Ciudad de México.- El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, no fue un ataque improvisado, sino la culminación de una operación delictiva coordinada por chat, organizada en capas y ejecutada con precisión suficiente para que sus propios participantes se delataran.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una reconstrucción cruda del caso, elaborada a partir de cámaras, análisis telefónico y mensajes enviados entre los agresores.

El seguimiento que el propio grupo criminal dejó en sus dispositivos permitió esclarecer la secuencia completa.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que el sujeto identificado como “El Licenciado”, nombre con el que Jorge Armando “N” operaba dentro del grupo, fungía como mando: daba instrucciones, presionaba a los ejecutores y reiteraba que debían atacar aunque el alcalde estuviera acompañado.

Detalló que el detenido es líder de una célula delictiva de Michoacán vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que por años ha mantenido una lucha con otras organizaciones criminales por el control de ese estado que es el principal productor de aguacate y limón del país.

El registro de mensajes muestra un mecanismo de control interno, donde cada participante debía enviar evidencia constante del movimiento del presidente municipal, político independiente de 40 años que murió el 1 de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que disparó un pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, falleció en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.

• 18:06 hrs.

Ramiro “N”, presunto coordinador en campo y reclutador de los ejecutores, envía un video desde la jardinera donde horas después asesinarían a Manzo. Informa que ya está en posición para ubicarlo.

• 19:45 hrs.

Los integrantes avisan que Carlos Manzo está en el festival de velas y que transmite en vivo por redes sociales. Para los agresores, la transmisión fue una confirmación de ubicación.

• 20:00 hrs.

Ramiro reporta que las autoridades tienen sometido al tirador y que Manzo está siendo atendido. Aun así, comparte otro video del sitio tras la agresión.

• 20:14 hrs.

La instrucción del grupo es recoger a Fernando Josué “N”, cómplice operativo.

Los mensajes muestran un patrón: monitoreo, presión, ejecución, escape. También revelan el nivel de disciplina interna del grupo criminal: borrar mensajes después de cada instrucción, no improvisar y compartir evidencia para demostrar obediencia.

Los ejecutores también fueron silenciados

Días después, el 10 de noviembre, aparecieron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan–paracho. El hallazgo se interpretó como un intento del propio grupo criminal por impedir que declararan.

Sus teléfonos, encontrados un día después, fueron clave: contenían los mensajes, los videos enviados antes y después de la agresión, y las rutas utilizadas para intentar escapar. La evidencia digital resultó decisiva.

La detención del presunto autor intelectual

Con esa información, el Gabinete de Seguridad —Sedena, Semar, SSPC, CNI— en coordinación con la Fiscalía General de Michoacán, ubicó a Jorge Armando “N” en Morelia, donde fue detenido el 18 de noviembre.

El aseguramiento incluyó:

• Un arma corta

• Cargador

• Dosis de droga tipo cristal

• Dos equipos telefónicos

• Un vehículo

La SSPC asegura que la captura desarticula una parte clave de la estructura criminal que operaba en la región, responsable también de extorsiones y reclutamiento de jóvenes.

El caso Manzo revela algo más profundo: los homicidios políticos en México ya no se organizan solo con halcones en la calle, sino con operadores que usan chats cerrados, videos en tiempo real y presión digital para coordinar ejecuciones. La violencia mezclada con tecnología rudimentaria, pero eficaz, está moldeando nuevos patrones delictivos.

El Gobierno federal aseguró que habrá más detenciones. Las investigaciones siguen abiertas.

Manzo contaba desde diciembre de 2024 —tres meses después de asumir el cargo— con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional tras recibir amenazas de los grupos delictivos.

La ejecución intensificó el malestar de los mexicanos por la violencia desatando protestas en distintos puntos del país. El 15 de noviembre se registraron en la capital mexicana y otras ciudades del país grandes movilizaciones contra la violencia que golpea vastas regiones de México. La marcha en la Ciudad de México culminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías que dejaron más de un centenar de lesionados, muchos de ellos agentes policiales, y una veintena de detenidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en el estado con más de 10 mil agentes federales, y la activación de programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia, uno de los ejes de la política de seguridad que instauró desde que llegó al gobierno hace un año.