Chihuahua, Chih.- Pensiones Civiles del Estado (PCE) investiga las llamadas pensiones doradas en Chihuahua que estarían fuera del cambio de ley que promovió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que determina que ninguna de estas puede exceder el 50 por ciento de su sueldo.
Así lo informó el director de la institución, Heriberto Miranda Pérez, quien detalló que ya trabajan en las adecuaciones locales para poder cumplir con esta modificación.
La reforma constitucional, publicada el 10 de abril de 2026, establece que ninguna jubilación o pensión de servidores públicos podrá superar el 50 por ciento de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal.
En términos prácticos, el límite ronda los 70 mil pesos mensuales, por lo que los estados deberán armonizar sus leyes para acatar la nueva disposición.
Miranda Pérez explicó que el instituto realiza una serie de medidas para fortalecer la viabilidad financiera del sistema pensionario, cuyo estudio actuarial advierte retos importantes en las próximas décadas, particularmente para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones.
Precisó que Chihuahua deberá adecuar su legislación dentro del plazo establecido por la federación y que Pensiones Civiles analiza cómo responder a los alcances de la reforma en el ámbito estatal.
“Estamos haciendo el análisis en el tema de las pensiones doradas para presentar la propuesta al Congreso del Estado y a la Comisión para el Fortalecimiento de Pensiones. Creemos que esto va a garantizar la viabilidad en un futuro próximo sobre el tema pensionario”, expresó.
El funcionario señaló que el estudio aún no concluye debido a la complejidad técnica que implica determinar qué beneficios exceden el nuevo tope. Equipos jurídicos y de prestaciones económicas trabajan actualmente en la revisión de los expedientes para presentar una iniciativa formal.
Aunque todavía no existe una cifra definitiva, reconoció que la institución revisa los casos de jubilaciones que podrían ubicarse por encima del límite previsto en la reforma federal.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria 2026 de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, los integrantes del órgano analizaron precisamente los alcances de la reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones.
Como resultado del encuentro, la Junta Directiva acordó realizar un estudio técnico sobre las implicaciones de la reforma para Pensiones Civiles del Estado e integrar una mesa de trabajo para evaluar e impulsar las adecuaciones normativas que resulten necesarias en el ámbito estatal.
Miranda Pérez comentó que el sistema estatal enfrenta presiones crecientes debido al aumento constante del número de jubilados. Informó que durante febrero la institución alcanzó los 24 mil pensionados y jubilados, cuya nómina representa una de las mayores erogaciones del Gobierno del Estado.
Detalló que Pensiones Civiles destina anualmente más de nueve mil millones de pesos al pago de jubilaciones y pensiones, mientras que la administración estatal aporta alrededor de seis mil 500 millones de pesos en subsidios para sostener dichas obligaciones.
“Todas las instituciones del país tenemos un problema serio con el tema de las jubilaciones y pensiones porque cada vez hay más”, afirmó.
El director agregó que las reformas futuras deberán analizar también factores como el incremento en la esperanza de vida, la incorporación de nuevos beneficiarios al servicio médico y los costos crecientes de atención para adultos mayores con enfermedades crónicas.
En paralelo, Pensiones Civiles mantiene acciones para recuperar adeudos históricos de organismos afiliados. Actualmente la cartera vencida asciende a cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 800 millones corresponden a la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Miranda Pérez destacó que durante 2025 la universidad reconoció formalmente el adeudo y firmó un convenio mediante el cual aporta recursos adicionales y bienes de infraestructura para amortizar parte de la deuda, esquema que la institución busca replicar con otros organismos públicos.
El funcionario sostuvo que la recuperación de esos recursos contribuirá a mejorar infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal médico, aunque aclaró que el saneamiento financiero del sistema requiere medidas estructurales de largo plazo.
