Al caminar o circular en vehículo por las calles de Chihuahua, donde quiera hay incrustaciones de metal que dividen la ciudad en pequeñas ínsulas.

Lo mismo si vamos por la avenida Washington hacia el norte y doblamos a la izquierda, vemos las enormes rejas, que si vamos por Pascual Orozco, a un lado de la Ciudad Deportiva, y decidimos tomar atajo para evitar la Tecnológico, topará con calles cerradas.

Una circunstancia que comenzó hace poco más de una década como una reacción instintiva al miedo, provocado por las altas estadísticas en homicidios, hoy está transformada en una patología urbana que amenaza con devorar el tejido social.

En apenas 10 años, el número de calles cerradas y fraccionamientos con acceso restringido ha crecido al doble, pasando de 150 a cerca de 295 vialidades enrejadas, de acuerdo con datos oficiales.

La cifra es apenas la punta del iceberg de un drama humano, legal y económico que, de no frenarse, nos entregará en 10, 15 ó 20 años, una ciudad irreconocible, fragmentada y peligrosa por su propia exclusión.

Vivir detrás de una reja pareciera la panacea de paz que prometen los folletos inmobiliarios, la mercadotecnia de fraccionadores, apoyados en las empresas de seguridad o la voracidad de comités de vecinos, que terminan empeorando la relación entre quienes debieran vivir en armonía, por estar irremediablemente unidos en una calle o fraccionamiento.

Sin quererlo probablemente, el esquema de "cerrada" introduce a los ciudadanos en una perversa dinámica de golpeteo emocional, que debería ser organización comunitaria, transformándose en realidad en arena de conflictos por manejo de cuotas de mantenimiento, toma de decisiones colectivas realmente impuestas y agresiones que escalan hasta la violencia física.

El sentimiento de inseguridad, lejos de disiparse, es trasladado al interior. Ahora el "enemigo" puede ser el vecino que no pagó la cuota mensual para vigilancia o el comité que decidió cambiar el código de acceso sin avisar. La inofensiva pluma fue paulatinamente sustituida por gruesas rejas de metal sólido.

Esta convivencia forzada genera desgaste mental considerable, que altera la comodidad cotidiana y que hasta ha de reducir la frecuencia de visitas sociales por la humillación que suponen los filtros de entrada.

La pluma o reja no es levantada o movida para quien no paga, quien debe cruzar por una pequeña puerta, o pedir auxilio a un vecino. Es auténtica jaula.

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Detrás de la falsa sensación de seguridad que brindan las casetas, hay amenaza latente que las autoridades de rescate ya advierten con preocupación.

Publicamos ayer mismo en El Diario, en voz de bomberos, que el ingreso a estas vialidades cerradas es "complicado" y representa un desafío operativo crítico.

En una emergencia médica o un incendio, donde cada segundo cuenta, las unidades de auxilio topan con portones angostos, falta de protocolos de apertura inmediata o, peor aún, la ausencia de alguien que accione los mecanismos de entrada en momentos de crisis.

Hay que esperar que algún vecino caritativo abra el portón con un clic de celular desde una app, mientras adentro, alguna familia vive el drama de fuga de gas, o enfrenta llamas de incendio.

Esas situaciones deben atenderse con rapidez en lugar de demorarse por el acceso, aumentando el riesgo de pérdidas de vida o lesiones, que pudieran evitarse.

La advertencia de los bomberos es tajante, pero no es suficiente. Si hay vidas en riesgo, no pedirán permiso y tirarán el portón o la reja para poder pasar; en el colmo de la ironía urbana, un muro construido para dejar fuera el peligro, que termina encerrando la tragedia y bloqueando la ayuda.

Hay casos en que ni siquiera pueden pasar los cuerpos de emergencia, porque los portones son pequeños o tienen una altura inadecuada, pasando por encima de reglamentos que exigen al menos 4.5 metros de ancho, y alturas mayores a cinco metros para casetas.

Nada de ello interesa en algunos casos; para muchas de las cerradas oficiales, que cumplen en el papel, pero son trampa leonera, no se diga las que subsisten en la clandestinidad de la urbe de cemento que llega al millón de habitantes.

