en un contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas que cumplen con los criterios para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad debido a su carácter generalizado y sistemático.
El Comité determinó que no hay indicios fundados de que exista, a nivel federal, una política deliberada para cometer estos actos, sin embargo, señaló que el fracaso del Estado para prevenir y sancionar estos crímenes ha fomentado un clima de impunidad que permite su continuidad.
Los documentos no especifican en el caso de Chihuahua el rezago existente en identificación de cuerpos, pero sí lo proporcionan de Baja California que reporta 14 mil 378 cuerpos sin identificar inhumados en fosas comunes de Mexicali, Tijuana y Ensenada en el periodo de 2010 a marzo de 2025; en Jalisco son cinco mil 025 personas asesinadas sin identificar y en Guanajuato alcanzan los 907 cuerpos sin identidad hasta agosto de 2024.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Chihuahua presenta un acumulado histórico de 14 mil 766 personas en estatus de desaparición o no localización al 10 de septiembre de 2025, nueve mil 420 hombres y cinco mil 342 mujeres.
En una comparativa con otras entidades de la región Noroeste, Chihuahua supera los registros de Sonora que tiene 10 mil 231 casos y Baja California ocho mil 004 casos, y casi al mismo nivel que Sinaloa, el cual tiene 15 mil 755 casos.
En el contexto nacional, la entidad está ubicada por debajo de estados con mayores índices de registro como Jalisco, que reporta 25 mil 249 personas en dicho estatus, y el Estado de México, con 63 mil 927 registros totales.
La documentación de la sociedad civil indica que en enero de 2025, autoridades locales y colectivos de víctimas reportaron el hallazgo de 40 fosas clandestinas en territorio chihuahuense.
En materia de derechos humanos, la entidad acumula 38 expedientes de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presunta desaparición forzada o involuntaria entre 2009 y 2025, lo que la posiciona como la cuarta entidad con mayor incidencia en este rubro, sólo superada por Tamaulipas (72), Veracruz (42) y Michoacán (40). La CNDH ha emitido dos recomendaciones formales por hechos ocurridos en Chihuahua en los años 2011 y 2022.
En la documentación aportada además presentan un estudio aplicado a 177 personas migrantes en Ciudad Juárez en donde el 50% sufrió robo, el 20.4% fue víctima de secuestro durante su tránsito por el estado, incluso en el 30% de estos casos, los testimonios refirieron el involucramiento de autoridades mexicanas.
Asimismo, el estado cuenta con una comunicación enviada a la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos entre los años 2008 y 2010.
En el país, el RNPDNO reporta un total de 133 mil 236 personas que permanecen desaparecidas o no localizadas.
Ante este volumen de casos, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional, fundamentado en indicios de que la desaparición es practicada de forma generalizada o sistemática.
“En sus observaciones finales de 2015, el Comité constató que la información recibida evidenciaba un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, asevera en la documentación hecha llegar hace unos días al gobierno mexicano.
En dicha “versión avanzada no editada” del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, también observó “deficiencias del sistema establecido para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas; problemas relacionados con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la inexistencia de un registro único que permitiese obtener estadísticas confiables”.
El Comité recomendó que el registro reflejara todos los casos, incluyendo la edad, sexo y nacionalidad de la persona desaparecida, y que permitiera distinguir entre las forzadas y otros tipos.
El Gobierno de México rechazó esta semana de la existencia de una política de Estado orientada a la desaparición y atribuye la mayoría de los casos actuales a la actuación de la delincuencia organizada.
Participaron con documentación dirigida al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Global Rights Advocacy (GRA), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Consultora Solidaria.
Asimismo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Fundar, Artículo 19, REDIM, CICA, y centros universitarios como el ITESO y la Ibero.
También intervinieron 774 colectivos como Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua), Colectivo de familiares de personas desaparecidas 10 de octubre (Parral, Chihuahua), Colectivo Solecito de Veracruz, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M), Guerreros Buscadores de Jalisco, Buscadora@s Zacatecas y Armadillos Rastreadores.
