Washington DC, Estados Unidos.- La ilegalidad en los sectores pesquero y maderero de México no sólo viola compromisos ambientales del T-MEC, sino que también representa una traba comercial que afecta a productores de Estados Unidos, denunció la Administración de Donald Trump.
Al publicar la edición 2026 de su Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) incluye, por primera vez, un apartado ambiental en el capítulo sobre México, donde denuncia la ilegalidad en pesca y madera.
"La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por parte de buques pesqueros mexicanos socava los esfuerzos de conservación, distorsiona el comercio y amenaza el sustento de los pescadores estadounidenses que cumplen con la ley", asegura el reporte publicado la noche del martes.
Sobre el sector pesquero, el reporte de USTR destaca la pesca ilegal mexicana en la Zona Económica Exclusiva de EU del Golfo de México, particularmente alrededor de la pesca del huachinango, así como la pesca furtiva de totoaba en el Alto Golfo de California; en ambos casos, ligados a cárteles mexicanos.
"Los buques pesqueros mexicanos, a menudo vinculados a organizaciones criminales transnacionales, cruzan habitualmente a aguas estadounidenses en el Golfo de México para capturar poblaciones de peces reguladas por EU, como el huachinango, el mero y el tiburón", apunta el reporte del USTR.
"La pesca ilegal en el Alto Golfo de California aumenta significativamente el riesgo de captura incidental de la vaquita marina, en peligro crítico de extinción, así como también impulsa el comercio ilegal de vejigas natatorias de totoaba, que se sabe que se intercambian por precursores químicos del fentanilo", dice.
Actualmente, México ya enfrenta sanciones pesqueras de Estados Unidos, incluyendo una prohibición de 2025 para la importación de camarón y tiburón de áreas de riesgo del Golfo de California, y una restricción de 2023 a la entrada a Estados Unidos de buques pesqueros mexicanos que lleguen del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
En el marco de la actual revisión del T-MEC, un grupo de senadores demócratas está solicitando a la Administración Trump incluir en el acuerdo un Mecanismo de Respuesta Rápida en el tema ambiental, similar al que que vigila potenciales violaciones a situaciones laborales en territorio mexicano.
De la misma manera, y de forma pionera, la edición 2026 de su Reporte Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior introduce el tema de la madera ilegal en el mercado mexicano como una barrera que afecta a empresas estadounidenses y que se liga también a cárteles de la droga.
"El comercio de madera producto de la tala ilegal (en México) perjudica injustamente a las empresas estadounidenses que cumplen con las leyes ambientales, financia a organizaciones criminales transnacionales y daña el medio ambiente y las comunidades locales", señala el reporte de USTR.
Haciendo referencia a informes de organizaciones ciudadanas y especialistas, la Administración Trump apunta que entre 30 y 70 por ciento de la madera en México tiene origen ilegal; además, conectó este tema a deforestación particularmente en el área productora de aguacate en Michoacán.
"A pesar de algunos avances logrados gracias a una iniciativa voluntaria estatal en Michoacán... para certificar huertos de aguacate libres de deforestación, que exportan a Estados Unidos, algunos productores de aguacate en México han expandido la producción a tierras deforestadas ilegalmente", apunta el nuevo reporte.
Desde 2023, la organización Climate Rights International urgió a USTR a hacer efectiva la vigilancia de los compromisos ambientales de México contenidos en el T-MEC, particularmente alrededor de productos comerciales de alto valor como el aguacate, cuyas exportaciones anuales superan los 3 mil millones de dólares.
