-Masacre de 8 también para calentar la plaza 
-Síndica en tercera y sin poder correr a home 
-Hasta bizcos hicieron en el Tribunal

Resulta escandalosa la cerrazón del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y de Rogelio Guzmán Holguín, magistrado especializado que resolvió la sentencia contra Erick David B.C, el agresor de su exnovia Mya Naomi Villalobos. 
El caso en sí pone en entredicho la eficiencia del sistema de justicia, dado que el sentenciado por violencia familiar y lesiones -la forma elegante de decirle al hecho de casi matar a Mya con 47 puñaladas- no ha pisado una prisión ni ha sido internado en un centro de readaptación para adolescentes, a pesar de que está plenamente probada su acción.
Pero si desde el principio la justicia ha estado acomodada para servirle al agresor, en esta etapa del proceso, cuando la sentencia fue revisada en una segunda instancia, la protección persiste de forma vergonzosa. 
Esto se debe a la opacidad que muestran magistrados como Guzmán y en sí todo el Poder Judicial, bajo control (es un decir porque sigue descontrolado en materia política y jurisdiccional) de la magistrada Myriam Hernández.
El magistrado resolvió a favor de la sentencia impuesta por una primera instancia, con cerca de cuatro años de internamiento para el agresor, pero además de que sigue libre en lo que llega el caso a la última instancia, decidió la justicia estatal esconder los términos de la resolución.
Con el hecho de negarse a hacer pública la decisión, el juzgador y el sistema de justicia le vuelven a fallar a Mya y a la sociedad entera, que desde el cobarde intento de asesinato de la joven ha visto en todo su esplendor esa ineficiencia, negligencia y corrupción de los tribunales estatales.
Esa cerrazón abona a la impunidad existente en Chihuahua en materia de justicia para las mujeres. Es inadmisible y escandalosa esa actitud que claramente favorece a delincuentes y desprotege a las víctimas.

***

Además del crudo mensaje para polleros y migrantes, la masacre de ocho hombres “aventados” en las cercanías de El Sauz ha revelado una muy compleja operación criminal que de fondo puede tener la perversa intención de calentar la plaza de Chihuahua, como dicen en el argot policiaco-delincuencial.
Todavía no se le ven con claridad pies ni cabeza al violento suceso con el que comenzó la semana y marcó la agenda de la Mesa de Seguridad, que el lunes encabezó la gobernadora Maru Campos, junto con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el de seguridad, Gilberto Loya y el fiscal estatal, César Jáuregui.
Ha quedado casi claro el origen de la mayor parte de las víctimas secuestradas previamente: dos de Sinaloa; uno de Veracruz, otro de Chiapas y uno más de Nuevo Casas Grandes, Edgar Gerardo Salas, de quien, ahora sabemos, desapareció desde el 24 de marzo en esa región. No tardan en salir identidades y orígenes del resto.
Los antecedentes penales de los infortunados sujetos no pasan a segundo plano en la investigación con lupa que lleva la Fiscalía General, pero tampoco alcanzan a explicar la complejidad del caso, preparado con toda cautela, desde los levantones hasta la ejecución múltiple sin un solo disparo, para luego venir a desechar los cuerpos hasta la capital.
Por lo que se ha conocido hasta el momento, algunos levantones pudieron ejecutarse en Gómez Farías, al noroeste del estado y, en el caso de la víctima oriunda de NCG, su desaparición fue cuando viajaría a Agua Prieta, Sonora, otro sitio caliente en materia de tráfico de personas, como algunas de las fronteras estatales. 
Los del sur del país, además, estarían vinculados a un grupo también dedicado a trasladar migrantes, sino es que también a asaltarlos y engañarlos en sus largas travesías hacia el norte. 
De los levantones debió seguir la tortura para sacarles toda la información de sus actividades. Días enteros de sufrimiento físico y psicológico que, de acuerdo con los estudiosos, llegan a generar en las víctimas la idea de que su propia muerte es lo mejor y la única salida.
¿Qué grupo criminal tiene la capacidad de secuestrar a ocho personas, torturarlas, esconderlas casi tres semanas, trasladarlas y tirarlas en la carretera más transitada del estado? Todo eso sin dejar rastro ni hacerse visibles ante las corporaciones federales y estatales, para mandar su terrorífico mensaje y, a la vez, alterar la agenda social de la capital, sede de los poderes legítimos y bastión de la fuerza política dominante en el estado. 
¿Con qué fin calentar la plaza que se encaminaba a su mejor mes de hace muchos años en materia de homicidios dolosos?

