Chihuahua, Chih.- El 24 de octubre de 2018 fue asesinado Julián Carrillo Martínez, defensor rarámuri originario de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua. Su muerte no sólo dejó en el desamparo a su familia: también dejó en riesgo el bosque que defendía y a su comunidad, que actualmente sigue en resistencia desde el desplazamiento forzado interno. Este 30 de octubre son ocho años sin que puedan regresar a su hogar.
El pasado 18 de octubre, su familia y organizaciones de la sociedad civil honraron la memoria de Julián Carrillo Martínez, pero también denunciaron que su esposa, hijos, nueras, nietas y nietos siguen sin garantías de seguridad y sin reparación integral por los daños que han sufrido: no por el asesinato del defensor, sino por todos los impactos emocionales, económicos y culturales que este hecho implicó.
Hoy continúan viviendo lejos de Coloradas de la Virgen, sin acceso pleno a sus derechos y con una justicia que aún no termina de llegar, dijeron.
LA REPARACIÓN INTEGRAL SIGUE PENDIENTE
A ocho años del crimen, y aun cuando existe una sentencia judicial sobre el caso, la familia sigue sin recibir reparación integral. Ésta no puede reducirse a una indemnización: debe incluir restitución de tierras, viviendas y bienes usurpados; indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Debe ser individual y colectiva, con perspectiva intercultural y territorial.
Mientras tanto, la familia y su comunidad siguen enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos. En el desplazamiento no cuentan con viviendas propias ni espacios para la recreación de sus prácticas culturales y en Coloradas de la Virgen sus viviendas, tierras de cultivo y ganado han sido usurpados por personas ajenas a la comunidad.
La tala ilegal continúa en el territorio y las autoridades ambientales no han tenido la voluntad política de frenarla, aun cuando cuentan con recursos jurídicos para hacerlo. Esto permite que no se generen las condiciones de seguridad para que la comunidad desplazada tenga un retorno digno y seguro denunciaron.
El caso de Julián representa el de muchos defensores ambientales y territoriales en México y en América Latina. Desde Alianza Sierra Madre exigieron al Estado mexicano que proteja de manera oportuna a todas las personas defensoras de derechos humanos.
Además, solicitaron garantizar la reparación integral para la familia de Julián Carrillo Martínez, incluyendo medidas individuales y colectivas, así como la reparación integral para la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, con restitución de tierras, viviendas y territorio y avalar las condiciones de seguridad y un retorno digno para las familias desplazadas.
De igual manera, busca el reconocimiento y la protección del trabajo de las personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara.
“Hoy más que nunca, Julián Carrillo Martínez está presente. Representa el rostro de quienes exigen a lo largo y ancho de este país su derecho más básico al agua limpia; de quienes protegen a toda costa sus bosques de la tala legal e ilegal; y de las familias que se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado por el despojo de sus tierras y territorios y bienes comunes”.
