Cd. de México.- Aunque fue denunciado por ser parte de un supuesto quebranto de 9 mil 598 millones de pesos por la venta ilegal de bienes del estado de Nayarit, el ex Gobernador Antonio Echevarría García, consejero de la CFE desde noviembre de 2023, fue el único de los tres ex Mandatarios involucrados contra quien la FGR no pidió la orden de aprehensión.

De acuerdo con documentos ministeriales, el 7 de diciembre de 2023 el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los ex Gobernadores nayaritas Ney González, Roberto Sandoval y Antonio Echevarría.

Según el FIBBA, en conjunto los tres autorizaron 186 operaciones o contratos ilícitos mediantes los cuales se vendieron o regularizaron bienes del estado en favor de empresas y particulares, por un total de mil 313 millones 783 mil 139.21 pesos.

Pero, de acuerdo con la FGR, debido a que los terrenos fueron vendidos a un precio hasta 10 veces menor a su valor real y no se pagaron en su totalidad, estas operaciones de compra venta ocasionaron un daño patrimonial al FIBBA de 9 mil 598 millones 201 mil 61.59 pesos.

En la indagatoria, se señala que Echevarría es quien autorizó el mayor número de operaciones supuestamente ilegales, con 102 contratos y convenios.

El daño que habría ocasionado al FIBBA sería de 805 millones 424 mil 779.81 pesos, es decir, el 8.3 por ciento del total que se atribuye a los ex Gobernadores.

A pesar de que el FIBBA se querelló en su contra, el 6 de agosto de 2024 la FGR sólo solicitó las órdenes de aprehensión contra González y Sandoval, dejando fuera de la judicialización al hoy consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y en aquella ocasión sólo se libró la captura contra el primero.

"Del periodo comprendido del año 2017 al 2021 en el que Antonio Echevarría García fungió como Gobernador del estado de Nayarit y presidente del Comité Técnico del FIBBA, así como Roberto Vergara Camarena, quien se desempeñó como director general del referido fideicomiso y delegado fiduciario especial de Banobras, se llevaron a cabo 102 contratos y/o convenios que implicaron la venta de 109 inmuebles y a 126 propietarios", dice la FGR en la solicitud de captura contra dos de los ex mandatarios.

"Dichos contratos privados de compraventa, convenios privados de regularización de posesión y la formalización de la escritura de los anteriores, son nulos e inexistentes y que al suscribirlos Roberto Vergara Camarena, con anuencia del Gobernador, lo hizo abusando de los poderes que le había conferido Banobras".

"Pues no existió registro de la voluntad de los integrantes de Comité Técnico de llevar actos traslativos de dominio de estos 109 inmuebles y, respecto de los cuales, no se acreditó pago alguno a favor de fideicomiso, tal como lo señaló la actual directora y delegada especial del referido fideicomiso, de ahí que devenga su ilicitud".

La FGR asegura que Echevarría transmitió la propiedad de 109 inmuebles del FIBBA a terceros sin aprobación de su Comité Técnico, ya que no existe un acta que demuestre que se analizaron y autorizaron dichas operaciones de venta.

Tampoco existe registro de la intención de compra de los supuestos adquirentes, ni los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que debieron tomarse en cuenta para fijar el precio de la operación.

"En este periodo gubernamental también existió un consentimiento tácito y continuidad en el modus operandi en perjuicio de la querellante (FIBBA), por parte del investigado Antonio Echevarría García, respecto de las operaciones que sus homólogos pasado y antepasado habían ejecutado, al no existir pronunciamiento alguno respecto de las irregularidades detectadas en la administración del patrimonio del fideicomiso", señala la FGR.

"Y, de nueva cuenta, se insiste, se continuó con el modus operandi que se había instaurado al celebrar 102 contratos y/o convenios, en los cuales se transmitió la propiedad a terceros respecto de 109 inmuebles pertenecientes al patrimonio del fideicomiso".

No obstante, la Fiscalía no procedió contra Echevarría.

Y acorralan a Ney González


Un total de 7 órdenes de aprehensión han sido libradas hasta ahora contra Ney González, Gobernador de Nayarit de 2005 a 2011, por delitos que van desde el fraude y el peculado, hasta el tráfico de influencias, asociación delictuosa y falsificación de documentos.

De acuerdo con documentos ministeriales, seis de estos mandatos de captura fueron girados por jueces de control del fuero común de Nayarit y una por un juez federal del Centro de Justicia Penal de Tepic, a solicitud de la Fiscalía General de la República.

El pasado 11 de noviembre, en rueda de prensa, Cristina Reséndiz Durruti, Fiscal Especializada de Control Competencial de la FGR, informó que contra González existía una orden de captura federal y una ficha roja de la Interpol.

De acuerdo con documentos ministeriales, el caso en cuestión es una orden de captura solicitada por la FGR el 6 de agosto de 2024 contra González y su sucesor Roberto Sandoval por el delito de fraude agravado.

El juzgador instruyó sólo la captura del primero y hasta el momento este es el único mandamiento judicial a nivel federal contra dicho ex Mandatario priista.

En dicho asunto, se imputa a González de haber ocasionado, junto con sus sucesores Roberto Sandoval Castañeda y Antonio Echevarría García, un presunto quebranto de 9 mil 598 millones 201 mil 61.59 pesos al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), por la venta ilegal de bienes del estado.

En particular, se le atribuyen contratos ilícitos de compra venta y regularización de inmuebles por 7 mil 346 millones 442 mil 712.92 pesos, lo que constituye el 76.5 por ciento del total imputado a los ex Mandatarios.

Este es probablemente el caso más cuantioso contra el hoy prófugo de la justicia, sin embargo, no es el único pendiente que tiene con la justicia.

El 8 de febrero de 2024, Daniel Cortés Araujo, Fiscal de Nayarit, informó a la FGR que existían 6 órdenes de aprehensión del fuero común contra Ney González Sánchez que en aquel momento estaban vigentes.

La primera, en que la agraviada es Secretaría de Administración y Finanzas de Nayarit, fue librada por los delitos de ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos en su modalidad de uso.

La segunda, derivada de una denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), es por ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, peculado y administración fraudulenta.

Una aprehensión más, en la que el FIBBA e Inbursa son los ofendidos, fue girada por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, peculado, administración fraudulenta y falsificación de documentos en general.

Otra, en la que los afectados son el empresario Carlos Brockman de Anda y la empresa SNR Diseño y Desarrollo, S.A. de C.V., fue ordenada por los ilícitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, delitos cometidos en la administración de justicia y fraude específico.

González también tiene un mandamiento de captura por ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa, en el que Banobras es el agraviado.

La última orden de aprehensión librada por un juez local es por asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, fraude específico y administración fraudulenta, la cual también deriva de una denuncia del FIBBA, señala el reporte.

De momento, las autoridades federales y locales desconocen el paradero de González.