La patrulla tirada y las instrucciones de Gil Loya

Bonilla toma el timón en Consejo del PAN

Ni dedazo ni olvidar Jáuregui en Almoloya

Dentro de poco menos de un mes, a inicios de diciembre, el polémico y nada tóxico empresario Eduardo “Lalo” Almeida deberá comparecer ante un juez por uso ilegal de armas de fuego, delito que le fue imputado por la Fiscalía General de la República y por el que fue vinculado a proceso a principios de septiembre.

Tenemos en versión digital de GPS el video de la audiencia de vinculación, junto con la alerta del permiso de portación de armas de fuego de la Secretaría de la Defensa Nacional que resultó más falso que un billete de tres pesos.

El caso es muy conocido. El pasado 27 de junio, el empresario amigazo de César Duarte y compadre peleado de Javier Corral, ambos exgobernadores ampliamente cuestionados, realizó disparos con su pistola durante una discusión entre ejidatarios de La Haciendita, hechos también captados en video y que evidenciaron cómo siguen siendo violentas, a balazos y a mentadas, esas reuniones, desde que se creó la figura del ejido en la Constitución y hasta estos tiempos.

Ese litigio sigue después de aquella trifulca en la que también se llevó sus raspones Almeida, pero por fortuna a nadie hirió ni mató. No llegó a tanto la tragedia, pero con balazos de por medio cualquier cosa pudo haber pasado.

Además de ese conflicto de tierras, Almeida fue procesado por el Ministerio Público Federal, después de una oportuna intervención de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, que le aventaron la papa caliente a la FGR.

En medio de la acusación, el empresario presentó una licencia de portación de armas de fuego, que se presume falsa, porque en el proceso la Defensa respondió que no le había emitido tal permiso. Por eso acabó vinculado.

Lo sospechosamente raro, con muchos signos de pesos entre las suspicacias, es que la FGR no lo acusó ante la justicia federal por el uso de un documento falso. Tampoco la Defensa presentó querella ni otra autoridad sacó la conclusión lógica de que, si el permiso no era legítimo, entonces había otro delito detrás de la portación y uso del arma.

¿Influencias, descuidos de la autoridad y recursos de Almeida que hasta para tapar esos detallitos alcanzan?

Ahí queda en el aire la pregunta en lo que llega la siguiente resolución de diciembre por parte de la justicia federal, nada caracterizada por el elitismo ni el influyentismo.

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La semana pasada, una misión de observación de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea recorrió Guadalupe y Calvo, para conocer de primera mano y documentar el lamentable fenómeno del desplazamiento forzado de cientos de familias a causa del crimen organizado.

Junto con autoridades indígenas locales, acudieron asociaciones mexicanas, así como la diputada del Parlamento Europeo Diana Riba i Giner, e integrantes de organizaciones internacionales, americanas y del viejo continente.

Ante esa representación internacional, las autoridades de todo nivel de gobierno lucieron en su máximo esplendor.

Sí, su máximo esplendor que en realidad es mínimo: la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudió nomás como oyente a una última reunión en Chihuahua, para nada en los pueblos de aquel lejano municipio, mientras que la Policía Estatal, a cargo de escoltar la caravana, lució el lamentable estado de su equipo, con una patrulla que terminó “tirada” en el camino entre Baborigame y la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

No obstante -y sin vergüenza alguna- la FGE emitió su respectivo boletín con el clásico sonsonete: “por instrucciones del Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado Gilberto Loya Chávez, elementos de la AEI adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, participaron en la reunión de trabajo coordinada...”.

De eso a nada, hubiera sido mejor nada por parte de la autoridad investigadora estatal; presumir que nada se mueve en Chihuahua si no es por instrucciones de Loya Chávez es una de las peores vergüenzas tercermundistas de la comunicación oficial, casi tan lamentable como el estado de las patrullas estatales que dejó en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Por si fuera poco, no se quedó atrás la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, la morenista Ana Laura González Ábrego, quien ni siquiera se dignó a recibir a la misión, a pesar de que les había confirmado una cita en el edificio municipal; dejó a todos plantados y mandó un representante del más bajo nivel y sin conocimiento mínimo del asunto.

Bien por esas autoridades que, evidentemente, poco les importa el problema y también lo que vayan a decir a Europa los observadores internacionales sobre Chihuahua.

