Chihuahua, Chih.- Diputados de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Chihuahua advirtieron sobre un rezago legislativo en la entidad, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de diversas leyes y reformas vigentes a nivel local.

Los legisladores señalaron que estas resoluciones evidencian fallas en el proceso legislativo estatal, principalmente en materia de derechos humanos, inclusión y técnica jurídica, al no ajustarse a principios constitucionales ni a estándares nacionales e internacionales.

Uno de los casos corresponde al 11 de septiembre de 2025, cuando la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 186/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esa resolución se invalidaron diversas reformas a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, así como modificaciones relacionadas con la Ley Estatal de Salud y normas en materia de atención infantil.

En ese mismo fallo, el tribunal determinó el sobreseimiento de algunos artículos, por lo que continuarán vigentes. Además, estableció un plazo de 12 meses para que el Congreso estatal realice la armonización correspondiente, periodo durante el cual las disposiciones seguirán aplicándose de forma transitoria.

En materia penal, los diputados recordaron que el 30 de enero de 2025 la Corte resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024, mediante la cual se invalidaron artículos del Código Penal de Chihuahua relacionados con la criminalización del aborto. La resolución eliminó sanciones en ciertos supuestos, como en casos de violación.

También mencionaron que la Primera Sala del máximo tribunal declaró inconstitucional una agravante del delito de homicidio cuando la víctima fuera mujer, al considerar que no cumplía con principios de proporcionalidad penal.

En el ámbito electoral, el 23 de octubre de 2023 se invalidaron diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado, tras detectar inconsistencias en su diseño normativo. De acuerdo con los legisladores, este fallo evidenció deficiencias en reformas aprobadas por el Congreso local.

En cuanto a transporte, señalaron la resolución del 25 de marzo de 2025, en la que se invalidaron artículos de la Ley de Transporte estatal, incluyendo requisitos considerados contrarios a derechos, como restricciones generales a personas con antecedentes penales.

En materia administrativa, destacaron la resolución del 2 de abril de 2024, mediante la cual se invalidaron diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado, así como otros fallos relacionados con la Ley de Transparencia y la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, emitidos en junio de ese mismo año.

Los legisladores indicaron que la Corte también ha anulado normas vinculadas a inclusión, adopciones, educación y derechos de personas con discapacidad, principalmente por la falta de consultas previas a los grupos involucrados.

Desde su perspectiva, el conjunto de resoluciones muestra una constante en la producción legislativa local. Señalaron que es necesario fortalecer los procesos de elaboración de leyes y garantizar la participación de los sectores involucrados.

Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para revisar el marco jurídico vigente y armonizarlo con los criterios de la Suprema Corte, con el fin de evitar nuevas controversias constitucionales y dar certeza jurídica en la entidad.