Chihuahua.- Ayer quedó sin definir si hoy será levantado el paro laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual comenzó el viernes debido a que los empleados señalaron que mediante un acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) existía la posibilidad de que sus trabajos estuvieron condicionados a evaluaciones anuales, pero el sábado fue firmado otro acuerdo descartando esta posibilidad, el cual deberá ser publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los representantes de empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) llegaron a un acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ) en que fue establecido que las evaluaciones que sean aplicadas a los trabajadores no tendrán ninguna implicación en su continuidad laboral, sin embargo en el caso de Chihuahua el paro de labores aún sigue ya que levantarlo está condicionado, mientras que en otros 19 estados los empleados estaban a la espera también de la publicación en el DOF.
De acuerdo por lo difundido por Adrián Becerra, empleado del Poder Judicial Federal que el viernes realizó la colocación de cadenas en las rejas del edificio de la avenida Mirador, para que sea levantado al paro, el acuerdo firmado en la Ciudad de México por los representantes del OAJ debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de lo contrario seguirán con el paro de labores.
Agregó que el nuevo acuerdo señala precisamente que habrá evaluaciones al personal para lograr una mejora en el servicio, pero que los resultados no tendrán ninguna repercusión en la estabilidad laboral de los trabajadores.
El viernes a las 10:00 de la mañana empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores debido a que les fue impuesto el acuerdo por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) en el que queda establecido que su continuidad laboral dependerá de los resultados que obtengan en una evaluación que les será aplicada una vez al año.
Adrián Becerra comentó que esto afectará a todos los trabajadores y que es un intento de despojarlos de sus plazas para entregarlas a los juzgadores electos el año pasado.
