Chihuahua.- Apoco más de tres meses de la promulgación de la Ley Beatriz o Ley del Indulto, Beatriz y otras dos mujeres permanecen a la espera de la resolución del comité que revisa sus expedientes y que emitirá una opinión a la gobernadora, quien tendrá la decisión final sobre la procedencia del beneficio.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que tres solicitudes avanzan en etapa de análisis. Otras no cumplieron con los requisitos de admisibilidad. En algunos casos no existía sentencia firme, condición indispensable para solicitar el indulto.

“Cada caso tiene que revisarse de manera muy minuciosa y resolver en particular, no es una sola receta para todos”, señaló. El área de normatividad integra la información para presentarla ante la comisión prevista en la ley, conformada por un representante de la Fiscalía, otro de la Secretaría General de Gobierno y un tercer integrante. Esa comisión emitirá una opinión técnica que enviará a la titular del Ejecutivo, quien ejercerá la facultad regulada en la nueva legislación.

La historia de Beatriz ocurrió en la sierra, durante una tesgüinada familiar. La reunión transcurría entre música y convivencia cuando un hombre llegó en estado de ebriedad y comenzó a preguntar por su caballo. Nadie supo darle razón. La molestia creció y dirigió las agresiones hacia Beatriz, su prima. Ella sostenía a un menor en brazos.

En la región es común portar una daga. El hombre la traía consigo y, según el relato que Beatriz ha mantenido, la empujó hasta tirarla al suelo. En el forcejeo el arma cayó. Ella la tomó mientras intentaba incorporarse. En ese instante el hombre se abalanzó y su propio cuerpo quedó sobre la hoja. Murió en el lugar.

El proceso penal fue realizado en Guachochi. Un defensor de oficio le recomendó aceptar un juicio abreviado con la promesa de una pena menor. Beatriz aceptó la culpabilidad y el juez la sentenció a ocho años de prisión, además de fijar una reparación del daño por un millón 100 mil pesos.

Rosa María Sáenz Herrera, presidenta del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora y abogada de Beatriz, afirmó que existían elementos suficientes para acreditar legítima defensa y que la comunidad presenció los hechos. Señaló que el litigante no agotó herramientas jurídicas y atribuyó la decisión al actuar negligente de la Defensoría de Oficio. “Ella no debió haber pisado la cárcel”, expresó.

Beatriz lleva entre dos y tres años privada de la libertad. Nunca había salido de su comunidad. La cárcel representó un choque cultural profundo: idioma distinto, costumbres ajenas y un entorno que no comprende. Desde su ingreso enfrenta desesperación y desconcierto. No se asume como delincuente y sostiene que jamás tuvo intención de matar.

La abogada explicó que la reparación del daño impuesta resulta impagable dadas las condiciones económicas de Beatriz, situación que también enfrentan otras indígenas sentenciadas en contextos similares. Recordó el caso de otra mujer que mató a su esposo al arrojarle una piedra mientras huía de una agresión; ella recibió seis años de prisión y una reparación de entre 500 y 700 mil pesos. Tiempo después obtuvo su libertad.

El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora promovió la propuesta legislativa que derivó en la Ley del Indulto tras identificar fallas reiteradas en procesos contra mujeres indígenas. Ahora el comité evaluador revisa los tres casos que cumplieron requisitos.

Sáenz Herrera estimó que, si el dictamen resulta favorable, la resolución podría llegar a mediados de año. La decisión final recaerá en la gobernadora. Mientras tanto, Beatriz espera en prisión la respuesta de una ley que lleva su nombre.