CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) no pudo acreditar un presunto fraude en un contrato de 442 millones de pesos otorgado para el servicio de mantenimiento de los filtros de revisión y equipos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Dos instancias judiciales resolvieron que no hay elementos para vincular a proceso a 5 ex funcionarios del AICM y 3 ex empleados de la empresa Provetecnia, por presuntamente ocasionar un daño a la hacienda pública de 229 millones 301 mil 253 pesos pagados en este contrato.

Primero un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y luego el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación determinaron no procesar a los imputados por los delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Quienes libraron el proceso son Jordi Messeguer Gally, Director de Administración; Iván Durán Zenil, ex subdirector de Seguridad; Herón Villanueva Orozco, Gerente de Seguridad; Paola Mancilla Moreno, coordinadora de Equipos de Seguridad, y Francisco Luis Quiroz Pulido, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil del AICM.

También José María Salazar Escalona, quien fuera representante legal de la empresa Provetecnia, así como los ingenieros Iván Pabel Ruiz Chacón y Rai Liverpool Paul Orozco Olvera, ex empleados de esta proveedora, señalan documentos judiciales.

El caso deriva del contrato que el 30 de noviembre de 2021 adjudicó en forma directa el AICM a Provetecnia por 422 millones 275 mil 178.15 pesos para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de las marcas L3Communications y CEIA.

Su vigencia fue pactada del 1 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre de 2023.

El contrato abarcó 72 máquinas de rayos X, 22 detectores de metales pórticos CEIA, 61 trazas de detectores de explosivos Leidos y 16 detectores de explosivos Leidos mediante tomografía.

El 6 de marzo de 2023, poco después de que los marinos tomaran el control del AICM bajo el mando del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, la nueva administración militar denunció ante la FGR el presunto fraude en el convenio.

En su querella, señalaron que el proveedor y los funcionarios se habrían confabulado para simular los trabajos de mantenimiento a los equipos de seguridad de las terminales 1 y 2.

Como ejemplos, refirieron que el AICM pagó el mantenimiento de aparatos que estaban fuera de servicio, como es el caso de un tomógrafo Examiner 3 DX 6500 y cuatro detectores de explosivos QS-H150.

Y también señalaron que un sinnúmero de servicios no fueron prestados, pero las bitácoras de mantenimiento diario registraron lo contrario y, con base en esos reportes, la proveedora realizaba los cobros mes a mes.

Además, la FGR también imputó al apoderado de Provetecnia de haber entregado documentos falsos para conseguir el contrato, ya que Leidos -referida como fabricante de los equipos-, negó en una carta que hubiese dado licencias de mantenimiento y certificaciones de capacitación técnica a la proveedora mexicana.

Según la Fiscalía, del 15 de marzo de 2022 al 12 de mayo de 2023, el AICM pagó 43 facturas por un total de 229 millones 301 mil 253.86 pesos, monto en el que estimaron las supuestas irregularidades y el daño a la hacienda pública.

Cuando llevaron esta imputación ante el juez de control, los fiscales dijeron que esta cantidad era un lucro indebido que obtuvo el proveedor, con "argucias legales y engaños" que además pusieron en riesgo la seguridad nacional y la vida de miles de pasajeros.

El 24 de marzo de 2024 el juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur dictó la no vinculación a proceso en favor de los imputados y el sobreseimiento, es decir, la cancelación definitiva de la investigación con alcance de sentencia absolutoria.

Aplicó un criterio similar que le valió a Rosario Robles librar la Estafa Maestra y que consiste en que estas infracciones eran de carácter administrativo y no un delito.

La imputación fracasó en primera instancia porque desde la audiencia inicial se ventiló que en realidad el AICM no pagó por servicios que no le fueron prestados.

El juez llegó a esta conclusión porque, a través de la vía administrativa, en su momento las partes subsanaron la discordancia entre las bitácoras de servicio y las facturas pagadas y se restaron los montos de los trabajos que no se realizaron.

También, porque los trabajos de mantenimiento a equipos que estaban fuera de servicio no fueron una irregularidad, sino una obligación establecida en el contrato.

"En este caso, no consideraría que eso sea un fraude, sino que se facturó con base en lo que en el contrato se establecía y también se estableció que hubo responsabilidad administrativa, en su momento se expuso el dato de prueba relativo sobre esa circunstancia en específico de simular dar mantenimiento a equipos y llenar las bitácoras relativas a ese mantenimiento preventivo que no aconteció, eso ya se encuentra subsanado a través de esa vía administrativa y a través de las deducciones que no se facturaron en contra del Estado mexicano", dijo el juez.

Además, declaró como prueba ilícita la carta en la que Leidos desconoce las licencias y certificaciones presentadas por Provetecnia, ya que fueron obtenidas a través de un correo electrónico enviado por la fabricante estadounidense y no a través de una solicitud de asistencia jurídica internacional, requisito legal para validar una comunicación de esta naturaleza.

Si bien la FGR impugnó la resolución, recientemente fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, al estimar que la autoridad no presentó ningún argumento que fuera suficiente para revertirla.

En el mismo fallo, sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal echó abajo la cancelación absoluta o sobreseimiento de la indagatoria, lo que significa que la FGR puede seguir investigando y eventualmente volver a ejercitar la acción penal contra los presuntos implicados.

Algunos imputados ya presentarán amparos contra esta parte del fallo, porque consideran que el argumento del tribunal no tiene el alcance para reabrir la investigación.

Según listados judiciales, José María Salazar Escalona, ex apoderado de la proveedora y defendido por Alexandro Olea Trueheart y Óscar Ramírez Santiago, es uno de los que presentó su demanda de garantías.

El 24 de marzo de 2024, cuando decretó la no vinculación a proceso y la cancelación definitiva del caso, el juez de control consideró que la FGR formuló la imputación con unos documentos ilícitos.

Se refería a la referida carta de Leidos, en la que negó haber expedido la licencia y las 91 certificaciones de capacitación técnica que presentó Provetecnia en el contrato. Debido a que el documento fue enviado por e-mail y no por canales diplomáticos, el juez lo declaró como prueba ilícita.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, sin embargo, revocó esa determinación porque, en su opinión, se trata de una omisión que la FGR podía "regularizar", solicitando por los canales oficiales los mismos documentos, de los cuales podrían "desprenderse nuevas líneas de investigación".

Allegados al caso explicaron que, aún si regularizan esta prueba, no se acreditará que la carta del fabricante es falsa.

La razón es que, cuando en 2021 suscribió el convenio con el AICM, el fabricante que expidió esas autorizaciones a la proveedora mexicana fue la empresa L3Harris, pero tiempo después ésta se dividió en L3 y Harris y vendieron una de sus divisiones a Leidos.

Esta última no está relacionada con los equipos instalados en el aeropuerto; es L3 y Harris las que tendrían la información de las licencias y certificaciones que fueron expedidas a Provetecnia.

La decisión de reabrir el caso aún está en suspenso y será un tribunal colegiado de circuito el que defina si la confirma o echa abajo.