Tras un despojo armado en las instalaciones del viñedo La Redonda, en Ezequiel Montes, Querétaro, cuatro personas fueron detenidas en posesión de un arma de fuego, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos, informaron autoridades estatales
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó un cateo como parte de una carpeta de investigación por los delitos de despojo y robo, acción que derivó en una incursión de los agentes a este sitio turístico.
La diligencia fue encabezada por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo del Ejército, la Policía Estatal (POES) y la Policía Municipal de Ezequiel Montes, dentro de la estrategia interinstitucional Sinergia, enfocada en operativos coordinados con base en inteligencia.
De acuerdo con la Fiscalía, los indicios asegurados serán analizados para determinar la probable responsabilidad de los detenidos y continuar el esclarecimiento integral de los hechos, garantizando el debido proceso.
El operativo se originó tras reportes de un desalojo ocurrido días antes en el inmueble.
En un comunicado público, la administración de Viñedos La Redonda informó que el 8 de diciembre fue despedido legalmente el empleado Claudio Bortoluz Muñoz.
Siete días después, apuntó, regresó acompañado de personas ajenas a la empresa y personal armado para desalojar las instalaciones del viñedo, impidiendo el acceso al lugar y la continuidad operativa del complejo.
La empresa señaló que desde entonces se reportaron incendios en instalaciones y el uso ilegítimo de equipo, vehículos e infraestructura sin consentimiento.
También afirmó que más de 300 familias dependen directamente del negocio, el cual opera desde hace más de 50 años y forma parte de la actividad turística regional.
La Fiscalía estatal indicó que continuará con los actos ministeriales correspondientes para determinar responsabilidades penales relacionadas con el presunto despojo y robo.
La estrategia Sinergia, bajo la cual se ejecutó el cateo, integra corporaciones de los tres niveles de gobierno para intervenir en delitos mediante coordinación operativa y tecnológica.
