Ciudad de México.- El Presidente Municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, grabó y publicó en sus redes sociales un video en el que tres trabajadores de la construcción reciben golpes con una tabla como sanción física tras ser señalados por acoso sexual contra una mujer en la zona centro del municipio.

En el video, difundido originalmente en su página de Facebook y posteriormente eliminado, se observa al Edil independiente acudir a la obra donde laboraban los hombres para interrogarlos sobre la queja ciudadana.

Durante la grabación, Ruiz Ramírez exige a los trabajadores identificarse antes de obligarlos a ofrecer una disculpa pública y a golpearse mutuamente con una tabla de la propia construcción.

"Ya no vuelve a pasar, una disculpa muchacha", expresa uno de los involucrados, identificado como Jesús, mientras sonríe con nerviosismo frente a la cámara.

A lo largo de la dinámica, en la que cada uno debía recibir tres golpes, el Mandatario municipal alienta el castigo entre risas de los presentes.

"Échele, échele, bien tronado", instruye el Alcalde durante la aplicación de las agresiones, para luego exclamar: "Para que se les quite, güeyes".

Al llamar al tercer trabajador, el Edil señala que la sanción aplicaba también "por andar ahí de metiche viendo".

Ante la ola de cuestionamientos por la promoción de castigos extrajudiciales, Ruiz Ramírez realizó una transmisión en vivo para defender su actuación, asegurando que la medida nació como una sugerencia de los propios señalados.

"No es que yo haya querido, ellos propusieron eso como tal, ofrecieron una disculpa", afirmó el independiente.

"A lo mejor no fue el modo ni la manera. Tampoco digo que estuvo mal, les soy bien sincero", admitió y defendió el funcionario.

Según el relato del Alcalde, el incidente inició cuando la afectada lo etiquetó en redes sociales para denunciar que, al caminar frente a la obra, los trabajadores le lanzaron besos y comentarios inapropiados.

Ruiz Ramírez sostuvo que propuso a los hombres esperar una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero que ellos prefirieron el castigo físico para evitar un proceso legal. Asimismo, aclaró que los albañiles no pertenecen a la nómina del Ayuntamiento, sino que fueron contratados de forma particular para las obras públicas.

El suceso generó posturas divididas entre la ciudadanía. Mientras algunos usuarios en redes sociales respaldaron la intervención directa bajo la premisa de frenar el acoso callejero, activistas y juristas condenaron el uso de la violencia física por parte de un servidor público.

"Mi rechazo absoluto a la tortura y al abuso de poder. Ninguna conducta, por reprobable que sea, justifica que una autoridad realice tortura. La justicia no puede impartirse mediante la violencia ni al margen de la ley", indicó el abogado y activista social Johann Ariel Osornio Castillo.

"El respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho deben estar por encima de cualquier cargo público. La autoridad está obligada a hacer cumplir la ley, no a estar por encima de ella", agregó.