Ciudad de Mëxico.- La recomendación del Comité Técnico de aplicar un nuevo examen en la UNAM, tras las anomalías detectadas, representa una solución socialmente sensata, empíricamente informada y jurídicamente razonable, además de busca garantizar la integridad del proceso y el derecho de los alumnos que no hicieron trampa, sostuvieron especialistas.
Javier Martín Reyes, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, dijo que la Universidad no tenía salidas fáciles ante los indicios de irregularidades y destacó que el dato central que sustenta la recomendación de la Comisión Técnica es una anomalía en la distribución de los resultados.
En un posteo en redes sociales, el abogado constitucionalista expuso que, en aplicaciones previas, el 3.5 por ciento de los sustentantes obtenía 100 o más aciertos, mientras que en 2026 esa proporción aumentó a 16.3 por ciento.
Agregó que, en el umbral de 110 aciertos, el porcentaje pasó de 0.9 a 5.5 por ciento.
De acuerdo con Martín Reyes, estos datos sugieren que un número importante de aspirantes recibió ayuda indebida, aunque aclaró que la información agregada no permite identificar, caso por caso, quién incurrió en alguna irregularidad.
El investigador explicó que la nueva convocatoria abarcaría tanto a los aspirantes aceptados como a quienes no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026.
"La lógica es sencilla (y sensata): reabrir la puerta a quienes probablemente habrían (ingresado) si otros no hubieran hecho trampa", escribió.
"Es, me parece, una medida jurídicamente necesaria. La alternativa menos mala para garantizar la integridad del proceso y los derechos de miles de alumnos que no hicieron trampa y que muy probablemente hubieran ingresado en condiciones ordinarias", reiteró.
El experto reconoció que la medida impone una nueva carga a quienes obtuvieron un lugar de manera legítima; sin embargo, afirmó, "no alcanzo a ver una alternativa igualmente idónea y menos restrictiva".
El académico e investigador de la UAM, Carlos Contreras Ibáñez, afirmó que el uso de herramientas de inteligencia artificial está planteando desafíos inéditos para las universidades de todo el mundo, y que la UNAM no es un caso aislado.
Citó el caso de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, donde debieron revisar qué estaba pasando, justamente con alguno de sus exámenes para una carrera muy demandada en economía.
El Rector, señaló, tuvo que intervenir y también crear una comisión para saber qué se podía hacer para mantener la integridad académica.
Consideró que con el advenimiento de las tecnologías, no se debe dejar de ver que la humanidad está ante una transición y debe haber una respuesta total de cómo manejar ciertas circunstancias que se van presentando.
"Hay que debatirlo públicamente, porque pareciera que sólo sucede (la trampa) en un examen de ingreso, pero lo estamos viendo en las empresas, en los despachos de abogados, en los juzgados, en los médicos".
El psicólogo social consideró que la discusión debe centrarse en encontrar soluciones y no en desacreditar a la Universidad.
"La Universidad Nacional es un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo nacional, es la institución más grande que tenemos en el País, que sigue siendo la más confiable".
En tanto, la investigadora Alma Maldonado, una de las integrantes de la Comisión Técnica, adelantó que la aplicación del segundo examen podría contar con menos aspirantes que los que se esperan.
"Si algunos estudiantes incurrieron en prácticas deshonestas, quizás no se van a querer presentar", planteó.
Aseguró que el examen de control tendrá la misma rigurosidad metodológica que el examen de admisión.
Y adelantó que el proceso de admisión será materia de análisis, y deseó que ello derive en un mejor manejo de las nuevas tecnologías.
Con información de Claudia Salazar y Mayumi Suzuki