Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa de turista a la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por ordenar el cese de excavaciones de fosas clandestinas halladas en el Cañón de las Carretas, reveló el semanario Zeta.

Mientras que el esposo de Ávila, Carlos Torres, es investigado en Estados Unidos por actos que pudieran encuadrarse en "delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros", confirmó a Zeta una fuente del Departamento de Estado.

La publicación revela que Torres no es el único investigado, también su hermano, Luis Alfonso.

En México, los hermanos Torres son investigados por los presuntos delitos de evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La investigación la inició la Fiscalía General de la República por delitos de huachicol en Ensenada, desde marzo pasado, de acuerdo a la confirmación de dicho dato por un agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

En el reportaje se detalla que a Carlos Torres primero le fue cancelada la tarjeta de Viajero Confiable Sentri y después le quitaron la visa en la Garita Internacional de Tijuana, en San Ysidro.

Dicha tarjeta se otorga luego de realizar una exhaustiva investigación de antecedentes penales y migratorios, además de entrevistas personales.

Cualquier cambio en estos temas es motivo de revocación de la tarjeta, la cual permite un cruce preferente en la frontera.

Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que la tarjeta Sentri primero fue revocada a Carlos Torres y luego a la Gobernadora, mediante una notificación digital.

Una semana después de la cancelación de la tarjeta Sentri a Carlos Torres, cerca del 30 de abril, se le canceló la visa cuando llegó a la garita.

Las fuentes del Departamento de Seguridad Nacional revelaron cuando Torres Torres llegó a la garita para cruzar de Tijuana a la Unión Americana, el oficial de la Custom and Border Patrol (CBP) recibió una alerta que indicaba que al esposo de la Gobernadora se le debía retirar la visa de no migrante y destruirla.

Esto es contrario a la versión que Torres dio en redes sociales, donde publicó que autoridades consulares de EU le habían notificado sobre la revocación de la visa.

Zeta refiere que el oficial del CBP le dijo a Carlos Torres que debía pasar a una segunda inspección, la cual se realizó en un patio exprofeso, donde le notificaron de la cancelación de la visa para realizar ahí mismo su destrucción.

Fue así que Torres fue regresado a México.

Las fuentes también relataron que las autoridades de EU analizaron si se debían revocar la visa a la Gobernadora Ávila y cómo hacerlo.

La decisión para cancelar la visa se basó en el hecho de que la mandataria había detenido la exploración de una fosa del crimen organizado, descubierta a mediados de abril en Tijuana y de la cual el Departamento de Seguridad de Estados Unidos tenía conocimiento no sólo de su existencia, sino incluso de la cantidad de restos enterrados por un cártel de la droga.

"Por eso determinaron en Washington seguir el procedimiento de revocación de visa de no migrante a la gobernadora, al igual que previamente había sucedido con su esposo.

"Pero en este caso, explicó la fuente, por razones institucionales y respeto a su investidura como gobernadora constitucional del estado de Baja California, sí le dieron la concesión y cortesía de notificarle personalmente", refiere la publicación.

Zeta informó que fue el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, el que notificó a la Gobernadora, vía consular y personalmente, de la revocación de su visa de no migrante, con el fin evitar un "momento incómodo" en caso de que ella decidiera cruzar hacia Estados Unidos.

Tanto Ávila como a Torres no se les notificó sobre el motivo de la revocación de las tarjetas Sentri y de las visas, reporta el semanario.

Precisó que la fuente consultada confirmó que la cancelación de la visa de Carlos Torres es consecuencia de una investigación en Washington, con información de una carpeta que ha sido elaborada en la frontera sur de EU y el norte de México.

La investigación a Torres Torres se generó desde el 26 de marzo pasado, cuando Fuerzas Federales de México localizaron un predio con contenedores de diésel, con cerca de 8 millones de litros, lo que fue considerado como robo de combustible a gran escala.

En la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República se incluyó el siguiente testimonio:

"En Ensenada se nos obliga a quedarnos callados, a pesar de todas las cosas que vemos que hacen, ya que, se dice, se encuentran apoyados por un grupo de políticos del Estado, como ya se vio los Noveló, (propietario del predio donde estaban los contenedores), el mismo presidente municipal de Ensenada, que ahora es senador, Armando Ayala, y los hermanos Torres, que dicen que ellos tienen todo controlado, incluso hasta las autoridades federales, lo cual, después de la muestra que nos acaba de dar la defensa, el descubrimiento del predio del huachicol, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, nos hace ver que no es cierto, que han sido puras mentiras para mantener amenazadas a todas las personas que queremos trabajar bien y que nos obligan a estar consintiendo todos sus actos de corrupción. Por eso es que queremos hacer esta denuncia", cita Zeta sobre el testimonio recabado.