Si proyectamos la tendencia actual, donde las cerradas se duplican cada década, para el año 2036 Chihuahua podría albergar cerca de 590 vialidades bajo esta condición.

Con un dato más sobrecogedor, la especulación sobre la ilegalidad, porque sin que se acepte oficialmente, existe una brecha significativa entre las cerradas no identificadas y aquellas que cuentan con un permiso oficial de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Es razonable creer que persisten numerosos esquemas irregulares operando en la clandestinidad, instalando rejas de noche y privatizando de facto calles pagadas con recursos públicos.

En diez años, si el crecimiento es lineal -como ha venido sucediendo- tendríamos una ciudad con 600 puntos de obstrucción vial, convirtiendo a Chihuahua en un archipiélago de islas amuralladas donde el derecho constitucional al libre tránsito será sólo un recuerdo.

La ciudad dejará de ser una red inter conectada para convertirse en un laberinto de muros de metal que alargan recorridos para peatones y transporte público, rompiendo cualquier principio de movilidad sostenible.

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La ley es clara, pero el cumplimiento parece opcional. El Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible establece que las vialidades son bienes de dominio público. Para cerrar una calle, es necesaria la anuencia certificada del 80 al 90% de los residentes, además de dictámenes de factibilidad de Vialidad, Protección Civil y Bomberos.

No sería nada extraño encontrar, en una revisión exhaustiva, que muchos desarrolladores incurren incluso en engaño, vendiendo como "exclusividad privada" fraccionamientos ya municipalizados, cuyas calles pertenecen a todos.

Estos cierres irregulares omiten estudios de impacto vial y protocolos para emergencias, operando bajo una ilegalidad tolerada hasta cierto punto que prioriza el marketing inmobiliario sobre la seguridad real.

Indudable no pensar en el negocio que existe detrás de la reja.

A la par del sentimiento de inseguridad, para las fraccionadoras, el acceso restringido es una herramienta de plusvalía artificial, donde también las empresas de seguridad privada han encontrado un mercado cautivo.

Ofrecen una falsa sensación de tranquilidad con guardias que muchas veces carecen de capacitación y tecnología suficiente para garantizar protección real ante la delincuencia de bajo impacto y no se diga de alto impacto.

El negocio -no podía ser de otra forma- es cargado al bolsillo del vecino, porque no sólo paga por el “buen ambiente”, sino por algunos servicios que prestan particulares en muchos casos, como mantenimiento de parques y áreas verdes que el municipio deja de cubrir al cerrarse el acceso público, inclusive limpia.

Estos fraccionamientos quedan excluidos de beneficios de obra pública como el Presupuesto Participativo, porque dejan precisamente de ser áreas abiertas, por lo que el ciudadano termina pagando doble, impuestos y cuota de cerrada.


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Hay responsabilidad de legisladores y regidores, en construir un marco jurídico que realmente regule y garantice que las calles sean libres de obstáculos, para evitar un Chihuahua que en el futuro pudiera ser una ciudad asfixiada, sin un sistema de movilidad que proteja la vida y asegure, por ejemplo, el uso prioritario de la vía a vehículos de emergencia.

Habría que cerrar la pinza sobre fraccionadoras y comités de vecinos abusones, sancionando las cerradas ilegales y aquellas que, cumpliendo con los requisitos exigidos actualmente, dan la vuelta a la norma al incumplir con parámetros que parecen pequeños pero son cruciales en momentos de emergencia.

Tendría que ser la seguridad una construcción colectiva en el espacio público, no una mercancía defectuosa que se compra a costa de fragmentar la ciudad, alimentar conflictos vecinales y poner en riesgo la vida ante una ambulancia o una bombera que no puede entrar.

Chihuahua merece volver a ser una ciudad de puertas abiertas, no un conjunto de jaulas doradas esperando a que una fuga de gas o una urgencia médica les recuerde que el aislamiento absoluto conlleva enquistada una condición de vulnerabilidad.