El día martes 23 de abril de 2024, justo un día después que Cruz Pérez Cuellar había solicitado licencia al cargo de presidente municipal de Ciudad Juárez, fue asegurada por la Fiscalía Anticorrupción la casa que habitaba y que según había declarado públicamente le pertenece a un ex director suyo, y por lo cual ese ex director está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
Es cierto que aunque el acto de investigación se dirigió contra quien la Fiscalía identifica como DSPM y no contra el presidente municipal con licencia de Juárez, no menos cierto es que le pega a la imagen de dicho personaje de Morena, desde ayer candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y que busca la reelección, sobre todo porque desde octubre del año pasado ha sido blanco de múltiples denuncias por corrupción tanto de morenistas (incluida una regidora de su propio partido), como panistas y la sociedad (Plan Estratégico de Juárez AC ha presentado y hecho público al menos dos denuncias contra Cruz por corrupción).
El operativo para asegurar dicho inmueble causó sorpresa tanto para la opinión pública como para todos los actores políticos y el propio habitante, hasta ese día, de dicha casa, ubicada en uno de los sectores más exclusivos de Ciudad Juárez (fraccionamiento Campestre). Nadie se esperaba una acción como esa de la Fiscalía Anticorrupción del Estado que cargaba con la presión de los denunciantes, incluyendo a los propios panistas, que exigían acción de dicho órgano investigador a cargo de un panista activo, ex diputado y exfuncionario de dicho partido, Abelardo Valenzuela, quien se quitó un poco de presión con la acción de investigación realizada.
La sorpresa no sólo fue porque ocurre justo un día antes del inicio de las campañas electorales, también porque había dudas sobre la actuación objetiva del titular de la fiscalía anticorrupción panista que en sus épocas de juventud coincidió con Cruz Pérez Cuéllar en el PAN, donde Cruz era el dirigente estatal de dicho partido y Abelardo era parte de su equipo político, al cual quiso hacer dirigente municipal; dudas que dicho fiscal ha despejado con dicha acción de investigación.
Y aunque el aseguramiento de dicho inmueble junto con otro ubicado en dicho fraccionamiento exclusivo, tiene como dueño registral al identificado como DSPM y por ello él aparece como investigado en dicha carpeta, el mensaje que se da a la sociedad es de una relación entre dicho investigado y Cruz, por la relación existente entre ellos dos cuando el actual investigado por enriquecimiento ilícito fue director municipal al inicio de la actual administración municipal, por lo que existe incluso dudas del verdadero dueño de la casa.
Por supuesto que después del aseguramiento de la casa, el alcalde morenista con licencia salió a decirse perseguido político y que esto ocurre porque no quieren que sea presidente municipal, sin embargo sí tiene sentido lo dicho por Abelardo Valenzuela en conferencia de prensa al declarar públicamente sobre el aseguramiento de dichos inmuebles, al justificar dicha acción ministerial ante el riesgo de que el dueño público (inscrito en el registro público de la propiedad) traslade la propiedad de dichos inmuebles mediante venta o donación, perdiéndose con ello la reparación del daño (en favor de la sociedad) en caso de ser encontrado responsable de enriquecimiento ilícito el investigado DSPM.
Esta acción de la fiscalía anticorrupción por supuesto que tiene consecuencias políticas y legales, las políticas son la reacción que ha tenido el actual alcalde con licencia, así como la dirigencia nacional (Mario Delgado) y estatal (Briguite Granados) del partido político Morena, quienes salieron a apoyar con declaraciones públicas a Cruz, calificando la acción como política más que legal, así como excesiva y con la intervención directa de la gobernadora Maru Campos.
Las consecuencias legales son varias, en primer lugar con dicho aseguramiento, además de que nadie puede vivir en esa casa y por la cual fue desalojada dicho día la familia de Cruz, se reúne un elemento de prueba importantísimo pues dicho inmueble será valuado y plenamente identificado (periciales), permitiendo tener elementos objetivos hacia la acreditación del lícito de enriquecimiento ilícito contra DSPM, por lo pronto.
Asimismo con esto la fiscalía anticorrupción demuestra que sí actuará contra Cruz Pérez Cuéllar en caso de que se le acrediten los delitos por los que ha sido denunciado, pues quedó demostrado que no hubo ninguna cortesía política hacia su persona, al contrario lo evidenciaron públicamente con un dejo de sospecha.
A pesar de ser una acción legal y legítima además de justificada para no perder dicho inmueble, considero que sí fue excesivo el uso de la fuerza pública para un acto de esta naturaleza, además que lamentablemente, justificada o injustificadamente, sí será usada políticamente dicha investigación en esta campaña electoral, lo que empañará las acciones que realice la fiscalía anticorrupción, que sin embargo efectivamente no puede detener su actividad por los tiempos electorales.
Por otro lado aunque se entiende que la dirigencia nacional y estatal de Morena hayan hecho una defensa de Cruz, creo que se equivocan al hablar por todo el morenismo ya que Cruz no es visto como honesto por muchos morenistas y en caso de que se le acredite algún delito de corrupción quedará exhibido el partido.