*** 

La que está en una verdadera encrucijada es la síndica de Chihuahua, Olivia Franco. Está como beisbolista en tercera base, queriendo correr a home, pero sin poder hacerlo.
Y es que, nos reportan, no es posible que pida licencia para irse a hacer campaña a partir de mañana, simple y sencillamente porque la suplente es Margarita Alvídrez, quien no solamente es la secretaria general del PAN Estatal, sino candidata a diputada plurinominal por el albiazul.
Así las cosas, aunque Oly Franco está que se le queman las habas por salir a la calle de tiempo completo, todo parece indicar que tendrá que aguantarse al menos un par de semanas porque no es posible que asuma su suplente.
Con esto, el caso de Sindicatura será el primero –al menos que se recuerde- en tener que hacer campaña antes de las 8:30 de la mañana y después de las 3:30 de la tarde, horario en que según la ley tiene que estar en su oficina sacando el trabajo, por lo que ella y su equipo deberán operar de manera quirúrgica para no ser blanco de demandas de sus adversarios por este tema.
Por cierto, hace unos días, Franco tuvo una comida bastante interesante por las lecturas que se le pueden dar, dado que dos extitulares de la Sindicatura acudieron a acompañarla.
Minerva Castillo y Liliana Álvarez estuvieron presentes en esa reunión donde quedó de manifiesto su respaldo a la candidatura de la panista, bajo el cobijo de la alianza del PAN, PRI y PRD.

*** 

Hasta hizo los ojos bizcos –literal- la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Roxana García, con el estruendo del pésimo sonido instalado en el salón de plenos, donde antier sesionaron casi hasta la media noche, para terminar de enmendar la plana al Instituto Estatal Electoral, que casi de simultáneo estaba reunido pero vía digital.
Los consejeros del IEE en sesión extraordinaria y urgente, lanzaron un reclamo abierto en contra de las resoluciones de Roxana, Hugo Molina y Gabriel Sepúlveda, magistrados del Tribunal Estatal Electoral, adoloridos de las últimas resoluciones, que echaron abajo la famosa tómbola, bajo el argumento de que con ella pasaron por encima de la autonomía de los partidos políticos.
Estuvo fuerte el reclamo de los consejeros del IEE, empezando por Yanko Durán, seguido de Gerardo Macías, Luis Gutiérrez y el exmagistrado Yuri Zapata; llegaron directo a la yugular, en el fondo el reclamo es que el TEE declaró la inconstitucionalidad del sorteo, pero se le olvidó sancionar a los partidos por incumplir con acciones afirmativas, e incluso regresándoles las candidaturas originales.
Dijeron los consejeros, palabras más, palabras menos, que no se garantiza que el grupo históricamente vulnerado obtenga candidatura mediante acciones afirmativas; es preocupante que se haya quedado sin consecuencia el incumplimiento por parte de los partidos ante las acciones afirmativas; abren magistrados la puerta a los partidos para que puedan incumplir sin consecuencias; en resumen, que los partidos se salieron con la suya, pese a que tuvieron mil oportunidades de solventar las irregularidades.

***

Suman varias tragedias y hechos violentos en torno al tema migrante en el estado. Nada ha hecho reaccionar a las autoridades federales, mucho menos al Instituto Nacional de Migración, que a veces sí y muchas veces no, acude a las mesas de seguridad para intentar coordinarse con otras corporaciones de seguridad.
El más reciente suceso registrado este domingo con el hallazgo de varios cadáveres en la carretera a Juárez, de acuerdo a las investigaciones, tiene que ver con el tráfico de personas migrantes entre los grupos criminales, y es inevitable preguntarse qué más están esperando para tomar medidas contundentes en materia de migración, pero nadie de la Federación da respuestas.
Y en medio de la turbulencia que han generado estos hechos, están las campañas federales y con las locales a punto de iniciar, no puede dejar de analizarse como un ingrediente político que frena a la Federación a actuar, o quizás lo hacen a propósito, para que la ciudadanía cargue la culpa a las autoridades locales. Se podría pensar que hasta intentan patear el balón para que esto sea resuelto por las próximas administraciones.