-Fórmula del Cobach con antecentes penales
-Ex jurídico de Aras con nomenklatura morenista
-Humo blanco el domingo en Anticorrupción

Entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado crece el malestar que provocan sus compañeros jueces de primera instancia, por dictar sentencias sin perspectiva de género y a veces hasta desprovistas de sentido común.
El caso más reciente es el de la jueza Sylvia Padilla, quien dejó en libertad al presunto violador de una niña, a la que luego revictimizó la juzgadora escribiéndole una carta en la que le explicaba que había liberado a su atacante y le creía lo sucedido, pero que supuestamente el ministerio público no había hecho bien su trabajo y por eso lo había exonerado.
Como si de algo le sirviera a la pequeña víctima la burocrática explicación judicial, totalmente alejada de la justicia, Padilla Chávez quiso justificarse así de una resolución que en segunda instancia fue tirada a la basura por el magistrado duartista Jorge Ramírez, cuando ya el violador, Ubaldo Rigoberto D.M, había aprovechado para fugarse.
Pero no es el único caso en que los juzgadores penales han resuelto ya no de forma controversial sino con criterios que rayan en lo absurdo, sin que el Consejo de la Judicatura del Estado se atreva a una ligera revisión de sus actuaciones.
A esa lista de jueces con sentencias lamentables, deben sumarse Ramón Gerardo Holguín Licón, Florina Isela Coronado Burciaga, Armando Arreguín Sánchez y Daniela Arali Torres Porras, cuyas resoluciones serían dignas de una comedia judicial, de no ser porque le niegan su derecho a la justicia a víctimas de crímenes atroces.
Entre los casos que han juzgado, se encuentran los de feminicidio consumado o en grado de tentativa, que finalmente ellos consideran no probados con argumentos tan huecos como el clásico “si la hubiera querido matar, lo habría hecho”.
Asimismo, hay otros delitos sexuales en los que consideran inválidas las versiones de víctimas menores de edad, que deberían tener total valor probatorio, entre otros sinsentidos que ponen en duda todos los cursos, talleres y capacitación en materia de género que han recibido durante los últimos 10 o 15 años.
Por sentencias así, que quedan a deberle a los justiciables y a la sociedad entera, esos jueces se embolsan mensualmente más de 70 mil pesos del erario, mediante el siempre cuestionable esquema de un sueldo fiscalizado bajito y una compensación alta (de 50 mil pesos) de la que no pagan impuesto alguno. Además, el grueso del trabajo lo hacen sus secretarios, igual que el de magistrados.
Todo eso por hacerse de la vista gorda, no resolver a conciencia y atenderse a una segunda instancia que debe revisar y corregir sus barbaridades. Está bien que la segunda instancia es para eso, pero hay casos en los que de plano exageran los primeros responsables de la administración de justicia.
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Ni tres días de campaña llevan para la elección de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y el proceso ya desató bastante ruido interno, no por la intromisión morenista que ven en la fórmula de Rafael López Sandoval y María Guadalupe Banderas Barrera, sino por los antecedentes penales de la hermana de la aspirante.
La maestra que acompaña a López Sandoval, nos reportan los profes, tiene la encomienda de conquistar a los trabajadores de la capital, pero su relación familiar con la exdirectora de Servicios Educativos, Martha Patricia Banderas, es lo que genera mucho recelo y desconfianza.
La exfuncionaria educativa estuvo en prisión tras su paso por la dependencia estatal y pues en el gremio magisterial los apellidos pesan bastante, de ahí las desconfianzas y la preocupación por sus aspiraciones de llegar al Comité Ejecutivo Estatal del sindicato del Cobach.
Claro, los antecedentes penales de un familiar no definen a otra persona, pero sí generan suspicacias y comentarios negativos entre los maestros que habrán de elegir quién llega al relevo de Bernardo Hernández al sindicato, en la elección del 22 de mayo.
La integración de la planilla de López y Banderas, que está identificada como la que va por la desestabilización y la contaminación política del sindicato, enfrenta, pues, ese otro cuestionamiento, además de su evidente y conocida filia morenista.
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Quien fue jurídico de Aras, René Vargas Chávez, está luciéndose en fotografías tomadas en distintos lugares del país, que divulga alegremente en la red social.
“¿Cuándo creen que les iban a hacer algo a los de Aras?”, pregunta una internauta que compartió las imágenes en las mismas redes sociales.
Aparece Vargas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador; Marco Adán Quezada, actual candidato de Morena al octavo distrito; con Fernando Tiscareño, quien fue candidato de Morena al ayuntamiento; con el expresidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y Omar Holguín, actual Senador de la República.
Aras continúa bajo proceso judicial, ya condenada para pagar 884 millones de pesos y tres millones de dólares, a miles de personas defraudadas.
Se resiste a cumplir, bajo el argumento de que el apoderado que participó en el juicio –Luis Benavidez- había sido revocado, y por lo mismo, no hubo una representación adecuada de la empresa.
Mientras las familias esperan unos pesos de retorno de los miles o millones invertidos, el ex jurídico de la empresa, aparece en estas imágenes que le mostramos con personalidades de Morena.

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Si todo camina como está previsto, el domingo próximo estará designado el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Mañana tendrán verificativo las entrevistas.
En la lista destacan el expresidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia, Alejandro de la Rocha; el exdirigente de Canirac, Oscar Alejandro Gómez, el actual secretario del Consejo Ciudadano  del Sistema Anticorrupción, Héctor Villanueva, y el exconsejero electoral, Gilberto Sánchez.
Tanto Sánchez como de la Rocha estarían impulsados por Coparmex y sus propios curriculums; Villanueva es reminiscencia de un sistema que no ha podido funcionar bien, con señalamientos de sueldos altos y otros desórdenes.
Junto con ellos van Erick Medrano, Armando Becerril, Julio Rojas, Julián Treviño, Prisciliano Durán y Eduardo Fernández Ponce, con menos posibilidades según nos dicen; se quedaron en el camino algunos impulsados por actores en diferentes niveles de gobierno, como Carlos Zubía.
Las entrevistas darán inicio muy temprano y el compromiso es que serán difundidas por el propio Comité de Selección, que el domingo, de acuerdo con el calendario publicado en la propia página web institucional, tendrían que estar definiendo a la persona seleccionada.