La mayor omisión del actual auditor Superior de la Federación, David Colmenares, ha sido la negativa para firmar convenios de colaboración para fiscalizar las cuentas públicas en materia de participaciones federales, declaró el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

“En el caso de Chihuahua, en razón de cuestionamientos que hicimos al proyecto de convenio de coordinación, simplemente no fue insistido por parte de esta autoridad federal en la firma, no se pudo llevar a cabo y los convenios que han firmado con el resto de los estados están incompletos, porque no han emitido los anexos que deberían determinar la manera en que van a llevar a cabo la coordinación”, mencionó el auditor chihuahuense.

Indicó que debido a que la reforma a la Ley Hacendaria Federal de 2015 fue poco clara, en la actualidad provoca confusiones respecto de las facultades de las autoridades estatales y federales en materia de fiscalización y revisión de cuentas públicas.

Acosta Félix urgió a delimitar hasta dónde puede llegar la Auditoría Superior de la Federación y hasta dónde las autoridades de fiscalización estatales.

“La reforma de 2025 vino a generar esa confusión que hoy nos tiene en discusiones como las que han planteado recientemente”, explico el funcionario, haciendo referencia al caso de Javier Corral por delito de peculado, que atrajo la federación bajo el argumento que la materia de investigación recae en recursos de naturaleza federal.

Uno de los principales ajustes ideales en materia de fiscalización, dijo, sería la disminución de tiempos y plazos en la revisión de cuentas públicas, pues, por ejemplo, a penas en febrero iniciará la presentación de documentos de revisión para las cuentas públicas de 2024.

“En el caso actual, a nivel federal, a penas este mes presentarán los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2024, o sea, ya pasaron dos años calendario de los resultados que van a presentar a penas este mes”, puntualizó el funcionario estatal.

Reconoció que para el ciudadano es desesperante ver resultados de revisión dos años después, plazos que son más cortos en Chihuahua, mientras que la Auditoría de la federación tarda hasta 5, 6 o hasta 7 años para iniciar procedimientos legales que homóloga de Chihuahua tarda sólo seis meses en comenzar.