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La gobernadora Maru Campos decidió no acudir a la sesión del Consejo Estatal del PAN, celebrada el sábado en el hotel San Francisco (Delta). Quizá eso fue de lo más llamativo del encuentro, porque su ausencia terminó por despejarle el escenario a quien pretende perfilarse como su sucesor, Marco Bonilla.

Lo que amenazaba con convertirse en un encuentro de reclamos y confrontaciones internas terminó siendo una demostración de fuerza del virtual candidato a gobernador por el PAN, quien consiguió sacar adelante los principales acuerdos con el respaldo de las distintas corrientes panistas.

Bonilla tuvo el respaldo de la dirigencia estatal encabezada por Daniela Álvarez, de su propio grupo político que poco a poco se ha conjuntado con el de Palacio de Gobierno y hasta de las expresiones críticas vinculadas al exfiscal César Jáuregui Moreno, cuyo tema también fue abordado por los consejeros, quienes acordaron dar una muestra de respaldo público institucional.

Entre las voces que participaron destacaron varios, pero en especial el detalle de que el bloque opositor al oficialismo no llegó con una postura uniforme.

Ortuño puso reservas a la alianza con el PRI y advirtió sobre el riesgo de entregar candidaturas que electoralmente corresponden al PAN; en contraste, Luis Aguilar defendió la necesidad de sumar fuerzas para competir contra Morena, mientras Mario Vázquez respaldó la construcción de acuerdos, aunque con condiciones particulares para cada municipio.

Bonilla por su parte habló de unidad, de generosidad y de poner el proyecto colectivo por encima de cualquier interés personal, y las decisiones del Consejo caminaron en ese mismo sentido.

Pero más allá de eso, la aprobación de las alianzas quedó sujeta a un candado similar al de 2021, para que ello no signifique permitir un dedazo en la candidatura por la capital, donde el abanderado deberá salir por los métodos convencionales (encuestas o elección de los panistas) y no por el método excepcional de designación directa, según lo determine la Comisión Permanente Estatal.

No ha quedado del todo disipada la sospecha de que seguirá el intento de apuntalar al secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, como candidato a presidente municipal de la capital, pese al rechazo generalizado que enfrenta, pero al menos en la sesión del Consejo nadie pudo quejarse de alguna intentona subrepticia.

En Juárez, en cambio, quedó abierta la posibilidad de recurrir al dedazo, pero la dirigente Daniela Álvarez no parece tener mucha prisa de irse a esa candidatura que le han puesto en bandeja de plata y, paradójicamente, con todas las presiones del mundo.

En cuanto a las alianzas aprobadas por el PAN, la realidad es que el acuerdo fue de mero trámite.

Los operadores panistas Jordy Herrera y Gabriel Díaz Negrete llevan tiempo de entendimiento, comunicación y negociación con Alejandro Domínguez y Fernando Martínez, del tricolor. El acuerdo, es conocido, es conservar las posiciones que actualmente tiene cada partido y explorar espacios adicionales donde la suma de estructuras y votos pueda resultar conveniente.

Nada del otro mundo en el ya viejo amasiato formalizado del PRIAN.

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La sesión panista que marcó el fin de semana, en suma, dejó a Marco Bonilla con varios asuntos resueltos: respaldo para su proyecto rumbo a la gubernatura, margen para negociar alianzas, una ruta sin dedazo para la capital y un acuerdo institucional sobre Jáuregui.

Es un paquete bastante completo para un mediodía del sábado, pero no fue talacha de unas cuantas horas sino de varios días de encuentros, reuniones y cruce de llamadas para aterrizar los acuerdos, sin dejar más muertos ni heridos en el camino.

Tal vez por ello, los del bloque opositor jaureguista-antisantiaguista, conformado por Jorge Soto, Félix Martinez, Carlos Olson, Rafael Loera e Isaac Díaz, llegaron a la cumbre con sonrisa de oreja a oreja, muy distinta a las caras largas de los primeros días tras la captura del exfiscal, quien desde el Altiplano seguramente ni cuenta se dio de los resultados de esta reunión.

Ello, desde luego, no significa que Maru haya perdido el control del partido, pues difícilmente esos entendimientos se habrían construido sin comunicación previa con Palacio de Gobierno, pero sí quiere decir que quien aspira a ser su sucesor comienza a ejercer liderazgo propio.