El Fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la FGR por participar en una red que, junto con su hijo, Leonel Díaz Grajales, cobraba moches de hasta 25 por ciento a las víctimas de delitos que recibieron pagos por reparación del daño.

Según la denuncia presentada por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, padre e hijo hicieron uso indebido de información y traficaron influencias para despojar a víctimas de parte del dinero que provenía de recursos federales.

El padre desde la Fiscalía Anticorrupción, y el hijo desde la Comisión de Atención a Víctimas se coludieron para beneficiar expedientes específicos de víctimas y obtener ganancias económicas.

Al iniciar el Gobierno de la morenista Margarita González, en 2024, Díaz Grajales fue contratado dentro de la Comisión y ese año tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral a víctimas.

Tras su salida, utilizó esa información para representar legalmente a un grupo de personas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos del fondo federal, según la denuncia.

Mediante contratos privados, abundó Picazo, pactó honorarios de hasta el 25 por ciento del monto obtenido por concepto de reparación integral.

La funcionaria informó que, durante ese mismo periodo, la Fiscalía Anticorrupción -encabezada desde mayo de 2025 por Díaz Rogel- solicitó información confidencial sobre expedientes específicos vinculados a personas representadas por su propio hijo, lo que habría generado un contexto de presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos.

Para Picazo, estas conductas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como actos de intimidación y extorsión institucional.

La denuncia subraya que los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Reparación Integral, lo que, por su naturaleza federal, obliga a la intervención de la FGR para investigar posibles irregularidades en el manejo y destino del dinero para las víctimas.

Entre los efectos señalados, se advierte una posible alteración en el orden de atención de víctimas y un trato desigual en el acceso a recursos, al favorecer expedientes específicos mediante el uso de información privilegiada y la intervención de autoridades con poder de decisión.

La Comisionada solicitó la apertura de una carpeta de investigación, la práctica de diligencias para esclarecer los hechos, la determinación de responsabilidades penales y la implementación de medidas de protección a su favor ante el riesgo derivado de la denuncia.