Chihuahua, Chih.- Pese a que el nuevo programa para personas con discapacidad presentado por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal cuenta con una inversión histórica de 48.7 millones de pesos, integrantes de diversas organizaciones afirmaron que el nuevo esquema es injusto y que, lejos de mejorar los apoyos, redujo el monto que recibían algunos beneficiarios e incluso dejó fuera a otros.

Personas pertenecientes a distintas agrupaciones acudieron este martes al edificio Héroes de la Revolución para solicitar una revisión del programa, luego de que los recursos fueron divididos este año en tres montos de 5 mil, 8 mil 800 y 13 mil pesos, determinados mediante un estudio socioeconómico y visitas domiciliarias.

Benjamín Esparza Arzola, representante de Activismo Social Independiente a favor del Discapacitado, afirmó que este mecanismo terminó por dividir a las personas con discapacidad en tres categorías y acusó que los recursos fueron distribuidos de manera inequitativa.

“Nos está catalogando como discapacitados de primera, de segunda y de tercera”, expresó Esparza, quien señaló que dentro de su agrupación existen personas con discapacidad permanente y necesidades económicas importantes que recibieron únicamente 5 mil pesos, mientras que otras quedaron fuera del programa.

El esquema conjunto de Estado y Municipio recibió 6 mil 89 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 6 mil 19. Del total de beneficiarios, 2 mil 39 recibirán 5 mil pesos; 3 mil 139 obtendrán 8 mil 800 pesos y únicamente 841 accederán al monto máximo de 13 mil pesos, con una inversión total de 48 millones 751 mil 200 pesos.

Dora Alicia Cisneros, integrante de Inclusión con Dignidad, afirmó que dentro de su grupo existen alrededor de 30 personas inconformes, pues aseguró que el anterior secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, les había señalado que recibirían 13 mil pesos, mientras que algunos obtuvieron solamente 5 mil y otros ningún recurso.

La convocatoria publicada en marzo establecía que el apoyo sería de “hasta 13 mil pesos” y que el monto dependería del estudio socioeconómico de cada solicitante. Posteriormente, la dependencia informó que las evaluaciones serían complementadas con visitas domiciliarias para determinar las necesidades de cada persona.

Los inconformes cuestionaron, sin embargo, la forma en que fueron aplicados estos estudios. Uno de los beneficiarios explicó que recibe una pensión mensual de 4 mil 200 pesos, de los cuales destina 2 mil a renta, además de gastos médicos, servicios y material para atender su discapacidad, pese a lo cual fue ubicado en el nivel de 5 mil pesos anuales.

Georgina, otra de las beneficiarias, relató que utiliza una prótesis en la pierna izquierda y recibió también 5 mil pesos. Explicó que requiere reparar o sustituir parte de su prótesis, además de mantener a dos hijos pequeños, por lo que consideró insuficiente el recurso y pidió recibir los 13 mil pesos que esperaba obtener.

La inconformidad surge además porque durante 2025 los apoyos se entregaban por separado. El Municipio destinó entonces 16 millones 960 mil pesos para 4 mil 240 personas, con 4 mil pesos para cada beneficiario, mientras que este año ambos gobiernos unificaron sus recursos bajo un solo programa y modificaron los montos de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad.

Javier Rodarte, subsecretario de Grupos Vulnerables y Cohesión Social, defendió el nuevo esquema y aseguró que todas las personas que cumplieron con los requisitos recibieron algún apoyo. Explicó que la intención de establecer tres niveles es entregar una cantidad mayor a quienes presentan condiciones económicas y de discapacidad más severas.

El funcionario acordó revisar los folios presentados por los inconformes y explicar las razones por las que algunas solicitudes no fueron aceptadas o quedaron dentro de los niveles menores. Añadió que, en caso de encontrarse algún error cometido por la dependencia durante el proceso de evaluación, éste será atendido.

Laura Fuentes Andape, de la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua A.C., reconoció que el programa representa un avance por la entrega de los recursos mediante tarjeta bancaria, pero consideró necesario eliminar para el próximo año el estudio socioeconómico y avanzar hacia un apoyo igualitario o progresivo para todas las personas con discapacidad permanente.

A la protesta se sumaron integrantes de Los de Abajo Organizados, Salud, Fuerza y Unión y otras agrupaciones, quienes también retomaron la demanda para que Chihuahua firme el convenio con el Gobierno Federal que permita universalizar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

Actualmente la pensión federal entrega 3 mil 300 pesos bimestrales. En Chihuahua, al no existir un convenio de universalización, las personas de 30 a 64 años solamente pueden acceder de manera general si residen en localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación, mientras que el beneficio es general para las personas de cero a 29 años.

La firma de ese convenio ha sido demandada desde meses atrás por organizaciones de personas con discapacidad y en marzo el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Ejecutivo estatal para que concrete el acuerdo con la Federación y amplíe la cobertura de la pensión para las personas de 30 a 64 años.

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