-Con debate, el INE dio la razón a AMLO

-Los misteriosos 28 contratos en Namiquipa

-Coincidencias de encuestas con Bonilla


El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, consiguió la mayoría calificada que estaba comprometida para sacar adelante la reforma judicial estancada desde un año y la designación del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a favor del juarense Javier González Mocken.

En el caso del nombramiento para relevar a Néstor Armendáriz, la terna conformada por Zulay Alaid Abbud Esparza, Gildardo Iván Félix Durán y el ganador, no hizo más ruido que el promovido por los morenistas encabezados por Cuauhtémoc Estrada, quienes le dieron ocho sufragios a la mujer.

En este tema y en la reforma judicial, Estrada Sotelo insistió en mostrarse a favor de las mujeres, a pesar de que tiene en contra una sentencia del Tribunal Estatal Electoral por violencia política ejercida en contra de su compañera morenista Adriana Terrazas.

Fue el detalle comentado entre las curules durante la sesión realizada ayer en la torre legislativa.

En cuanto a la reforma judicial, que la semana pasada terminó cayéndose de la orden del día y luego retomó el rumbo de los acuerdos con la conducción del panista Chávez, la mayoría calificada volvió a hacerse presente ante una disminuida minoría morenista.

Ante la aplanadora que se veía venir, tal vez algo mejor tuvieron que hacer los morenos María Antonieta Pérez, Gustavo “Pichú” de la Rosa y Benjamín “Benjamón” Carrera, quienes no asistieron a la sesión y redujeron los escasos votos de la bancada opositora.

Así pasó la reforma al Poder Judicial para darle mayores facultades al Consejo de la Judicatura del Estado y establecer el nuevo mecanismo para la selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con la intervención del Ejecutivo y el Legislativo.

La reforma lleva también pase directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos así lo había advertido la bancada morenista, pero eso será historia y análisis para otro día.

Por lo pronto nomás se publica en el Periódico Oficial del Estado y entra en vigor.

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Las quejas de los aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez, sobre la organización del debate del pasado domingo, dejaron en muy mala posición al Instituto Nacional Electoral (INE), que evidentemente perdió confianza por las fallas en la producción que costó casi 20 millones de pesos.

En el análisis que hacen a nivel local algunos de los representantes partidistas con asiento en la Junta del INE en Chihuahua, hay un factor más relevante a discutir, más allá de si el ejercicio lo ganó la dama de hielo, la señora de la X o el abanderado de la sonrisa sin sentido.

El debate, dicen, más que nada le dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien permanentemente se ha quejado de que el INE es caro, no sirve y está diseñado para favorecer a una mafia política donde confluyen diversos intereses.

Fuera de la apreciación sobre el sesgo ideológico y los calificativos que ha usado el presidente al referirse al INE, el domingo por la noche sí quedó claro que el aparato organizador de elecciones es oneroso y no sirve del todo a la democracia, si no puede siquiera organizar un debate con la calidad necesaria de producción.

Porque no sólo fueron las fallas del reloj de más de 100 mil pesos ni las confusiones en los tiempos de las candidatas y el candidato, que fueron sacados de balance en algunos momentos, sino también las tomas de cámaras que a veces parecían improvisadas o accidentales.

Todo eso, sin tomar en cuenta la crítica a las preguntas planteadas y elegidas, todas con datos utilizados en el golpeteo contra la administración y ninguna con los “otros datos” que todos los días receta en sus misas mañaneras el jefe del Ejecutivo.

Pues bien, aseguran, a nivel local el INE es un reflejo de esa costosa burocracia nacional, onerosa y poco efectiva, a la que podría valer la pena meterle mano con reformas, obviamente después de que concluya el proceso electoral en marcha.

A toro pasado.

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Tenemos el dato de los contratos que finalizan este 2024 y que fueron celebrados con dineros del gobierno federal, para diversas obras y servicios en el estado de Chihuahua.

Hay en la federación una debilidad por los contratos directos y por invitación a cuando menos tres proveedores; de los ocho mil 586 contratos que corresponden al ámbito nacional, y que insistimos, concluyen este año, tres mil 621 corresponden al método de adjudicación directa.

Es decir, casi la mitad de los contratos son dirigidos a un proveedor especifico, por alguna de las excepciones que la ley señala, pero el dato alcanza otras dimensiones, cuando se le suman los correspondientes al método de invitación a cuando menos tres proveedores, porque entonces constituyen seis mil 289, el 73 por ciento del total.

Únicamente fueron adjudicados por licitación pública dos mil 668.

Traído el dato a nivel estatal, más o menos sigue la misma dinámica: de los 89 contratos federales que vencen este 2024, de acuerdo con una base de datos a la cual tuvimos acceso, 26 corresponden a licitación pública nacional; 5 a invitación a cuando menos tres personas y 29 a adjudicación directa.

Pero probablemente el dato más picoso dentro de todo el gran universo de contratos, es que hay 28 que carecen de una especificación del método utilizado para contratar.

Todos ellos corresponden a una sola municipalidad, a Namiquipa, donde gobierna el priista Oscar Barraza Robledo, sujeto a muchos señalamientos de diversa naturaleza, entre ellos una residencia adquirida hace un par de años, que trascendió en medios.

Los dineros para esos contratos, que suman algo así como siete millones de pesos, fueron utilizados supuestamente para mano de obra local, diversas acciones, como alumbrado público, ampliación de red local de agua, construcción de piso firme, mejoramiento de vivienda entre otros.

Tendrá chamba la Auditoría Superior de la Federación, para revisar la justificación de los pagos realizados y la ejecución de las mismas obras.

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La mayoría de las encuestas respetables que han sido publicadas este mes, han arrojado datos parecidos en cuanto a la aprobación por los chihuahuenses del ahora alcalde con licencia Marco Bonilla. No sale de los tres primeros lugares.

Esta semana fue posicionado por Rubrum, pero también ayer salió a la luz la encuesta que hace México Elige, donde colocan en el tercer lugar al chihuahuense con 67.3% de aprobación.

Aparece solo unas décimas por debajo del primer lugar, obtenido por la alcaldesa de Campeche, Bibi Rabelo, del partido Movimiento Ciudadano; y del segundo lugar, Antonio Astiazarán, del PAN,  que gobierna la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Obvio, el partido guinda desestima esos sondeos; será porque ninguno de sus correligionarios gobernantes son favorecidos en las mismos debido al mal papel que han hecho al frente de sus administraciones.

Aquí tenemos cerca el ejemplo de las dos alcaldesas de Nuevo Casas Grandes; o más lejos, de la gobernadora Layda Sansores, en Campeche.