Chihuahua, Chih.- Carlos Alberto V. N., propietario de Carvel y detenido recientemente durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), mantiene una relación comercial con el Gobierno del Estado que tiene al menos una década documentada en registros oficiales, con empresas del grupo incluidas como proveedoras y con contratos y compras de combustible realizados en distintos periodos.
Energética Carvel, S.A. de C.V., empresa representada por Carlos Alberto, aparece desde 2015 en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado como dedicada a la venta de combustible. El registro de la entonces Secretaría de Hacienda identifica a la compañía con el RFC ECA131022SLA y al empresario como su representante.
La relación con dependencias estatales también aparece en documentación de años posteriores. El DIF Estatal publicó comprobantes de Combustibles Carvel, S.A. de C.V., correspondientes a compras de gasolina durante 2017, mientras la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reportó operaciones con la misma empresa durante 2018 y 2019. Entre estos documentos figura una factura emitida al Gobierno del Estado el 5 de noviembre de 2019.
Para ese periodo, Energética Carvel ya había obtenido contratos de mayor volumen con organismos estatales. La compañía ganó la licitación OTV/LPE/003/2018 para suministrar Diésel a las unidades de la Ruta Troncal del Vivebús, hoy Bowí, durante 2019. El procedimiento estableció un precio de 19.98 pesos por litro y quedó documentado en los expedientes de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua.
Los registros oficiales muestran además la presencia de otras empresas relacionadas con la denominación Carvel. En los padrones de Pensiones Civiles del Estado (PCE) aparece Combustibles Eje Central, S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de gasolinas y con Carlos Alberto V. N. como representante. En esa documentación también aparece un correo electrónico con el dominio grupocarvel. com.
La relación continuó durante la presente administración. De acuerdo con una nota periodística publicada en El Universal el 14 de septiembre de 2025, Energética Carvel obtuvo una contratación para suministrar vales de gasolina al Gobierno estatal en diciembre de 2019 y otra, en febrero de 2023, para abastecer con Diésel las calefacciones de instalaciones estatales.
En paralelo, Combustibles Carvel continuó registrando operaciones con dependencias estatales. La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHYBC) publicó un comprobante por combustible emitido el 21 de diciembre de 2023 y otro correspondiente a 2024, ambos a nombre de esa empresa y con Gobierno del Estado como receptor. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) publicó además un CFDI del 3 de marzo de 2025 emitido por Combustibles Carvel al Gobierno estatal.
En la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó que la Secretaría de Hacienda tenía al 31 de diciembre de ese año un saldo de siete millones 142 mil 247.54 pesos a favor de Energética Carvel dentro de la cuenta de Contratistas por Pagar a Corto Plazo. El informe estableció que el monto correspondía a obligaciones generadas durante 2021.
Para 2022, Energética Carvel ya no apareció con ese saldo individual entre las obligaciones reportadas por Hacienda al cierre del ejercicio. La ASE informó que durante ese año el Gobierno estatal pagó más de 935 millones de pesos correspondientes a cuentas por pagar de ejercicios anteriores, pero de manera pública no cuentan con algún comprobante que demuestre cuándo y cómo quedó liquidado el adeudo.
La revisión de los registros públicos muestra que la relación de empresas vinculadas con Carvel y el Gobierno del Estado no es reciente. Existe documentación oficial desde el padrón de proveedores de 2015, contratos de suministro al sistema de transporte estatal, compras registradas por el DIF y otras dependencias y operaciones documentadas todavía en 2025. No obstante, en la investigación realizada en los portales oficiales de internet no fue localizado un documento oficial que permita afirmar que alguna de estas empresas mantiene un contrato estatal vigente en 2026.
